¿Avanzó el gobierno en abrir los datos que prometió?

Los datos abiertos son parte de las políticas de gobierno abierto a las que se comprometió el actual gobierno. Estas políticas sirven para que ciudadanos interesados, periodistas, académicos y otros usuarios puedan acceder a información que luego pueden procesar para llegar a conclusiones sobre el funcionamiento de los servicios, el impacto de una política pública o el diagnóstico de determinado sector, entre muchas otras cosas (para ver más información sobre la política de datos abiertos ver esta nota).

Para que sean considerados “datos abiertos”, tienen que ser públicos (que no sea necesario pedirlos para acceder a ellos) y la información debe ser publicada de una manera específica, en formatos con los que se puedan procesar los datos (como CSV o XLS), entre otras condiciones.

El Gobierno publicó en enero de 2016 un decreto en el cual se comprometía a difundir una serie de información sobre el funcionamiento del Estado y ordenaba a cada Ministerio a entregar un plan de apertura de datos en el que definía la información que cada área abriría y el plazo en el que lo haría. Los planes de apertura fueron elaborados por casi todos los Ministerios (excepto Hacienda y Finanzas, que luego se escindió) sin que se explicitaran criterios de relevancia o posibilidad de apertura. En el caso del Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, uno de sus compromisos fue publicar datos sobre las huertas comunitarias, escolares y familiares, pero no aclaró si en el futuro se abrirán datos sobre la cantidad de personas beneficiadas por los programas sociales que maneja el Ministerio.

“Los ministerios hicieron una propuesta de los datos a publicar y sus respectivos plazos. Dicho trabajo se hizo al comienzo de la gestión, con menos información de la que ahora tenemos. Y también es importante resaltar que los planes siempre constituyeron un mínimo, una base sobre la cual trabajar sin ponernos un techo respecto a la política de apertura de datos”, señaló a Chequeado Gonzalo Iglesias, director Nacional de Datos e Información Pública del Ministerio de Modernización de la Nación.

Este medio relevó los avances en la política de datos abiertos en base a los compromisos asumidos por el propio gobierno, tanto por el decreto original como por los planes de apertura que cada Ministerio presentó. Se considera que se cumplió con el compromiso cuando los datos están publicados en un formato abierto, que permite su reutilización, como lo establece la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública, entre sus principios. El relevamiento detallado de cada Ministerio se puede ver acá y también se puede acceder al informe completo.

En términos generales, se avanzó con los compromisos del decreto, que incluían publicar datos sobre las declaraciones juradas de los funcionarios, los presupuestos, las contrataciones, los registros de audiencias con los que se puede saber con quiénes se reúnen los funcionarios en sus oficinas, aunque no siempre esta información se publica con la frecuencia prometida.

Hay otros datos, sin embargo, que estaba previsto publicar de acuerdo con el mismo decreto que aún no son públicos, como los salarios de los empleados estatales (sólo hay información a nivel de ministros) y el personal contratado, en el que sólo se incluye al personal contratado hasta 2015 y bajo ciertos regímenes legales, no a la totalidad.

En cuanto a los compromisos de cada ministerio, además de la variación de la relevancia de los temas que se comprometieron a publicar y el número (Minería prometió más de 100 datasets contra cinco de Turismo), hay también diferencias en su grado de avance. Algunos ministerios lanzaron sus propios portales de datos abiertos, otros publicaron información en el sitio centralizado, datos.gob.ar, y otros aún no publicaron nada.

Ocho organismos no publicaron aún ninguno de los datos abiertos incluídos en su plan, que fue su propio compromiso. En algunos casos, como el de Cultura o Seguridad, aunque los datos no se encuentran en formato abierto hay información disponible en informes con formatos cerrados, como PDFs. En otros casos, sin embargo, no hay información disponible, como es el caso de los datos de Desarrollo Social, que sólo publicó información sobre las delegaciones del Ministerio en el país.

En otros casos, la publicación fue parcial, como el caso del Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda, que cumplió con informar sobre los registros de audiencias o los pedidos de acceso, pero no con la información sobre migraciones o información territorial. En otros casos, como el Ministerio de Transporte, aunque publica los datos en su propio sitio, aclara que “su exactitud no se encuentra certificada por este Ministerio”, cuando en principio se trata de datos públicos y oficiales que deberían ser fidedignos y confiables para la ciudadanía.

Hay otros Ministerios que están cerca de la meta prometida, como el Ministerio de Justicia, al que sólo le falta publicar un dataset de los que prometió; el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el de Energía y Minería, que ya publicaron todos los datos. El Ministerio de Hacienda, que no presentó en su momento un Plan de Apertura publicó, sin embargo, una importante cantidad de datos.

Los planes tienen como fecha final el segundo semestre de 2017, por lo que todavía hay tiempo para que publiquen información, aunque hay plazos intermedios que ya se vencieron.

Iglesias explicó que “una vez terminados los plazos de los actuales planes de apertura se hará una evaluación para ver si constituyeron un instrumento adecuado, y en base a ello decidir si se elaboran nuevos planes, especialmente ahora que la Ley de Acceso a la Información se encuentra plenamente operativa”.

A medida que distintos actores empiecen a utilizar estas bases para distintos fines, se verá cuán completos y cercanos son a la realidad y si coinciden con otras fuentes de información. En esto entra en juego, además de la voluntad de querer publicar la mejor información posible, la capacidad del Estado de recopilar información exacta, relevante y actualizada sobre cada una de las áreas de gestión. “Hay un problema heredado, que no es sólo de los últimos 10 años, sino de una falta de lógica de producción de información, conservación y cuidado, de tratar a la información como un bien público”, señaló Eugenia Braguinsky, Directora General de Acceso a la Información Pública en Universidad de Buenos Aires.