Los patrimonios del gabinete: Lammens, De Pedro y Ferraresi son los 3 funcionarios que más bienes declararon

En los últimos días se dieron a conocer las declaraciones juradas de los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional. Los datos oficiales, disponibles en la web de la Oficina Anticorrupción (OA), muestran que el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens; el ministro del Interior, Eduardo De Pedro, y el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, son los funcionarios del gabinete que más patrimonio declararon.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, está entre los que menos bienes declararon y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, se ubica en la mitad del ranking elaborado por Chequeado, ya que donó gran parte de su patrimonio a sus hijos.

Los patrimonios de la fórmula presidencial

El Presidente reportó en 2020 bienes por $ 5,4 millones, un 25% más que en 2019. Esto equivale a US$ 52 mil, de acuerdo con la cotización oficial del dólar, y a US$ 29 mil, según los valores del mercado informal.

Vale aclarar, sin embargo, que las declaraciones juradas, en la mayoría de los casos, no representan con exactitud el patrimonio de los funcionarios, ya que los inmuebles se declaran de acuerdo a su valor fiscal y no a su valor real o de mercado, porque la Ley 26.857 equipara la información que debe presentarse ante la Oficina Anticorrupción con la que se presenta ante la AFIP. El valor fiscal de las propiedades, que es el que le asigna el Estado para el cobro de impuestos, es significativamente menor al valor de mercado.

Fernández declaró una casa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un auto Toyota Corolla adquirido a fines de 2019, ahorros en pesos por $ 13 mil y acciones en la sociedad Inmueble Callao SA, la sociedad a través de la cual compró la propiedad en la que funcionaba el estudio jurídico que compartía con Marcela Losardo, ex ministra de Justicia de su gobierno.

Fernández de Kirchner declaró bienes por $ 16,4 millones (US$ 158 mil dólares a valor oficial o US$ 89 mil en el mercado informal), un 68% más que en el año anterior. Buena parte de ese patrimonio figura como “derechos reales”, que corresponden a parte de la herencia que recibió del ex presidente Néstor Kirchner. Según aclaró en el reciente documento, el aumento registrado en estos 2 ítems obedece “mayoritariamente a la variación en los importes de valuación de los 2 inmuebles que se tiene en usufructo”, aunque no brindó más detalles sobre los mismos (ejemplo, domicilio y extensión en metros cuadrados). Por otro lado, declaró ahorros en pesos por $ 3,6 millones.

La ex Presidenta había declarado que a fines de 2015 tenía un patrimonio de $ 72,1 millones y en marzo de 2016 donó gran parte de su patrimonio a sus 2 hijos, Máximo y Florencia Kirchner.

Los funcionarios con más patrimonio

Lammens declaró un patrimonio de $ 54,6 millones, equivalente a unos US$ 526 mil a valor oficial o US$ 297 mil a dólar paralelo. Es dueño de un departamento y una cochera en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, declaró acciones en las empresas Nuke Mapu SRL (una distribuidora de vinos) y Payac SRL (también vinculada a la comercialización de bebidas) y ahorros en pesos por $ 1,7 millones. Además, tiene un crédito a su favor por $ 15,1 millones con el club San Lorenzo, del que fue presidente durante 7 años.

De Pedro, ministro del Interior, es el segundo funcionario con mayor patrimonio, según los registros de la OA. Declaró bienes por casi $ 47 millones en 2020 (US$ 451 mil a valor oficial y US$ 254 mil al informal). Incluye una casa y un departamento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un local y un campo en Mercedes, ciudad de la que es oriundo, y un Volkswagen Golf adquirido en 2015. Además, declaró acciones en Ustare SA y Dos Luceros SA, 2 sociedades relacionadas al agro, y ahorros en pesos por $ 1,5 millones y en dólares por $ 1,1 millones (US$ 14.162).

