En lo que va del año el Estado nacional distribuyó 7 millones menos de preservativos que en 2019

La pandemia causada por el nuevo coronavirus no sólo trajo miles de muertes vinculadas con la COVID-19, también afectó al sistema de salud y agravó muchos de los problemas sanitarios que ya existían. Al restringirse el acceso a los servicios médicos mientras el sistema está enfocado en combatir la pandemia, y por el miedo al contagio al ir a un centro de atención, muchos controles de rutina e intervenciones no urgentes fueron postergados, lo cual puede traer enormes consecuencias a largo plazo.

Un caso es el de los métodos anticonceptivos, que se volvieron más difíciles de conseguir. Los embarazos no planificados podrían aumentar considerablemente como resultado de estas limitaciones, advierten los especialistas.

La caída en el acceso: razones económicas y sanitarias

Por un lado, la crisis económica y los mayores niveles de pobreza implican que quienes antes compraban métodos anticonceptivos, ahora no pueden hacerlo. Por otro, los problemas para acceder a los centros de atención implican una menor entrega por parte del Estado de los anticonceptivos gratuitos.

La estimación, realizada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), se hizo en base a datos sobre cómo afecta el aumento de la pobreza en la compra de anticonceptivos y señala que “714 mil mujeres, que venían adquiriendo sus anticonceptivos modernos de corta duración [condones, anticonceptivos orales e inyectables] en farmacias de Argentina discontinuarán su uso durante 2020 como consecuencia del COVID-19”. A ello se suman 379 mil mujeres que venían recibiendo sus anticonceptivos modernos de corta duración en servicios públicos de salud de la Argentina y que los discontinuarán por la pandemia. En total, serían 1.093.000 de mujeres que verían interrumpidos sus tratamientos anticonceptivos.

“En base a lo que sabemos sobre cómo el aumento de la pobreza influye en una baja en la compra de anticonceptivos, y a la disminución que hubo en la entrega por parte del sector público, estimamos que más de un millón de mujeres podrían discontinuar su uso”, explicó a Chequeado Frederico Tobar, asesor Regional de Aseguramiento de Insumos de Salud Sexual y Reproductiva para América Latina y el Caribe de UNFPA y autor del estudio.

Durante la pandemia “se redujeron los lugares de distribución, porque muchos centros de salud se cerraron o se destinaron a la COVID-19, y entonces la distribución se concentró especialmente en hospitales donde es más difícil especialmente para adolescentes y jóvenes entrar y manejarse”, explicó a Chequeado Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM).

Y agregó que “el problema económico hizo que dependieran más de los métodos dados gratuitamente por el Estado”. Sin embargo, la distribución pública disminuyó.

Caída en la distribución por parte del Ministerio de Salud

Según los datos del Ministerio de Salud de Nación, quien está a cargo de la compra de anticonceptivos que luego entrega a las provincias, hubo una caída en la distribución de preservativos. Así lo muestran los datos de un pedido de acceso a la información realizado por Chequeado.

En 2019 se entregaron 10.5 millones de preservativos, mientras que los datos hasta octubre de 2020 muestran una entrega de 3 millones, una reducción del 70%. Si se considera la entrega por mes, teniendo en cuenta que aún se podrán entregar en lo que resta del año, son 880 mil en promedio por mes en 2019, frente a 340 mil en 2020, una reducción del 60%.

Silvina Ramos, asesora de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación, explicó a Chequeado que se va a llegar a fin de año con un nivel un poco menor de distribución de preservativos, y explicó que al inicio de la pandemia se hizo “una compra grande al Fondo de Población”, pero hubo problemas para su transporte hacia la Argentina.

“Hay un problema estructural en la Argentina porque los proveedores locales, que nunca dan a basto para vender las cantidades que el Estado argentino compra, y ese es un problema serio que la Argentina tiene que hay que ir resolviendo”, explicó.

En cuanto a las pastillas anticonceptivas, el método utilizado por el 81% de las mujeres en el país, hasta octubre de 2020 se entregaron 3,3 millones, frente a los 4,9 millones que se distribuyeron en 2019. Ramos explicó que esto se debe a que aún faltan entregas, pero que se prevé llegar a fin de año “con todas las entregas completas a través del Remediar, con valores similares a 2019 en materia de anticonceptivos hormonales orales”.

En los anticonceptivos de larga duración, como Dispositivos Intrauterinos (DIU) o implantes subdérmicos, que duran entre 3 y 5 años, no se observa una caída en la distribución.

La baja sí se registra en los fondos destinados al Programa de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación. “El Programa de Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación responsable muestra subejecuciones considerables”, explicó a Chequeado Julieta Izcurdia, abogada y coordinadora del Programa Justicia Fiscal de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

Y detalló que “al mes de octubre, en términos financieros, el programa muestra una subejecución alta, de más del 40%. Entendemos que probablemente estas cuestiones obedezcan a problemas en la gestión durante la pandemia, pero es un desafío importante para resolver en los próximos meses y para el próximo año donde se observa un aumento importante para este programa”.

La baja en la entrega por parte del sector público tiene varias causas: desabastecimientos de los centros públicos, falta de servicio (por ejemplo que no haya una persona para distribuir o aplicar un método anticonceptivo) y menos personas que se acercan a los servicios por temor al contagio, explicó Tobar.

“El problema detectado no fue tanto de distribución, sino de acceso”, explicó Ramos, quien señaló que ocurrió al igual que con otras consultas médicas que bajaron durante la pandemia.

“Sabemos, por ejemplo, que ha habido menos colocación de implantes, de DIUs porque la población accedía menos a los servicios. En parte por el temor de la población a ir a un servicios de salud y parte porque en varias provincias los servicios de salud fueron reconfigurados para la atención de la emergencia, y además por el confinamiento, que la gente tenía dificultad de desplazamiento, a pesar de que los servicios de salud reproductiva fueron declarados como servicios esenciales”, señaló Ramos.

Las consecuencias

La caída en el acceso no es algo particular de la Argentina. “Es algo que se observa en toda Latinoamérica, y en el país representa un retroceso de 20 años en cuanto a las necesidades básicas de atención de la salud reproductiva. Es posible que parte de esto se recupere rápidamente cuando pase la emergencia sanitaria, pero la situación actual muestra un retroceso claro”, explicó Tobar.

Las consecuencias de la falta de acceso a los anticonceptivos serán a largo plazo. “El posible aumento de nacimientos en familias con problemas económicos es una consecuencia a nueve meses y que complicará aún más la subsistencia de estas familias ya muy castigadas por la disminución de ingresos y su caída en la pobreza”, señaló Bianco.

“Es posible que esto traiga un aumento en la natalidad, especialmente en los sectores populares, con consecuencias a largo plazo sobre la desigualdad”, concluyó Tobar.