Designación de fiscales: un proceso lento

Un análisis de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) señala las deficiencias en el funcionamiento del sistema de designación de fiscales. El atraso en los concursos y en la elección del Ejecutivo genera vacantes que son cubiertas por suplentes.

– Demoras en los concursos: casi un 30% de los concursos para fiscales ante juzgados de primera instancia, demoraron entre 12 y 18 meses y en un 5% de los casos llegó a durar más de dos años.

En los concursos para fiscales ante tribunales orales, por otro lado, en el 12% de los casos la demora fue superior a dos años y de entre 18 y 24 meses en el 25% de los concursos. Para las cámaras de Apelaciones y de Casación las proporciones son similares. Fueron incluidos 44 concursos en el análisis.

Los fiscales federales y los fiscales nacionales de la Capital Federal -ambos dependen del Ministerio Público Fiscal- deben pasar por un mismo proceso de selección. En caso de generarse una vacante, el procurador deberá convocar a un concurso público y quienes aspiren a alcanzar ese cargo tendrán que inscribirse.

A diferencia del caso de los jueces, para los fiscales no existe un plazo en el que tenga que realizarse el concurso.

– Los tiempos del Ejecutivo: algunas designaciones llegaron a tardar más de cuatro años.

Finalizado el concurso, el Procurador debe elevar una terna de candidatos al Poder Ejecutivo para que designe al concursante cuyo pliego será enviado al Senado para aprobar su designación. Estas dos últimas etapas del proceso tienen, en muchos casos, demoras superiores al propio concurso del MPF.

”El procedimiento ante el Senado suele ser relativamente rápido y es el último paso antes de que el Presidente pueda sancionar un decreto designando al candidato elegido de la terna como el fiscal titular. Sin embargo, la designación del candidato suele demorar bastante”, sostiene ADC.

Esto genera situaciones contradictorias entre los concursos. Por ejemplo, en enero de 2014 la Procuración elevó la terna de candidatos del Concurso 90, destinado a cubrir fiscalías ante tribunales orales de Mendoza, Posadas, Ushuaia y Comodoro Rivadavia. Seis meses más tarde, el Poder Ejecutivo ya había firmado los decretos de designación de los cuatro fiscales.

Distinto es el caso del Concurso 67, (fiscalías ante juzgados de Lomas de Zamora, Villa Mercedes, General Pico y Caleta Olivia). En octubre de 2011 la Procuración elevó la terna de candidatos y, tras más de tres años, aún no han sido designados.

– Las subrogancias: 28% de los fiscales no son titulares

La demora en los concursos y en las designaciones de fiscales genera una mayor proporción de fiscales subrogantes, es decir, fiscales suplentes que ocupan cargos que quedaron vacantes.

En la actualidad dependen de la Procuración General de la Nación 327 fiscales, de los cuales 93 son subrogantes, es decir, un 28 por ciento.

En algunas provincias del país la proporción está muy por encima del promedio. En Mendoza el 70% de los fiscales son subrogantes, en Mar del Plata representan el 57% y en Comodoro Rivadavia un 55 por ciento.

Los subrogantes, que se hacen cargo de las fiscalías de manera temporal y sin haber pasado por los concursos, “no tienen garantizada su inamovilidad en el cargo ya que su remoción queda a criterio de la Procuración General”, señala el informe.

– Qué fiscales pasan por este proceso: los que dependen del Ministerio Público Fiscal

Se trata de todas las fiscalías federales del país, encargadas de investigar los delitos federales (como los casos de narcotráfico, corrupción o trata de personas, entre muchos otros), tanto en la ciudad de Buenos Aires como en las provincias.

También incluye a las fiscalías nacionales de la Capital Federal, que se ocupan de los delitos “no federales”. Estas son equiparables a las fiscalías ordinarias, que en el resto del país dependen de los estados provinciales. Pero al tratarse de la Capital Federal, que no es del todo autónoma en la administración de la Justicia, es el sistema federal el que lo controla.