El tercer lugar lo ocupa un ministro que lleva menos de un año en el cargo. Es Ferraresi, ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, que declaró $ 41,6 millones (US$ 400 mil al tipo de cambio oficial y US$ 226 mil al paralelo). Reportó una casa y un lote en Avellaneda (municipio del que es intendente en uso de licencia) y 4 campos en Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba. Además, declaró acciones en 2 constructoras: Prociv SA y Saek SRL. Esta última, según explicó, no registra actividad comercial y por eso se decidió su “disolución societaria”. Por otro lado, declaró $ 14 millones en títulos públicos y $ 1 millón en títulos del sector privado. También, ahorros en pesos por $ 710 mil y en dólares por 5,5 millones (US$ 66 mil).

En el ranking le siguen el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, con un patrimonio de $ 38,3 millones; el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, que declaró $ 32,3 millones; y el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, con $ 26,8 millones de patrimonio.

En la otra punta del ranking, la funcionaria que menos bienes declaró es Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad. Reportó bienes por $ 3,9 millones. Le siguen Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo, con un patrimonio de $ 4,6 millones, y el flamante canciller, Santiago Cafiero, con bienes por $ 5,1 millones. En la lista, a Cafiero le sigue el Presidente.

Los bienes en el exterior

Cuatro funcionarios declaran bienes en el extranjero. El ministro de Economía, Martín Guzmán, que vivía en Nueva York hasta su asunción, declaró 2 cuentas bancarias en los Estados Unidos con US$ 34 mil dólares en total.

Gustavo Béliz también trabajó en el exterior hasta poco antes de asumir como secretario de Asuntos Estratégicos. Al igual que Guzmán, reportó 2 cuentas bancarias en los Estados Unidos, pero con sólo US$ 265 dólares.

El ministro de Ambiente, Juan Cabandié, declaró un lote de 510 metros cuadrados en el departamento de Rocha, Uruguay, adquirido en 2010.

Por último, Juan Zabaleta, ministro de Desarrollo Social, declaró una caja de ahorro en el exterior con el equivalente a $ 37 mil, pero no aclaró en qué moneda ni en qué país.

Las declaraciones juradas del jefe de Gabinete, Juan Manzur, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, y el ministro de Defensa, Jorge Taiana, aún no están disponibles por tratarse de funcionarios que recién entran en la órbita del Ejecutivo nacional. Por otra parte, la de Juan Ross, secretario de Comunicación y Prensa, aún no se encuentra publicada.

Aspectos positivos y negativos de las declaraciones juradas

Como se mencionó, estos registros sólo contabilizan las propiedades a valores fiscales, lo que genera una distorsión a la hora de hablar del patrimonio total de un funcionario. Un ejemplo: ministros que declararon 4 inmuebles presentan patrimonios que no superan los US$ 150 mil a valor oficial.

La ley que regula las declaraciones juradas fue reformada por el Congreso nacional en 2013. Esta modificación, enviada al Parlamento por el gobierno de Fernández de Kirchner, tuvo algunos aspectos positivos: amplió el número de sujetos obligados, como los candidatos a ejercer cargos públicos, y determinó que las declaraciones se publicaran en la página web de la Oficina Anticorrupción y sean de libre acceso.

Sin embargo, también tuvo aspectos negativos. La ley estableció que la declaración jurada debía tener un anexo secreto con la información sensible. “Si interpretáramos textualmente la letra de la ley, sólo debería resguardarse en el anexo reservado aquella información considerada sensible, como los números de cuentas bancarias, los domicilios de bienes inmuebles y las patentes de automóviles, por citar algunos ejemplos. Sin embargo, al haber sido establecido en la reglamentación que los anexos públicos serían iguales a los formularios de la AFIP, y éstos no contienen información patrimonial de los familiares del declarante, la información referida a los cónyuges e hijos del sujeto obligado pasaron a integrar el anexo reservado”, señaló un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

Lo mismo ocurrió con la información que da detalle de los empleos anteriores del funcionario, “la cual es muy útil para mantener el control sobre posibles conflictos de interés”, señaló ACIJ. Y concluyó: “La posibilidad de controlar las variaciones del patrimonio de los familiares del sujeto obligado es muy útil para detectar eventuales casos de enriquecimiento injustificado y, asociado a ello, casos de corrupción”.

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