Seguridad

Especialistas advierten que prohibir la IA no es la respuesta, sino fomentar la educación tecnológica y sexoafectiva, promover una mirada crítica ante el contenido generado y crear un espacio seguro entre padres e hijos.

Fue durante un acto en La Plata en la que presentó sus candidatos. Sin embargo, los datos oficiales muestran que la tasa de homicidios bonaerense en 2024 es la segunda más baja de los últimos 25 años. Otros delitos, como robos, sí aumentaron: la tasa subió 12% en 2024 respecto del año anterior.

• Un hackeo a la app de citas Tea expuso más de 72 mil imágenes personales y documentos de usuarias registradas antes de febrero de 2024. Para proteger los datos personales al usar una app de citas, se recomienda usar fotos exclusivas, proteger información personal, no vincular redes sociales y limitar la configuración de ubicación.

La ministra Patricia Bullrich denunció “espionaje ilegal” ante la Fiscalía General. Desde la gobernación bonaerense señalan que la funcionaria nacional mantuvo la imposibilidad de que los efectivos participen en actividades políticas.

La Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos se suele referir a los inmigrantes detenidos y deportados como “lo peor de lo peor”, una narrativa que los datos contradicen. Las estadísticas muestran que 7 de cada 10 inmigrantes detenidos en Estados Unidos no tienen antecedentes y que 8 de cada 10 no tienen condenas penales.

La Argentina tiene la tasa más baja regional, según un estudio de la organización InSight Crime. Además, el Índice Global de Paz ubica al país como el más pacífico de Sudamérica.

El Gobierno disolvió la agencia creada en 2008 con el fin de prevenir accidentes viales y reducir las víctimas en siniestros de tránsito. Organismos internacionales -como el Banco Mundial y la Organización Panamericana de la Salud- destacan la importancia de un organismo rector para coordinar políticas de seguridad vial.

Desde el Gobierno niegan el hackeo a la plataforma Mi Argentina y aseguran que la información que circula en una base de datos publicada de forma irregular en foros externos “no proviene de sus sistemas”. Los especialistas explican que muchas veces suelen ser infostealers, softwares maliciosos que roban credenciales desde dispositivos infectados, y recomiendan cambiar contraseñas de cuentas y activar autenticación en dos pasos.

Las denuncias de estafas virtuales alcanzaron un récord en Argentina: más de 34 mil reportes por delitos informáticos en 2024, un aumento del 21,1% respecto a 2023, según datos de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) que depende del Ministerio Público Fiscal.

El Gobierno eliminó la ANMAC y restableció el RENAR bajo el Ministerio de Seguridad, perdiendo autarquía y centralizando funciones de control de armas. Organizaciones especializadas advierten que esto debilita la prevención, sumándose a otras medidas como reducción de edad mínima para acceder a armas y la “tenencia exprés”.

En 2024 se registraron 790 homicidios dolosos en la Provincia de Buenos Aires. De ese total, 141 ocurrieron en La Matanza. De esta manera, este municipio registró el 17,8% de los homicidios provinciales, en línea con la frase de Milei. Sin embargo, si se descuenta el factor poblacional, hay alrededor de 20 municipios con mayor tasa de homicidios que La Matanza.

Según los datos del Sistema Nacional de Información Criminal, del Ministerio de Seguridad de la Nación, en 2024 la tasa nacional de homicidios fue de 3,8, mientras que la de La Matanza fue de 5,72 homicidios por cada 100 mil habitantes. Esto no representa el doble.

Videos manipulados con inteligencia artificial muestran falsamente a figuras públicas, como Manuel Adorni y Carlos Melconian, promocionando estafas de inversión que usan la marca YPF. Las estafas redirigen a sitios web fraudulentos donde solicitan datos personales y prometen retornos de hasta 3 millones de pesos mensuales

La fuerza federal podrá detener personas sin orden judicial por un máximo de 10 horas, realizar ciberpatrullaje sin control judicial e iniciar investigaciones y recabar prueba por su cuenta antes de que intervenga la Justicia, entre otros puntos.

Organizaciones de la sociedad civil cuestionan que la reforma se haya hecho por decreto y advierten sobre el uso discrecional de estas facultades sin control judicial adecuado.