#Justiciapedia. Datos que el Poder Judicial debería publicar y no lo hace: desde CV’s hasta declaraciones juradas

La falta de transparencia es una de las características que distingue a la Justicia argentina. Su opacidad alcanza niveles inesperados, a tal punto que existen trabas hasta para acceder al CV de un juez. La nueva Ley de Acceso a la Información Pública, sancionada este año y que entrará en vigencia en septiembre de 2017, alcanza al Poder Judicial de la Nación como sujeto obligado a brindar información, al igual que al Ejecutivo y al Legislativo. Y no sólo exige que se entregue la información que los ciudadanos soliciten sino que también establece el principio de “transparencia activa”, que establece que se publique regularmente determinada información y en formato abierto.

Existen distintos organismos relacionados con la administración de Justicia que tienen la obligación de producir información y hacerla pública, pero en muchos casos esto no ocurre. Esto ha hecho más dificultoso el desarrollo de Justiciapedia, una plataforma de Chequeado en alianza con la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) que mapea los vínculos entre jueces, fiscales y abogados con el objetivo de transparentar estas relaciones con datos abiertos y dejar en evidencia posibles conflictos de interés.

Desde el lanzamiento de la plataforma en mayo de 2015 hasta la actualidad, algunos de los faltantes de información que se han detectado son:

–No se puede acceder a las declaraciones juradas (DDJJ) patrimoniales de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si bien el tribunal sostiene que las DDJJ se pueden obtener mediante un formulario en su sitio web, ese proceso no funciona y la Corte no las entrega ante pedidos por escrito. Los únicos jueces cuya DDJJ es pública son Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, que asumieron en junio de este año y debieron presentar su patrimonio antes de la audiencia pública ante el Senado.

–El Consejo de la Magistratura no publica online las DDJJ de los jueces de instancias inferiores a la Corte Suprema. Esto sucede pese a que su propia reglamentación obliga al Consejo a hacerlo. Sin embargo, a diferencia de la Corte, el Consejo entrega las DDJJ si se presenta un pedido por escrito, como hizo este año la ACIJ.

–No hay disponible (tampoco hay normativa que lo exija) un CV actualizado de cada uno de los magistrados de la Justicia Federal y Nacional. Sólo existe el que presentaron algunos magistrados al momento de concursar el cargo desde 2008 hasta la actualidad. Ni el Consejo de la Magistratura ni el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación tienen en su página web los CV de los jueces que concursaron antes de 2008.

-No hay disponible un CV de los magistrados nombrados con anterioridad a la puesta en funcionamiento del Consejo de la Magistratura en 1998.Esta información no está disponible ni en la web del Ministerio de Justicia ni en el Senado, las dos instancias por las que pasaba el pliego de un juez antes de la creación de los concursos de antecedentes y oposición.

–No existe un listado de empleados de cada Juzgado o Cámara. La Corte Suprema publica las resoluciones que designan personal de los tribunales, pero no hay un listado actualizado de sus integrantes.

-Las últimas estadísticas de gestión de los juzgados federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son de 2012. Esta información, que detalla la cantidad de resoluciones que emite un juzgado por cada año, y las desglosa por tipo de delito, entre otras categorías, está desactualizada en la mayoría de los juzgados. Los que cuentan con información más actualizada tienen datos de 2013.

–Ni el Senado ni el Ministerio de Justicia publican la documentación que acompaña el pliego del candidato. Se trata de los documentos que respaldan la información que figura en el CV y que ayudan a reconstruir toda la trayectoria del candidato.

–No hay información sistematizada sobre los procesos disciplinarios en contra de los jueces en el Consejo de la Magistratura. Sólo están publicadas las resoluciones que desestiman o dan curso a denuncias, pero cuando la investigación está en trámite, no es posible saber cuál es el contenido de la denuncia.