Desestiman una denuncia contra Martín Soria, designado ministro de Justicia

La Justicia de Río Negro desestimó la responsabilidad del designado ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, en una denuncia por la retención de haberes de funcionarios de la Municipalidad de General Roca, cuando era intendente.

La decisión fue tomada por la fiscal Jefe de Río Negro, Teresa Giuffrida, quien consideró que “no hay elementos que permitan atribuirle un delito” a Soria, en la causa iniciada por una denuncia de Nicolás Suárez Colman, dirigente de Juntos por el Cambio.

La resolución que benefició a Soria fue firmada el 1° de febrero último, antes de que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, dijera públicamente que el actual diputado nacional por Río Negro del Frente de Todos era uno de los nombres que barajaba para asumir el Ministerio de Justicia en reemplazo de Marcela Losardo.

En la Justicia de Río Negro funciona el sistema penal acusatorio, por lo que son los fiscales quienes dirigen la investigación de una denuncia y luego determinan si corresponde que el juez impute a un acusado. Es por ello que no es correcto afirmar que Soria fue sobreseído, puesto que no había sido imputado, ya que su responsabilidad en la denuncia fue desestimada por 2 fiscales.

Por qué se denunció a Soria

La denuncia de Suárez Colman indicaba que entre 2013 y 2019, Soria -quien gobernó General Roca entre 2011 y 2019- y otros miembros de su gabinete le “habrían retenido y destinado a otros fines un porcentaje de los haberes de los funcionarios públicos con el fin de procurar para sí o para terceros un lucro indebido”. Además, se sostenía que “la suma retenida era entregada en mano al intendente”.

También fueron denunciados otros funcionarios de la gestión: la secretaria de Hacienda, Mariana Soler; la directora de Contabilidad y Finanzas, Roxana Vallogia; y los miembros del Tribunal de Cuentas Marta Pellegrini, Luciana Osacar y Juan Pablo Urquiaga.

Suárez Colman aseguró que “Soria retenía mediante un intrincado e ilegal procedimiento el 5% de los sueldos de los funcionarios”. Y explicó: “Simulaban pagar la totalidad de haberes de los funcionarios, pero ilegalmente y sin registro alguno retenían entre el 5% que la contadora retiraba de la caja fuerte y se lo entregaba en mano” al entonces intendente.

Desestimación

Según consta en la causa, la investigación quedó a cargo de la fiscal Julieta Villa, quien desestimó las acusaciones contra todos los acusados al señalar que, “si bien fue administrativamente ‘desprolija’ la manera de recaudar los fondos para solventar el proyecto político de Martín Soria, no se reúnen los elementos típicos necesarios para encuadrar los hechos investigados, en por lo menos una figura penal típica”.

Y explicó: “No se pudo probar que el destino de los fondos sea para provecho personal del ex intendente o de los funcionarios cuestionados, por el contrario, quedó evidenciado que dichos fondos eran utilizados para solventar los gastos del proyecto político y para distintas obras de bien común”.

La decisión fue apelada por Suárez Colman y la fiscal Jefe Giuffrida tomó el caso, pero el 1° de febrero último desestimó la denuncia contra Soria y los integrantes del Tribunal de Cuentas por considerar que “con la información reunida hasta ahora, no hay elementos que permitan atribuirle un delito”. No obstante, pidió profundizar la investigación para determinar si hubo delitos en el accionar de la ex secretaria de Hacienda y la ex directora de Contabilidad y Finanzas del Municipio.

Giuffrida dijo que en la investigación de la denuncia “ha quedado claro que algunos funcionarios municipales aportaron voluntariamente al proyecto político de Soria; que no hubo reclamos administrativos por la diferencia en el pago de haberes; que no era un aporte a un partido político, por lo cual no se debía cumplir con el requisito legal de transferencia o depósito bancario; y que el patrimonio de la Municipalidad de General Roca no sufrió perjuicio económico”.

No obstante, consideró que “en los recibos de sueldo de los funcionarios públicos figuraba un monto neto a cobrar superior a la suma que se depositaba en el banco en concepto sueldo” y que “el aporte voluntario que hacía cada funcionario municipal se entregaba en efectivo al intendente municipal sin que tal deducción quedara reflejada en el recibo”. Por ello pidió continuar la investigación contra las responsables del área contable, pero excluyó a Soria de la comisión de un posible delito.