Kovadloff insinúa que en la elección presidencial está en juego el respeto de la Constitución

“Queda claro: la lucha de fondo, a partir de aquí, será a favor o en contra de la Constitución”. Así comienza el artículo “La Constitución o el delito”, que el filósofo, Santiago Kovadloff, publicó el jueves 30 de junio pasado en el diario La Nación. Argumenta que de ser reelecto el actual gobierno en octubre, la Constitución estaría en riesgo, y que el respeto de la ley y la democracia es la gran diferencia entre este gobierno y sus opositores (entre los que menciona a Ricardo Alfonsín, Elisa Carrió, Hermes Binner y Eduardo Duhalde). Para el columnista “nadie como los Kirchner ha manipulado con tamaña astucia y afán de distorsión los recursos ofertados al poder por una democracia debilitada.”

Instituciones básicas de la Constitución como la separación de poderes, un Congreso en que el oficialismo es primera minoría y una Corte Suprema generalmente reconocida como de buen nivel profesional y autonomía parecen estar en funciones. ¿Es ello suficiente para descartar la advertencia del columnista? Por otro lado una generación de argentinos podría asimilar advertencias como las que en la columna se formulan con otras de parecido tenor que durante la segunda mitad del siglo pasado funcionaron como prefacio a rupturas institucionales.

Chequeado.com considera que las preocupaciones que plantea el autor merecen una seria atención y un esfuerzo de verificación de sus bases fácticas.

Para evaluar el grado de sustentabilidad del mensaje se consultó a cinco especialistas acerca de los datos que pueden avalar o no tal definición. La selección de los mismos se basó en su idoneidad probada en los campos profesionales que la nota abarca: derecho constitucional y ciencias políticas, y en los antecedentes académicos y profesionales de cada uno de ellos. Por separado se incorporan dichos del ministro de Economía, Amado Boudou, acerca de lo que entiende por calidad institucional, que hacen al tema.  Se ha intentado que el abanico de opiniones fuera el más amplio posible y de haber carencias en ese sentido son debidas sólo a la falta de respuesta por parte de otros especialistas consultados. En los casos en que se han provisto notas completas, se ofrecen vínculos para su lectura. El debate queda abierto y de allí la calificación de “discutible” que se ha optado para calificar el mensaje de la columna analizada.

Oscar Oszlak es especialista en instituciones y rol del Estado del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), y autor de varias obras sobre historia de las instituciones en la Argentina. Menciona en primer lugar un conjunto de indicadores generalmente aceptados para considerar lo que se conoce como gobernabilidad democrática de un país. Por ejemplo, el Banco Mundial mantiene desde hace años una serie estadística que pretende medir gobernabilidad democrática, para lo cual elige seis variables: existencia de “voz” (libre expresión pública) y rendición de cuentas; grado de estabilidad política y de ausencia de violencia; grado de efectividad del gobierno; calidad de la regulación estatal; alcance del imperio de la ley; y grado de control de la corrupción. Ese tipo de indicadores da cuenta de que tal gobernabilidad se viene deteriorando desde hace muchos años. También destaca que “ciertos ‘estilos de gestión pública’, practicados por el gobierno, están bastante lejos de ajustarse a los cánones que, al menos la academia y las instituciones internacionales, coincidirían en caracterizar como gobernabilidad democrática”. Sin embargo, considera que la posición de Kovadloff, al colocar la lucha que se avecina en términos de autoritarismo o democracia, es exagerada, aunque debe ser puesta en contexto del tiempo electoral. Ver texto completo.

“No diría, como afirma Santiago Kovadloff, que el actual Gobierno representa a la administración menos respetuosa de la ley, ni creo que su continuación vaya a poner en el riesgo más extremo a la Constitución”, señala Roberto Gargarella, profesor de derecho constitucional de la Universidad Torcuato Di Tella. En su opinión no existe un riesgo para la ley fundamental, pero si una actitud preocupante: “Comparto la impresión de que el Gobierno, sistemáticamente, desafía de un modo indebido a la ley y a los fallos judiciales que, de algún modo, ponen en cuestión lo que el Gobierno hace, o no satisfacen de modo pleno sus exigencias.” Ver texto completo.

Distinta es la postura del constitucionalista Eduardo Barcesat, quien destacó: “Este modelo en curso no exhibe fisuras o falencias en lo institucional, como que hubiera degradado la división de poderes, o los mecanismos de contralor del poder político/administrador; que haya pretendido someter al Poder Judicial, o quebrantar el federalismo”. Barcesat señala como elemento destacable la política de Derechos Humanos del Gobierno, entendida como un conjunto de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Ver texto completo. 

Martín Böhmer, profesor de derecho de la Universidad de San Andrés, estima que hubo actos que atentaron contra la constitucionalidad, como la reacción al fallo que obligaba al gobierno a publicitar en la editorial Perfil (al que éste contestó con un anuncio en contra de la propia editorial); la toma de decisiones impositivas a través de resoluciones ministeriales; la reticencia a cumplir con las órdenes de la Corte en el tema jubilaciones o en el saneamiento del Riachuelo. Sin embargo, “para que la ilegalidad de estos actos sea patente y que los actores políticos limiten su actuar no basta con la lectura del texto constitucional. Todos debemos comprometernos de buena fe en la construcción de una práctica que permita generar reglas compartidas”. Esto sería resultado de prácticas sociales que “se logran en democracias maduras, y la Argentina, todavía no lo es”. Ver texto completo.

Para el director del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), Fernando Straface, “da la sensación que Kovadloff tiene como destinatario principal del artículo a la propia oposición, pidiendo que pongan la ‘causa institucional’ por encima de cualquier otro matiz que los prevenga de enfrentar juntos al gobierno”. Añade que “el país vive un período de baja intensidad institucional en algunos ámbitos, incluyendo un cierto carácter hiperpresidencialista del modo de ejercicio del poder por parte del Ejecutivo y una justicia federal con enormes desafíos de legitimidad como garante de la legalidad”. Sin embargo, no considera que “la Argentina se encuentre en una etapa de descomposición institucional, mucho menos de ausencia de la ley, o estado permanente de ilegalidad en quienes ejercen el poder.” Ver texto completo.

Los aportes completos:
Oscar Oszlak: “A propósito de la columna de Santago Kovadloff en La Nación”
Roberto Gargarella: “El Gobierno desafía de un modo indebido la ley”
Eduardo Barcesat: “Este modelo en curso no exhibe fisuras ni falencias en lo institucional”
Martín Böhmer: “La Constitución no es un texto sino una serie de prácticas sociales”
Fernando Straface: “No creo que la Argentina se encuentre en una etapa de descomposición institucional”