Cancún: la cumbre climática que aquí pasó inadvertida

Un tema que pasó inadvertido en nuestro país -quizás por el agitado contexto de los últimos días- es el de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de Cancún, que finalizó el sábado, y tenía como objetivo lograr un acuerdo que actualice el Protocolo de Kyoto, firmado en 1997. El encuentro se selló con un pacto firmado por la gran mayoría de los países participantes.

El saldo de la Conferencia (link en inglés) es especialmente relevante. Para entenderlo, es necesario repasar el significado del Protocolo de Kyoto. Se trata de un acuerdo firmado en Japón, en 1997, por el cual 37 países desarrollados se comprometieran a bajar sus emisiones de gases de invernadero, en un 5% en promedio, en relación con los niveles de emisiones de 1990.

Sin embargo, los acuerdos firmados bajo ese protocolo finalizan en 2012. Era necesario, por lo tanto, generar un nuevo pacto en su reemplazo, que brindara un marco legal internacional para la lucha contra los efectos del cambio climático.

Así, los países se reunieron hace justo un año -diciembre de 2009-, en Copenhague, la capital danesa. Pero la reunión resultó poco menos que un fiasco. Se esperaba llegar a un acuerdo que asegurara la continuidad del Protocolo de Kyoto, pero todo terminó sin consenso alguno sobre cómo seguir con el proceso de reducción de emisiones.

La cumbre de Cancún, que terminó hace pocos días, fue vista como una nueva oportunidad y, esta vez, las cosas parecen haberse encaminado mejor. Entre las decisiones que se tomaron en el célebre balneario mexicano, se destacan:

• Metas de reducción de emisiones de CO2. Estas metas son declaradas por cada país. Se advierte en el acuerdo que es necesario establecer metas más ambiciosas, aunque sin más detalles. Una de las grandes críticas a este acuerdo es que los compromisos no implican una obligación legal.

• La creación de un “fondo verde” de US$ 30.000 millones, aportados por países desarrollados, para ayudar a los países más pobres a afrontar las catástrofes que provoca el cambio climático. El fondo deberá incrementarse a US$ 100.000 millones anuales a partir de 2020. El fondo quedará, en un principio, bajo tutela del Banco Mundial.

• La formación de un comité especial, que fomentará proyectos de adaptación a los cambios climáticos de los países más vulnerables.

• La aceptación del principio de recompensar económicamente a países en desarrollo por no talar sus bosques, aunque quedan detalles aún sin definir.

• La necesidad de tener una estructura que facilite la transmisión de nuevas tecnologías que ayuden a reducir las emisiones entre países.  

Estos acuerdos básicos fueron aprobados por 193 de los 194 países que participaron. Bolivia fue el único país que votó en contra del acuerdo, por considerar que las medidas son insuficientes y presentará una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, porque considera que se vulneró el reglamento de las Naciones Unidas, que prevé que este tipo de acuerdos deben ser proclamados por consenso, y no por mayoría.

Este nuevo pacto se da en un marco de incertidumbre sobre la magnitud de los efectos que podría generar el cambio climático. En rigor, se trata de moderar el impacto de los “gases de invernadero”, como el dióxido de carbono y el metano (gases que emite principalmente la industria y el transporte), que conlleva a un aumento de la temperatura global. Dicho aumento produce el derretimiento de los hielos, lo que sube el nivel de los mares y amenaza las zonas costeras. Pero, además, puede tener efectos sobre muchos fenómenos climatológicos.
América latina, a pesar de que produce sólo el 8% de las emisiones mundiales, podría verse muy afectada.

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) calcula que el cambio climático podría costar el 1% anual del PBI de la región, y resalta que “[América latina] es altamente vulnerable a eventos climáticos extremos, al aumento de la temperatura, modificaciones en los patrones de precipitación, reducción de la criósfera (superficie de la Tierra cubierta por hielo), alza del nivel de mar, sequías, inundaciones y huracanes.” Agrega la institución que, de no tomarse medidas, se prevén “pérdidas importantes en el sector agrícola, en la biodiversidad y fuertes presiones sobre la infraestructura de la región”.

Aunque todos los países concuerdan con que hay que combatir el cambio climático, no se ponen de acuerdo en cómo hacerlo. Algunos países -sobre todo los países en desarrollo-, dicen que las naciones más ricas deberían reducir las emisiones y compensar económicamente a los más pobres. Según este argumento, los países desarrollados son los principales culpables por los efectos ya visibles del cambio climático, y no es posible que hoy pretendan trabar la industrialización de los que están en vías de desarrollo.

Otros plantean que quienes deberían pagar los costos son los países que más gases de efecto invernadero producen (Estados Unidos y China son los mayores contaminadores). Finalmente, países densamente poblados, como China, creen que las cantidades de emisiones de gases de invernadero permitidad para cada país deben contabilizarse per capita; es decir, tomando como base el nivel de emisiones no por país, tamaño del territorio o cantidad de industrias, sino por habitante.

Los críticos de los acuerdos de Cancún dicen que no representan un gran avance, ya que no obligan a los países a reducir sus emisiones. Sus defensores revindican el éxito de haber logrado que casi todos los países firmaran, incluso Estados Unidos. Washington firmó en su momento los acuerdos de Kyoto. Pero el Congreso norteamericano nunca los ratificó, por lo que nunca estuvieron vigentes.

La Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático de Cancún es la número 16 de la Convención sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, el organismo encargado de coordinar las acciones de los distintos países para frenar el cambio climático. La próxima reunión será en Sudáfrica, en diciembre de 2011.