La Secretaría de Derechos Humanos recibió más de mil denuncias de violencia institucional desde el comienzo de la cuarentena

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación recibió 1.105 denuncias de casos de violencia institucional desde el 20 de marzo de 2020 hasta el 17 de febrero último, de acuerdo con datos oficiales a los que accedió Chequeado a través de un pedido de acceso a la información pública.

En su visita a Formosa en enero último, el titular de la secretaría, Horacio Pietragalla Corti, señaló que recibieron denuncias de varias provincias y que también intervinieron en esos casos. En la provincia norteña se denunciaron malas condiciones higiénicas y sanitarias de los centros de aislamiento; y avasallamiento sobre las libertades de los residentes en la provincia, entre otras acusaciones.

A partir de esas declaraciones del funcionario, este medio realizó un pedido de acceso a la información pública y recibió como respuesta un listado con las denuncias de violencia institucional recibidas por la Secretaría desde el 20 de marzo último, día en que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO).

Las jurisdicciones con más denuncias son la Provincia de Buenos Aires (735), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (68), Córdoba (41), Jujuy (32), Mendoza (31), Salta (26), Santa Fe (21), Chubut (17), Santiago del Estero (15) y Tucumán (14).

Respecto de la circunstancia y el lugar donde ocurrieron los hechos, la gran mayoría de las denuncias registran como “contexto” un establecimiento penitenciario provincial (576) -principalmente de la Provincia de Buenos Aires- o comisarías y destacamentos (130) o establecimientos penitenciarios federales (98). Por otra parte, 185 de las denuncias advierten delitos de violencia institucional en el espacio público.

En la misma línea, las fuerzas más denunciadas son los servicios penitenciarios provinciales y las policías locales.

El mayor número de denuncias es clasificado por el registro como fallas en la “atención médica”, seguido por incapacidad de “acceso a la justicia” y “contacto con el defensor”. También se registran gran cantidad de denuncias por “apremios”(121) y “hostigamientos” (51).

Por su parte, hay 58 denuncias por muertes, 7 por tortura y 2 por desaparición forzada.

Las denuncias por muertes están concentradas en la Provincia de Buenos Aires (28), Córdoba (5), Jujuy (5), Santa Fe (5) y la Ciudad de Buenos Aires (4). La mayoría en el espacio público, pero 9 casos se produjeron en establecimientos penitenciarios provinciales y 5, en comisarías. 

Las policías locales y los servicios penitenciarios provinciales acumulan la mayoría de las denuncias en esta categoría. Dentro de las fuerzas federales, hay 3 denuncias a miembros de la Policía Federal, 2 de la Gendarmería, 1 del Ejército y 1 de la Prefectura.

Los casos de tortura denunciados se registraron en Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. La mayoría en comisarías o en penitenciarías; y uno en un “establecimiento de formación/entrenamiento de las fuerzas”. 

En tanto, las denuncias de desaparición forzada registradas responden a un caso en Bahía Blanca (Provincia de Buenos Aires), en el que se denunció a la policía provincial; y otro caso en Orán (Salta), pero de este no hay más información en el registro al que tuvo acceso Chequeado.

Por último, se denunciaron 13 casos de violencia de género y 2 de violencia sexual. Entre los casos en los que hay información más detallada en el registro, se identificaron casos en comisarías, penitenciarías, establecimientos de formación de las fuerzas y en un hospital.

Ante la consulta de este medio sobre qué medidas tomó la Secretaría en cada caso, la cartera indicó que, en general, “se comunica con el denunciante y con la víctima; se realiza un acompañamiento psicosocial; se brinda asistencia jurídica que tiene que ver con la realización y seguimiento de la denuncia judicial del hecho; y se emiten las comunicaciones pertinentes a fiscalías, juzgados y/o órganos de gobierno provinciales o nacionales, según corresponda. Ello, más allá de las características propias que puede tener cada caso en particular”.

Durante los últimos meses, organizaciones de la sociedad civil advirtieron sobre casos repetidos de violencia institucional vinculados con la cuarentena.

Amnistía Internacional, por ejemplo, recopiló más de 30 casos de violencia institucional y uso excesivo de la fuerza entre los que se encuentran “el asesinato de Luis Espinoza en Tucumán, la violencia desatada contra la comunidad Qom en Chaco y la desaparición de Facundo Astudillo Castro en Buenos Aires”.

“En una emergencia sanitaria, es necesario proteger a la población. No obstante, a pesar de la excepcionalidad que impone el contexto, la actuación de las fuerzas siempre deben darse en el marco del respeto absoluto a los derechos humanos y debe estar acompañada de una debida rendición de cuentas”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

Por su parte, la Comisión Provincial por la Memoria también relevó y denunció ante el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires casos de violencia policial durante el ASPO. 

“Se trata de hechos ocurridos en barrios pobres y que las víctimas fueron en su gran mayoría niños, niñas y adolescentes o personas desocupadas o que deben circular para conseguir la comida diaria”, describió la Comisión en una nota dirigida al ministro Sergio Berni.

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