A 5 años de la ley de aborto, el Gobierno no entregó medicamentos y crecen las denuncias por barreras de acceso

A 5 años de la sanción de la Ley 27.610, que garantiza el derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE e ILE), el gobierno de Javier Milei (La Libertad Avanza) no entregó ningún medicamento para cumplir con esa norma en lo que va de su gestión. 

En 2024 se registraron 79.186 interrupciones del embarazo en el país. En 2023 habían sido 107.505. La ONG Amnistía Internacional reportó que se triplicaron las denuncias por barreras de acceso a la IVE/ILE.

El impacto del desmantelamiento del Plan ENIA

El Gobierno no entregó ningún medicamento

Desde diciembre de 2023, el Ministerio de Salud de la Nación no entregó ningún medicamento (mifepristona y misoprostol) para la interrupción voluntaria y legal del embarazo, ni en todo 2024 ni en los primeros 9 meses de 2025 (último dato actualizado). 

En 2022 se habían entregado 70.293 medicamentos y en 2023, 106.737. La caída respecto al último año del gobierno del Frente de Todos fue del 100%.

Los datos surgen del análisis que realizó el Centro de Datos de Chequeado sobre la ejecución de las metas físicas (bienes y servicios) del Presupuesto Abierto que publica el Ministerio de Economía en forma trimestral. La caída coincide con una reducción abrupta en la entrega de preservativos y anticonceptivos por parte del Estado nacional.

En el documento oficial de metas físicas de 2024, el Ministerio justificó este problema en demoras en la licitación pública para la compra de los medicamentos. Ante esta situación, las provincias tuvieron que salir a comprar los insumos necesarios para garantizar el cumplimiento de la ley. 

Según el reporte anual 2024 del Proyecto Mirar, una iniciativa del Centro de Estudios de Estado y Sociedad junto a la ONG Ibis Reproductive Health, “en cuanto al aseguramiento de insumos, los informes dan cuenta de las dificultades impuestas por la decisión de la gestión nacional de no comprar mifepristona y misoprostol. Esta decisión unilateral enfrentó a las jurisdicciones, sobre todo, a la falta de previsibilidad en la provisión y distribución”.

Y agrega: “No obstante, casi todas las provincias indican que realizaron compras de medicamentos para el aborto para sostener los servicios acorde a las recomendaciones de protocolos y guías”.

¿Cuántas personas accedieron a la IVE en 2024?

Chequeado realizó un pedido de acceso a la información pública para conocer cuántas interrupciones legales y voluntarias de embarazo se realizaron durante 2025 en el país, pero hasta el cierre de esta nota no obtuvo respuesta. 

En 2024, según los datos obtenidos mediante un pedido de acceso a la información pública, se registraron 79.186 interrupciones voluntarias y legales del embarazo en Argentina, distribuidas de manera heterogénea entre las provincias. 

Las provincias que no habían reportado información al Estado nacional fueron Buenos Aires y San Juan. 

Ante la consulta de Chequeado, desde el Ministerio de Salud bonaerense enviaron una tabla con datos de interrupciones realizadas: fueron 42.360 en todo 2024, por lo que lidera el ranking en abortos en total. 

Santa Fe quedó en segundo puesto, con 6.327; luego Tucumán, con 4.694; la Ciudad de Buenos Aires, con 4.451; y Salta, con 4.213. 

Provincias como Formosa (144), Tierra del Fuego (279), Jujuy (309) y La Pampa (361) son las que menos abortos registraron en 2024. 

Este medio también consultó al Ministerio de Salud de San Juan, pero no obtuvo respuestas. 

Radiografía de las interrupciones legales y voluntarias

Según el reporte anual 2024 del Proyecto Mirar, entre el 84% y el 96% de estas interrupciones ocurrieron antes de las 12 semanas de gestación, y el 95% se resolvió dentro del plazo legal de 10 días desde la solicitud. El aborto con medicamentos, particularmente con misoprostol, fue el procedimiento más utilizado, mientras que la aspiración manual endouterina (AMEU) no superó el 0,5% de los casos. 

Los servicios públicos sostuvieron la atención a través de 578 efectores en todo el país, aunque con marcadas diferencias provinciales: en algunas jurisdicciones solo el 2% de sus efectores públicos brindaron IVE/ILE, mientras que en otras alcanzaron proporciones de 7 a 9 de cada 10 instituciones.

“La crítica a la agenda de salud sexual y reproductiva se materializó en el desmantelamiento de políticas concretas, como el cierre del Plan ENIA y el desabastecimiento de misoprostol y mifepristona por parte del Ministerio de Salud de la Nación. Pero no se trasladó aún a embates legislativos significativos, aunque esta situación puede cambiar de un momento a otro”, explica el documento, en referencia al la promesa de campaña de Milei de “proteger al niño desde la concepción”.

Desde fines de 2023 se dejaron de publicar los informes de gestión de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva de la cartera sanitaria.

Barreras en el acceso al aborto

Según un relevamiento de la ONG Amnistía Internacional -que dirige Mariela Belsky-, en 2025 se triplicaron las denuncias recibidas sobre barreras para acceder a la IVE/ILE.

Entre los testimonios que recibió Amnistía Internacional sobre el impacto de la falta de provisión de insumos en el ejercicio de derechos se encuentra el caso de “María”, de la provincia de Misiones, quien relató tener 4 hijos, un único salario de un empleo no registrado y estar a cargo de las tareas del hogar: “Tras enterarse de su embarazo, María decidió interrumpirlo. Acudió al hospital de su localidad, donde no recibió respuesta”. 

En agosto de 2024, el costo de la medicación era de $ 100 mil, una suma inaccesible para María y muchas otras mujeres. 

El informe de Amnistía indica que tanto la suspensión total de la compra y distribución de insumos esenciales por parte del Estado nacional como la ausencia de campañas de información oficial desde diciembre de 2023, han generado que casi el 60% de las consultas recibidas por la organización correspondan a falta de información sobre dónde y cómo acceder a un aborto.