La ANSES reconoce que presos cobraron el IFE

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) reconoció que personas privadas de su libertad recibieron el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) mientras estaban detenidas y recibieron autorización judicial para salir de las unidades penitenciarias para cobrar el beneficio creado en el marco de la emergencia sanitaria y destinado principalmente a trabajadores informales y monotributistas de las primeras categorías. Chequeado tuvo acceso a esta información a través de un pedido de acceso a la información pública luego de consultar sin éxito a la autoridades.

El organismo liderado por Fernanda Raverta informó formalmente tener conocimiento de dos casos: uno en Vera, Santa Fe, en julio último; y otro en San Julián, Santa Cruz, el 19 de agosto último.

La ANSES también señaló a este medio que recibió oficios del Poder Judicial informando que personas habían resultado beneficiarias del IFE -es decir que habían sido aprobadas por el organismo- pero que los magistrados consideraron que “su situación procesal las tornaba incompatibles para el cobro del mismo”.

También recibió oficios en que “se solicitaba información respecto de personas privadas de libertad y si las mismas resultaban beneficiarias para el cobro del IFE a efectos de ser trasladados para su cobro”, según consta en la respuesta al pedido de acceso a la información.

Medios de comunicación han dado cuenta de otros casos de personas detenidas que solicitaron ser trasladadas para el cobro de este beneficio (ver acá y acá), pero estos no fueron confirmados por la ANSES ni pudieron ser comprobados por este medio.

En los casos en los en que la ANSES tiene constancia que personas privadas de su libertad  cobraron el IFE, el organismo informó que “se encuentra disponiendo (…) las consecuentes acciones administrativas tendiente al recupero de las sumas puestas al pago”.

Qué dice la legislación y qué cambios tuvo

El IFE fue lanzado el 24 de marzo último. Según informó el Gobierno nacional, lo dispuso “en el marco de la emergencia sanitaria” y sus principales destinatarios son “trabajadores informales y monotributistas de las primeras categorías”.

El primer pago del beneficio alcanzó a 8.839.044 personas, según informó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en la Cámara de Diputados.

Entre los requisitos se encuentra “ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años”, tener “entre 18 y 65 años” y que el titular o su grupo familiar no tenga ingresos provenientes de un trabajo en relación de dependencia, o sea monotributista de una categoría superior, o reciba una prestación de desempleo o jubilación y/o pensión o algún plan social nacional, provincial o municipal.

“El IFE es compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y el programa Progresar”, según explica el sitio de la ANSES.

Inicialmente, en el decreto de creación de este beneficio no se excluyó explícitamente a las personas privadas de su libertad. Tampoco lo hizo la resolución de la ANSES que reglamentó su implementación ni el sitio de la entidad que provee información detallada sobre el IFE. Sin embargo, en una resolución que se publicó en el Boletín Oficial el 13 de agosto último, luego de que se hicieran públicos varios casos en la prensa, esta restricción sí se manifestó.

La ANSES indicó, en respuesta a otro pedido de acceso a la información realizado por este medio, que después de la publicación de esta resolución “se suspendió la liquidación del pago a 121 personas privadas de la libertad”.

“Posteriormente, con motivo de distintas diligencias judiciales que esta administración (…) llevó a cabo, con el objetivo de actualizar los estados procesales de las causas penales en trámite relacionadas con las personas precitadas, se obtuvo como resultado que 47, de las 121 mencionadas, se encontraban en libertad; por lo que se pusieron en marcha los procesos administrativos correspondientes a los efectos de levantar las suspensiones aplicadas, indicando la reliquidación del IFE (en caso de no existir otro motivo de suspensión)”, agregó la institución.

Otras irregularidades

A través del sitio oficial de la ANSES, 2 periodistas salteños descubrieron que al menos 52 políticos de su provincia habían pedido y 19 habían cobrado el IFE. Quince días después de la publicación, esa página dejó de funcionar y así redujo el acceso a la información y la transparencia.

En la actualidad hay una causa judicial en curso en la Justicia federal contra los funcionarios salteños, a quienes se los juzga por defraudación a la administración pública e incumplimiento de deberes de funcionario público. Para ver más sobre este caso, podés leer la nota completa acá.

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Actualización 16/09/2020: Chequeado recibió una respuesta a otro pedido de acceso a la información y reflejó los nuevos datos en la nota.