Cuáles son los hechos y delitos por los que se condenó al empresario Lázaro Báez

A casi 8 años del inicio de la causa conocida como la “Ruta del dinero K”, el empresario cercano al kirchnerismo Lázaro Báez fue condenado a 12 años de prisión por lavado de dinero. También fueron condenados sus 4 hijos, el financista Leonardo Fariña y otros involucrados. La Justicia, además, ordenó un decomiso de más de US$ 60 millones por los hechos investigados. Los fundamentos de la sentencia, dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 porteño, se conocerán en abril.

Por qué se condenó a Báez

El empresario fue condenado por el delito de lavado de activos agravado, cometido en 2 oportunidades: el hecho “A” -como lo calificó el fallo- es la expatriación y el reingreso de fondos; el hecho “B” es la compra de la estancia “El Carrizalejo”, en la provincia de Mendoza.

Su hijo Martín fue condenado a 9 años de prisión, como coautor del delito referenciado en el hecho “A” y su hijo Leandro fue condenado por el mismo hecho, pero en calidad de “partícipe necesario”, por lo que su condena fue de 5 años de prisión. Sus hijas Luciana y Melina fueron condenadas a 3 años de prisión como partícipes secundarias del proceso de expatriación y reingreso de fondos.

Otros condenados

El financista Fariña fue condenado a 5 años de prisión, como coautor de los 2 hechos de lavado mencionados y en carácter de autor de un tercer hecho, que es la compra de un departamento en la Avenida Libertador, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vale aclarar que en 2016 Fariña declaró como arrepentido en este expediente y aportó información que permitió el esclarecimiento de parte de los hechos de este juicio. Por eso, su pena se redujo de 8 a 5 años, aclararon los jueces Néstor Costabel, Adriana Palliotti y María Gabriela López Iñíguez.

El contador Daniel Pérez Gadín, por su parte, fue condenado a 8 años de prisión como coautor del delito mencionado en el hecho “A”; y el financista Federico Elaskar recibió una condena de 4 años y 6 meses de prisión.

Cómo se inició el caso

La causa se inició en abril de 2013, cuando el programa “Periodismo Para Todos” -conducido por Jorge Lanata- publicó una cámara oculta a Fariña, en la que describía las maniobras de lavado de dinero de Báez. También salieron a la luz imágenes de la financiera SGI, que pertenecía a Elaskar, en las que se podía ver a Martín Báez y a Pérez Gadín, contador de varias de las empresas ligadas a Báez, contando dinero.

La causa tramitó desde su inicio en el Juzgado Federal N° 7, a cargo de Sebastián Casanello, quien en abril de 2016 dispuso la detención preventiva de Lázaro Báez. Esta prisión que se cumplió en el penal de Ezeiza, fue prorrogada en reiteradas oportunidades y persiste hasta la actualidad, aunque desde septiembre de 2020 al empresario se le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria.

El decomiso

El Tribunal N° 4 dispuso el decomiso de casi US$ 55 millones de dólares por lo que calificó como el hecho “A” (la expatriación y reingreso de fondos); US$ 5 millones dólares por el hecho “B” (la compra de la estancia en Mendoza) y otros montos menores por diversas maniobras de lavado descubiertas en la causa. El decomiso (cuando el Estado recupera bienes que han servido para cometer un delito o ganancias producto de ese delito) no se efectuará hasta que el fallo no quede firme.

La relación de CFK con el expediente

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, formó parte de un segundo tramo de esta misma investigación, cuando los hechos que se atribuyen a los principales involucrados habían sido elevados a juicio oral. En agosto de 2018, la Sala II de la Cámara Federal porteña le ordenó a Casanello que cite a indagatoria a la entonces senadora de Unidad Ciudadana, que se presentó ante el magistrado el 18 de septiembre.

Sin embargo, en noviembre de ese año Casanello dictó la falta de mérito de Fernández de Kirchner. Esto quiere decir que el magistrado consideró que no hay pruebas suficientes para procesarla ni para sobreseerla. Ese fallo fue confirmado por la Cámara Federal en marzo de 2019.

De todas formas, la Vicepresidenta enfrenta actualmente un juicio oral en la causa relacionada y conocida como “Vialidad”, en la que se investiga la adjudicación de obras de la Dirección Nacional de Vialidad en la provincia de Santa Cruz a favor de las empresas de Báez.