A 4 años de la ley del aborto: sin entrega de medicamentos y con un proyecto presentado para derogarla

A 4 años de la sanción de la Ley 27.610, que garantiza el derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, los datos oficiales muestran una caída del 100% en la entrega por parte del Estado nacional de la medicación necesaria para garantizar este derecho. Además, una diputada del oficialismo presentó un proyecto para derogar la ley.

Especialistas consultadas advierten que la falta de entrega de los medicamentos perjudica a los sectores más vulnerables y podría derivar en maternidades forzadas. El Gobierno aún no publicó datos oficiales sobre la cantidad de abortos realizados en el año. 

¿Cuál es el balance de 2024 sobre el acceso al aborto? Te lo contamos en esta nota. 

El Gobierno nacional no entregó ningún medicamento para realizar abortos legales

En el marco del programa Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable, que depende del Ministerio de Salud de la Nación, el Estado debe distribuir los medicamentos necesarios para la interrupción legal del embarazo, como el misoprostol y la mifepristona. 

El Centro de Datos de Chequeado realizó un análisis de la ejecución de las metas físicas (bienes y servicios) del Presupuesto Abierto que publica el Ministerio de Economía en forma trimestral.

De acuerdo con la información disponible a través de esta fuente, el programa mostró avances significativos entre 2022 y 2023, pasando de 70.293 a 106.737 tratamientos distribuidos (un incremento del 52%). Sin embargo, los registros hasta el tercer trimestre de 2024 exponen una situación crítica: la distribución de medicamentos para la interrupción voluntaria o legal del embarazo cayó a cero.

En la programación del presupuesto, el Gobierno nacional había proyectado la entrega de 100.400 tratamientos de interrupción voluntaria para los primeros 9 meses del año, pero no entregó ninguno. 

Proyecto para derogar la ley del aborto

Como se explicó en esta nota, Rocío Bonacci, diputada nacional de La Libertad Avanza, presentó en febrero de 2024 un proyecto de ley para derogar la norma sancionada en 2020 y tipificar el aborto como un delito. Frente a la polémica que generó la noticia, Bonacci dijo en X: “El proyecto es mi iniciativa, no del Ejecutivo y ha sido puesto a la consideración del cuerpo que integro”. 

Este proyecto no fue tratado por el Congreso y el vocero Manuel Adorni aseguró que no es impulsado por el presidente Javier Milei.

En la Ley Ómnibus hubo una intención de reformular expresiones en la Ley de Mil Días para “proteger al niño desde la concepción”, pero esto tampoco prosperó.

Sin embargo, el Presidente se expresó en diversas oportunidades en contra de la interrupción voluntaria del embarazo. “Para mí el aborto es un asesinato agravado por el vínculo, lo puedo demostrar desde una perspectiva matemática, filosófica, desde el liberalismo y, además, desde lo biológico”, dijo en marzo de 2024.

¿Qué dicen las especialistas?

Chequeado consultó a Silvina Ramos, socióloga e investigadora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), quien explicó en esta nota el impacto que produce la falta de medicamentos: “La falta de insumos para el aborto va a afectar el acceso a la interrupción voluntaria, entonces esos embarazos no intencionales se van a terminar transformando en maternidades forzadas y sabemos que la maternidad forzada afecta obviamente la integridad física y psíquica de las personas y también afecta su proyecto de vida y las oportunidades de desarrollo personal”.

Patricia Sotile, abogada especialista en Género del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), explicó también a este medio las consecuencias de esta situación: “Esto tiene gran impacto en poblaciones más vulnerables, generando barreras de acceso a la salud sexual y reproductiva de quienes concurren a los sistemas públicos de salud y se encuentran allí con faltantes, no sólo de insumos para garantizar el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, sino también de diversos métodos anticonceptivos”.

Como se explicó en esta nota, de acuerdo con los números publicados por el Estado nacional, la distribución de insumos y tratamientos del programa (preservativos, anticonceptivos de corta y larga duración, y medicamentos para la IVE) sufrió una caída del 64,1% si se compara el tercer trimestre de 2024 con mismo periodo de 2023. 

El informe “Insistir y persistir: el panorama del aborto en Argentina”, publicado por el CEDES y la ONG Ibis Reproductive Health, señala que durante 2024 se produjeron cambios sustanciales en la política pública de salud sexual y reproductiva. 

El informe indica que, ante la falta de distribución por parte de Nación, 14 provincias informaron haber iniciado procesos de compra de misoprostol o de tratamiento combinado (mifepristona y misoprostol) en distinto grado de avance. “La falta de planificación de este traspaso de responsabilidades y la poca flexibilidad del mercado de insumos para negociar precios han complicado aún más la situación”, agrega el informe.

¿Qué muestran los datos sobre aborto hasta el momento?

Chequeado realizó un pedido de acceso a la información pública para conocer qué cantidad de abortos legales se habían realizado en el país durante 2024. Sin embargo, aún no fue respondido. Ante la misma consulta por parte de este medio al Equipo de Comunicación del Ministerio de Salud, tampoco se obtuvo respuesta. 

Según los últimos datos disponibles, entre enero y septiembre de 2023 se registraron 69.421 interrupciones voluntarias y legales de embarazos en todo el país, de acuerdo con un pedido de acceso a la información realizado por el Centro de Datos de Chequeado al Ministerio de Salud. 

Si se suman los procedimientos registrados en los años en los que la ley estuvo vigente (es decir, 2021, 2022 y hasta octubre de 2023), da un total de 245 mil interrupciones voluntarias y legales del embarazo en el sector público.