La ofensiva militar de Estados Unidos en Venezuela: qué dice la ley local, la ONU y los especialistas sobre su legalidad

En Estados Unidos distintos dirigentes del Partido Demócrata han afirmado que la operación militar del gobierno de Donald Trump (Partido Republicano) que condujo a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fue “ilegal” y violó el derecho nacional e internacional.

Diversos especialistas indicaron que la operación contraviene la Carta de las Naciones Unidas y que la Constitución estadounidense, según una interpretación originalista, exige la aprobación del Congreso para dicho uso de la fuerza en el extranjero. Sin embargo, en la práctica, varios presidentes, como Trump en este caso, han ordenado unilateralmente acciones militares sin el aval del Parlamento.

En esta nota, algunos de los argumentos legales que se han presentado.

Derecho internacional

“Es claramente ilegal según el derecho internacional”, dijo el representante Jim Himes, el demócrata de mayor rango en el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes.

En la misma línea, Adam Smith, el demócrata de mayor rango en el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, señaló en CNN que la acción militar es “evidentemente ilegal” y que la Carta de la ONU “dice que no se puede violar territorio soberano de esta manera, ni siquiera para arrestar a alguien acusado”. El artículo 2 de la carta, específicamente, establece que los miembros “se abstendrán, en sus relaciones internacionales, de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado”.

El secretario general de la ONU, António Guterres, dijo que estaba “profundamente preocupado por el hecho de que no se han respetado las normas del derecho internacional” y advirtió sobre “el precedente que esto puede sentar sobre cómo se llevan a cabo las relaciones entre los Estados”. A la ONU la integran 193 estados, incluida Venezuela, que es miembro desde 1945.

Bill Burke-White, profesor de la Facultad de Derecho Carey de la Universidad de Pensilvania y experto en derecho internacional, dijo a FactCheck.org -medio de verificación estadounidense- que “el uso de la fuerza solo se justifica en dos circunstancias: autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o un acto de legítima defensa en respuesta a un ataque armado. Ninguna de estas circunstancias aplica en este caso”.

El secretario de Estado, Marco Rubio, y otros funcionarios de la administración Trump han calificado a Maduro de líder “ilegítimo”, entre otros motivos, por las elecciones de 2024, con serias sospechas de fraude. Por lo tanto, según el argumento de la administración, puede ser procesado penalmente en Estados Unidos.

Esa es una cuestión que “los tribunales estadounidenses tendrán que considerar”, dijo Oona Hathaway, profesora de la Facultad de Derecho de Yale y directora de su Centro de Desafíos Legales Globales. El problema, dijo Hathaway, “es que simplemente decir que no es jefe de Estado no justifica el uso de la fuerza militar en Venezuela”.

Los expertos en derecho internacional Michael Schmitt, Ryan Goodman y Tess Bridgeman, por su parte, señalaron que, “a diferencia de los ataques a embarcaciones que el ejército estadounidense ha llevado a cabo hasta la fecha en aguas internacionales contra buques apátridas, esta operación, que atacó a Venezuela y secuestró a su presidente, constituye una clara violación de la prohibición del uso de la fuerza” de la Carta de las Naciones Unidas.

Defensa de la administración Trump

En una entrevista con Fox News, el embajador de los Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, desestimó las “preocupaciones” sobre la Carta de la ONU y se refirió al artículo 51 de esta carta, que establece: “Nada en esta Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un Miembro de las Naciones Unidas, hasta que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales”.

Waltz señaló: “En este caso, tenemos a un capo de la droga, un líder ilegítimo acusado en Estados Unidos, que se coordina con países como China, Rusia, Irán y grupos terroristas como Hezbolá, introduciendo drogas, matones y armas en Estados Unidos, amenazando con invadir a sus vecinos. Y, al final, ¿Estados Unidos, el presidente Trump, iba a permitir que se mantuviera ese status quo? ¡Absolutamente no!”.

