Las 5 claves sobre el conflicto y la violencia que se vivió en Jujuy

En los últimos días se registraron en la provincia de Jujuy hechos violentos protagonizados por manifestantes y escenas de represión policial, en medio de las protestas contra la reforma de la Constitución provincial impulsada por el gobernador Gerardo Morales (Unión Cívica Radical -UCR-), que finalmente fue aprobada el último fin de semana con el apoyo de la UCR y el Partido Justicialista de Jujuy. 

En esta nota te contamos qué ocurrió durante las protestas, cómo se gestó y aprobó la reforma de la Constitución provincial y qué dijeron el oficialismo, la oposición y los organismos internacionales de derechos humanos respecto de las protestas y la represión policial. 

1. ¿Qué pasó con las protestas, la represión policial y los detenidos en Jujuy?

El 15 de junio último, gremios docentes y otras organizaciones realizaron una marcha de antorchas en rechazo a la reforma constitucional impulsada por Morales y en reclamo de mejoras salariales. En el caso del gremio docente, el plan de lucha había comenzado unas semanas antes, con paros y manifestaciones.  

Tras la aprobación del nuevo texto constitucional el 15 de junio por la noche, estas organizaciones decretaron un paro general para el 16 de junio. Las protestas se extendieron durante el fin de semana largo, con cortes de ruta en varios puntos de la provincia, lo que generó enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, que dejaron como saldo personas heridas y detenidas, según informó el diario El Tribuno de la provincia de Jujuy.

Finalmente, el 20 de junio último las organizaciones convocaron a una nueva movilización a la Legislatura de Jujuy en momentos en que se juraba la reforma constitucional aprobada días antes. Durante la protesta se registraron hechos de violencia por parte de los manifestantes, lo que derivó en la represión policial. Desde el Gobierno provincial aseguraron que miembros de la fuerza de seguridad fueron atacados a pedradas y que manifestantes provocaron destrozos dentro la Legislatura. En tanto, las organizaciones que se manifestaban contra la reforma denunciaron que la policía provincial reprimió la protesta en forma desmedida.

Según informó el Gobierno provincial, los enfrentamientos dejaron un saldo de 96 heridos, 66 de ellos miembros de las fuerzas de seguridad. Uno de los manifestantes debió ser internado de gravedad con traumatismo de cráneo, pero desde el área de Prensa de la administración jujeña dijeron a Chequeado que todos los hospitalizados estaban fuera de peligro.

2. ¿Cuál fue el camino para la aprobación de la reforma de la Constitución en Jujuy y por qué generó críticas?

En septiembre de 2022, la Legislatura de Jujuy aprobó un proyecto enviado por el Gobernador, que declaró la necesidad de una reforma. En esa norma se propusieron cambios en 66 artículos, la incorporación de nuevos capítulos y la reforma o eliminación de varias secciones de la Carta Magna provincial. 

El proyecto aprobado prohibió discutir la modificación o incorporación de otros artículos que no se encontraran entre el temario establecido por la ley. El abogado y profesor de Derecho de la Universidad de La Pampa (UNLP) Gustavo Arballo señaló en un hilo de Twitter que se trata de “una reforma clásica, con un temario restringido que impide cambios no habilitados expresamente, pero que a la vez habilitaba mucho desarrollo nuevo”.

Según la Constitución provincial, una reforma de este tipo sólo puede ser realizada por una Convención Constituyente. Se trata de una institución específicamente creada con el fin de analizar los cambios (es decir, que una vez aprobada la reforma se disuelve). La Convención está integrada por la misma cantidad de personas que la Legislatura (48 diputados) y sus miembros son elegidos bajo los mismos criterios. 

En noviembre de 2022, el Gobierno provincial convocó a elecciones de convencionales constituyentes (las personas encargadas de discutir y aprobar o rechazar los cambios) para el 7 de mayo, el mismo día en el que se eligieron los cargos de gobernador, diputados provinciales e intendentes municipales. 

En las elecciones, el Frente Cambia Jujuy (cuya lista de convencionales fue encabezada por Morales) obtuvo el 49,8% de los votos y se quedó con 29 de los 48 cargos en disputa, es decir el 60%. En tanto, el Frente Justicialista sumó el 22,4% de los sufragios y el Frente de Izquierda, el 11,8%. Estas 3 fuerzas lograron tener representatividad en la Asamblea Constituyente, que fue presidida por el gobernador. 

El trabajo de la Convención Constituyente se inició el 23 de mayo con la elección de autoridades, y luego de 2 sesiones la reforma fue aprobada el 15 de junio último, en un plazo menor al máximo de 90 días establecido en la ley que declaró la necesidad de una reforma constitucional.

“Fue un proceso que no se puede describir de otra forma que no sea ‘exprés’ en términos comparativos. Incluso si tomamos como referencia lo que lleva sancionar cualquier ley”, señaló Arballo.

