¿Qué pasó en la AGN?

La vigencia en el cargo del actual presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), Leandro Despouy, enfrentó la última semana al oficialismo y a la oposición. El pedido de la UCR de la continuidad del funcionario fue aceptado ayer por el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, pero cabe preguntarse: ¿qué pasó en la AGN para que se dudara de la vigencia de Despouy al frente del cargo?

Entre los cruces que se produjeron, el senador Miguel Pichetto (FpV) había afirmado que “el mandato de Despouy está vencido desde marzo de 2010, y la UCR, que tiene que nominar al titular de ese organismo, no lo hizo, por eso el cargo quedó vacío”, mientras que el diputado Ricardo Gil Lavedra (UCR) mostró otra postura: “Despouy no necesita ser ratificado después del vencimiento del plazo, porque de acuerdo a la propia Constitución su mandato subsiste hasta que es revocado”.

De acuerdo con los especialistas consultados, ambas interpretaciones tenían argumentos válidos, y eran posibles debido a que existe un vacío legal en cuanto a la organización de la AGN.

El nombramiento del presidente del organismo de control del Poder Legislativo, que controla al Ejecutivo, se rige actualmente por el artículo 85 de la Constitución Nacional (CN), incorporado en la reforma de 1994, y establece que dicho funcionario “será designado a propuesta del partido político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso”. El mismo texto constitucional previó que el Congreso debía sancionar una ley específica que “reglamente su creación y funcionamiento”.

Luego de 18 años, el Congreso nunca se pronunció al respecto, por lo que continúa aplicándose la ley de Administración Financiera, sancionada antes de la modificación de la carta magna.

Dicha ley estipula que el presidente de la AGN, así como sus seis auditores, “durarán ocho años en su función y podrán ser reelegidos”, mientras que la Constitución no plantea plazo alguno. Esta situación, consecuencia del vacío legal, permitió dos interpretaciones de la normativa.

Por un lado, Pichetto basó la postura del oficialismo en la ley de Administración Financiera. Como Despouy asumió en 2002, su mandato se encontraba vencido desde hacía dos años, según las declaraciones del diputado (FpV) y presidente de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Parlamento, Fabián Ríos.

La Cámara de Diputados emitió entonces un comunicado solicitándole a la UCR que enviara a ambas cámaras del Congreso la notificación con su candidato para ocupar la presidencia de la AGN, como establece la ley. Esto se debió a que, a diferencia de lo que había ocurrido en 2002 cuando Ángel Rozas envió la notificación, el radicalismo no envió hasta ayer una nota al Congreso para ratificar a Despouy o proponer un nuevo postulante.

Lo que se hizo en este caso, según Renzo Lavin, abogado (UBA) y coordinador del área de Fortalecimiento Institucional de la ACIJ, fue una “interpretación armónica” de ambas normas: “El oficialismo interpretó que el mandato vencía a los ocho años y que podía revocarse solo si el partido opositor pasara al Poder Ejecutivo o perdiera la primera minoría. Como no se dieron ninguna de estas dos circunstancias, el mandato de Despouy estaba vencido y la UCR debía hacer la nominación formal”.

Desde el radicalismo, por su parte, denunciaron el hecho como un “atropello institucional”, y remarcaron que el candidato propuesto por el partido mayoritario de la oposición debía mantenerse en el cargo sin la necesidad de su ratificación.

Según Martín Böhmer, abogado y profesor de Derecho de la Universidad de San Andrés (UdeSA), “la CN no sólo prima sobre las leyes nacionales sino también sobre una ley anterior a la reforma”, por lo que, al no establecer plazos sobre el mandato del auditor general, no hacía falta el acto formal de su ratificación. “Lo que hizo el radicalismo fue tomar una norma suprema y citar en la carta de 2002 sólo la parte que le parecía constitucional, que es el artículo que establece que el partido debe enviar una notificación para que ésta sea aprobada por ambas cámaras. Y lo que sucedió hasta ahora es que todos hacían lo mismo”, explicó el especialista.

En la práctica, el oficialismo convalidó desde 2010 hasta hoy la autoridad de Despouy al frente del organismo. “Tanto las autoridades de la AGN como de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas y los dos presidentes de las cámaras, convalidaron esa situación”, recordó Lavin, citando la aprobación en 2011 y 2012 de los planes de auditoría realizados en los años anteriores.

El presidente del Comité Nacional de la UCR, Mario Barletta, envió finalmente ayer una nota para sostener la continuidad de Despouy al frente de la AGN, aunque el mismo dirigente había propuesto su reemplazo a principios de año.

“El hecho de estar dos años sin un pronunciamiento expreso podía dar lugar a que se impugnaran la validez de los dictámenes y de los informes emanados de la Auditoría”, expresó a Chequeado.com el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat. Y propuso como posible solución lo que finalmente sucedió: Julián Domínguez, presidente de la Cámara baja, aceptó la continuidad de Despouy por seis años más, ratificando que el cargo finalizará en 2018.

De esta manera, el oficialismo también reconoció tácitamente la validez de todos los informes que el presidente de la AGN firmó durante 2010 y 2011. Entre ellos, cobraron especial repercusión los referidos al accidente en la estación de Once, al proceso de contratación del control de la tarjeta SUBE, y el de las irregularidades en que incurrió la ACUMAR en relación a contrataciones irregulares para la limpieza del Riachuelo.

Sin embargo, si en 2013 cambiase la primera fuerza del Congreso, el mandato de Despouy debería finalizar para dejarle su lugar al representante que designe ese partido. El problema es que en este punto la ley y la carta magna son contradictorias. “La ley no permite que el mandato termine antes de los 8 años, mientras que la Constitución le da ese cargo al partido opositor mayoritario. En este sentido se plantea una inconstitucionalidad”, observó Lavin.

El documento “La crisis institucional de la AGN”, publicado por las ONG Directorio Legislativo, ACIJ, Poder Ciudadano y ADC, señala que la misma contradicción se advierte en el sistema de toma de decisiones dentro de la auditoría. “La ley de 1993 establece un sistema de toma de decisión por mayoría entre los 7 auditores -cita el documento-. De este modo, se diluye la autoridad de la presidencia, y en los casos -como ocurre en la actualidad- que la mayoría de los auditores participen del oficialismo, queda anulada la efectividad de la relación funcional de la Auditoría con la oposición parlamentaria que la Constitución diseñó para mejorar el sistema de control.”

Para evitar esta situación, el especialista de la ACIJ señaló que se debería encarar “una reforma legal que adapte la normativa de la AGN al mandato constitucional”, y además, “a los estándares sobre independencia y autonomía emanados de las organizaciones internacionales que nuclean a las Entidades de Fiscalización Superior.”