Eventos en la Ciudad: ¿qué responsabilidad tiene cada parte?

Durante la fiesta electrónica Time Warp, realizada el 15 de abril último en un predio de Costa Salguero, al menos cinco jóvenes murieron y otros tantos debieron ser internados en grave estado por complicaciones vinculadas con el consumo de drogas de diseño. A propósito, ¿qué aspectos tienen a cargo los privados, la Ciudad y las fuerzas de seguridad en este tipo de eventos?

La habilitación

Las empresas privadas que quieren organizar fiestas como la “Time Warp” deben tramitar un permiso especial ante la Agencia Gubernamental de Control (AGC) del Gobierno de la Ciudad, denominado “Permiso de Eventos Masivos”. Este es requerido para todo espectáculo o diversión pública que se lleve adelante en un predio no habilitado para tal fin y que sea capaz de producir una amplia concentración de asistentes. Dicho permiso es otorgado por la Dirección General de Habilitaciones y Permisos.

Para obtener el permiso primero se registra el proyecto: se presentan datos generales de los peticionantes, tipo de evento a realizar, fecha y horario programado, habilitación y derecho a usar el predio, proyección de las instalaciones a autorizar (con la capacidad propuesta por sector, medios de salida y servicios sanitarios afectados), informe sobre la implementación del operativo de seguridad y el de asistencia médica, con cantidad de personal afectado.

Luego, para la solicitud definitiva, se agrega documentación concreta sobre los puntos previos, como el seguro de responsabilidad civil, la empresa de asistencia médica y el servicio de seguridad, bomberos y limpieza contratado. Con respecto a este último, por ejemplo, se debe incluir una determinada cantidad de baños químicos en relación con el público concurrente.

La AGC informó en un comunicado y en sus redes sociales que en el caso de Time Warp la empresa Dell producciones SA contaba con el permiso correspondiente, ya que se habían constatado las condiciones de funcionamiento en lo referente a higiene, seguridad general, control y plan de evacuación.

La seguridad

La fuerza de seguridad pública a cargo de la función policial depende del lugar del evento. En el caso de Time Warp, se trató de la Prefectura Naval Argentina, ya que su jurisdicción incluye a las zonas portuarias, como es el caso de Costa Salguero. Entre sus funciones se incluye la de “policía de seguridad y judicial en los delitos de competencia federal”, como es el caso del narcotráfico. Precisamente, un punto de discusión es la presencia de vendedores de droga dentro del evento.

En lo que respecta a la seguridad privada, la AGC informó que Dell producciones SA contrató a Siseg SRL. El fiscal a cargo de la causa, Federico Delgado, señaló que la organización contrató además a la Prefectura, bajo la modalidad de servicio adicional. “Está de los dos lados del mostrador”, criticó, y explicó que la Prefectura “además de hacer la prevención general, que es inherente a su función como fuerza pública estatal, tenía que hacer también la prevención para el predio, específicamente para la fiesta, porque había sido alquilada por los empresarios”.

El control

Un eje de discusión es la cantidad de personas que efectivamente asistieron a la fiesta. La encargada de inspeccionar esta cuestión es la agencia de control porteña. En el caso de Time Warp, la AGC señaló que la productora encargada de la organización “respondió a un reporte solicitado a las 3 am donde informaron que hasta ese momento había 10.900 tickets de ingreso sobre un total de 13 mil que tenían autorizados”.

En cambio, según publicaron diferentes sitios periodísticos a partir de fuentes judiciales (ver acá y acá), el número ascendería a 20.500. En esta línea, el juez Sebastián Casanello, a cargo de la causa, dictó una medida cautelar por la que suspendió la realización de cualquier evento por parte de las empresas vinculadas con Time Warp, en la que menciona “la real concurrencia al evento -casi el doble de la capacidad admitida en el lugar-”.

Casanello agrega que “de acuerdo a la cantidad de concurrentes, los baños, los médicos, los socorristas, los bomberos, el agua, todo era cuanto menos la mitad de lo previsto en el plano formal de los papeles”, y plantea la “sospecha de que cuanto menos no han funcionado correctamente los controles gubernamentales –poder de policía- ni los de seguridad tanto pública como privada”.

Sobre el número, el fiscal Delgado contó que “el predio se clausuró el sábado, y el lunes o martes se hizo una inspección ocular, pero ya no había rastro de los famosos molinetes que tenían un contador, así que eso dificultó más aún la estimación”. Pese a esto, “lo que está clarísimo (…) es que había muchísima más gente de la que tenía que haber”, concluyó.

Este artículo contó con la colaboración de Catalina Roig.