Antes de la votación de la reforma, renunciaron los 6 representantes del Frente de Izquierda y 2 del Frente Justicialista en rechazo a los cambios que se debatían. El resto de los constituyentes del peronismo (11 constituyentes) acompañó a  la UCR en la aprobación de los cambios.

Finalmente, la Constitución reformada fue jurada el 20 de junio último y quedó oficializada al día siguiente con su publicación en el Boletín Oficial.

3. ¿Qué cambios de la reforma constitucional generaron reclamos?

Uno de los puntos de la propuesta de reforma constitucional más cuestionados por los manifestantes fue la incorporación de un capítulo que limita la protesta social. Al interior de este artículo, se establece la “prohibición de cortes de calles y cortes de rutas, así como toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de las personas y la ocupación indebida de edificios públicos en la provincia de Jujuy”. Este artículo fue aprobado sin modificaciones.

Tras las protestas del fin de semana, Morales anunció la marcha atrás en la modificación de 2 artículos, que el 20 de junio fueron restituidos a su versión original. 

El artículo 36 de la nueva Constitución permitía acelerar los procesos de desalojos en caso de tomas de tierras, que según los grupos que se opusieron a la reforma apuntaba a afectar los derechos de las comunidades indígenas. Además, eliminaba un párrafo de la antigua Constitución que establece que el derecho a la propiedad privada “no podrá ser efectuado en oposición a la función social o en detrimento de la salud, seguridad, libertad o dignidad humanas”.

También se eliminaron los cambios al artículo 50, que reconoce “la preexistencia étnica y cultural de las comunidades originarias y pueblos indígenas de Jujuy y garantiza el respeto a su identidad, espiritualidad, herencia cultural, conocimientos ancestrales y el derecho a una educación bilingüe e intercultural”. 

La versión anterior (restituida durante el fin de semana) sólo indicaba que “la Provincia deberá proteger a los aborígenes por medio de una legislación adecuada que conduzca a su integración y progreso económico y social”.

La diputada nacional del Frente de Izquierda Natalia Morales interpretó este cambio como un “castigo” para las comunidades originarias, y señaló que la reforma mantuvo otros artículos que “avasallan la consulta” a estos grupos para los casos en los que se evalúe la realización de actividades productivas (como la del litio) en sus territorios. 

Los opositores a la reforma también cuestionaron la incorporación del artículo 75 sobre la regulación del uso del agua, al sostener que privilegia a las actividades productivas sobre el consumo de la población. 

4. ¿Qué dijeron los organismos internacionales sobre los enfrentamientos ocurridos en Jujuy?

A raíz de los episodios que se produjeron en Jujuy, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aseguró que “observa con preocupación las acciones que se llevan a cabo para disolver a las protestas en la provincia de Jujuy”, y pidió al Gobierno provincial “respetar el derecho a la libertad de expresión y los estándares interamericanos del uso de la fuerza”.

En tanto, la Oficina de América del Sur del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) sostuvo que recibió denuncias “de uso indebido de la fuerza por parte de agentes policiales, antecedentes sobre detenciones y judicialización de manifestantes, de líderes indígenas, de una legisladora provincial y de periodistas, así como sobre obstrucción de la labor de personas defensoras de derechos humanos”. También alertó que “particulares han desarrollado acciones violentas e irrumpieron en instalaciones de la Legislatura provincial”.

Por su parte, Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de la organización Human Right Watch, señaló: “Seguimos con preocupación las protestas en Jujuy. Llamamos a promover el diálogo y evitar el uso excesivo de la fuerza y la violencia. La reforma constitucional incluye limitaciones excesivas a la protesta, que contradicen estándares internacionales de derechos humanos”.

5. ¿Cuáles fueron los cruces políticos y las desinformaciones?

Tras los incidentes, el gobernador Morales responsabilizó al presidente de la Nación, Alberto Fernández, y a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por “la extrema violencia que se está viviendo en la provincia”.

Como respuesta, Fernández de Kirchner le pidió a Morales que “pare con la locura represiva que su propio accionar ha desatado”, mientras que el Presidente aseguró que el Gobernador jujeño “es el único responsable de haber llevado a nuestra querida provincia de Jujuy a esta situación límite”.

Además, el Primer mandatario anunció que le pidió Ministerio de Justicia de la Nación que “analice y eventualmente promueva las acciones de inconstitucionalidad de los artículos de la reforma votada en Jujuy que violan la Constitución Nacional y los tratados internacionales”.

En el contexto de los hechos de violencia, también circularon desinformaciones. Diversos usuarios señalaron que tanto el gobernador Morales (UCR) como la diputada nacional del Frente de Todos de Jujuy Carolina Moisés utilizaron imágenes sacadas de contexto para ilustrar el conflicto, lo cual es verdadero en ambos casos.