Tom Dannenbaum, profesor de la Facultad de Derecho de Stanford y experto en derecho internacional relacionado con conflictos armados, señaló que “las serias objeciones legales al régimen de Maduro no eliminan la necesidad de una base legal para el uso de la fuerza militar en Venezuela. Según el derecho internacional, el uso de la fuerza en el territorio de otro Estado es presuntamente ilegal”. Y agregó: “Venezuela no ha participado en un ataque armado contra Estados Unidos ni contra ningún otro Estado en cuyo nombre Estados Unidos pudiera alegar actuar”.

El memorando de Barr

La corresponsal de seguridad nacional de CNN, Natasha Bertrand, informó que “los funcionarios de la administración Trump están señalando internamente una opinión legal de 1989 y la posterior invasión estadounidense de Panamá como precedente para justificar la operación que se llevó a cabo en Venezuela”.

Esa opinión, escrita por Bill Barr, entonces fiscal general adjunto en la Oficina de Asesoría Legal, que luego se desempeñó como fiscal general de los Estados Unidos en el primer mandato de Trump, sostiene que el presidente “tiene la autoridad constitucional inherente para desplegar al FBI para investigar y arrestar a personas por violar la ley de los Estados Unidos, incluso si esas acciones contravienen el derecho internacional consuetudinario”.

Sobre la comparación con el casa panameño, el artículo de Schmitt, Goodman y Bridgeman señala que en aquel caso “Estados Unidos afirmó actuar por invitación del legítimo jefe de Estado”, ya que “actuó después de que la Asamblea Nacional panameña declarara el estado de guerra contra Estados Unidos, y después de que fuerzas bajo el mando de Noriega mataran a un militar estadounidense desarmado; hirieran a otro; arrestaran y golpearan brutalmente a un tercer militar estadounidense; y luego interrogaran brutalmente a su esposa, amenazándola con abuso sexual”.

De todas formas, los expertos afirman que el poder de veto de Estados Unidos bloquearía cualquier posible consecuencia por parte de las Naciones Unidas.

¿Se requiere autorización del Congreso?

También se debate si la intervención militar en Venezuela requería autorización del Congreso. “Maduro es una persona horrible, pero la ilegalidad no se trata con otra ilegalidad, y eso es lo que ha sucedido aquí”, declaró el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer. “Ingresaron a Venezuela, bombardearon instalaciones civiles y militares, y es una violación de la ley hacer lo que hicieron sin la autorización del Congreso”.

Hathaway dijo que la ley constitucional estadounidense “requiere que el presidente acuda al Congreso para solicitar autorización antes de usar la fuerza contra otro país”. El Artículo I, Sección 8 de la Constitución de los Estados Unidos asigna la facultad de “Declarar la guerra” al Congreso. Por otro lado, el Artículo II, Sección 2 de la Constitución establece que el presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.

Los republicanos han argumentado que no se necesitaba autorización del Congreso. “Requería notificación al Congreso. Se ajusta plenamente al Artículo II de la Constitución de Estados Unidos”, declaró el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, quien afirmó haber hablado con el presidente y los secretarios de Estado y de Defensa “en cuestión de horas” tras el inicio de la misión.

Rubio dijo que “no podía requerir la aprobación del Congreso porque no se trataba de una invasión. No se trata de una operación militar prolongada. Fue una operación muy precisa que implicó un par de horas de acción. También fue una operación muy delicada. Requería que todas estas condiciones se dieran en el momento y lugar adecuados”. Y agregó que acudir al Congreso podría haber provocado “filtraciones” que “habrían puesto en peligro la misión y provocado la muerte de gente”.

Kermit Roosevelt, experto constitucional y profesor de la Facultad de Derecho Carey de la Universidad de Pensilvania, señaló: “La Constitución establece que el Congreso tiene la facultad de declarar la guerra, y las actas de la Convención Constitucional dejan bastante claro que quienes la redactaron no querían otorgarle a una sola persona la facultad de llevar a Estados Unidos a la guerra”.

Y agregó: “Sin embargo, los presidentes han cometido actos que se consideran de guerra según el derecho internacional sin la autorización del Congreso, como los bombardeos de Libia [bajo el entonces presidente Barack Obama], y nadie los ha detenido, por lo que nuestra práctica se ha desviado del texto y la interpretación original”.

Esta es una versión resumida de esta nota de FactCheck.org. La versión completa se puede leer en este link.