Narcotráfico en Rosario: datos para entender la violencia que se vive

Una balacera en un supermercado de la familia Messi, con una amenaza incluida, llevó la problemática criminal de Rosario a una escala que traspasó las fronteras de nuestro país. En los últimos días se sumó un nuevo hecho: el asesinato de un niño de 11 años en el barrio de Empalme Graneros, y la posterior reacción de su familia.

A este panorama hay que agregar el impacto institucional: en las últimas semanas asumió el cuarto ministro de Seguridad de la actual gestión provincial, que encabeza Omar Perotti (Partido Justicialista); la Corte Suprema de Justicia de la Nación reclamó protección policial para los jueces federales de Rosario; y los gobiernos de la Nación y de esa provincia se enfrentaron por las responsabilidades de cada jurisdicción en la crisis actual. En este contexto, esta semana el Poder Ejecutivo Nacional anunció el envío de 1.400 gendarmes. 

¿Qué se sabe sobre el avance del delito y el narcotráfico en Rosario? ¿Qué muestran los datos sobre homicidios? ¿En qué situación se encuentra la Justicia federal de esa ciudad? En esta nota, te contamos algunos datos para entender la problemática.

 

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El narcotráfico y el crecimiento de los homicidios dolosos

Los homicidios dolosos (los cometidos con intención de matar a alguien) en el departamento de Rosario vienen en alza desde hace varios años: 2022 finalizó con el número más alto desde el comienzo de la serie estadística, en 2014, según datos oficiales de la provincia, producidos en conjunto por el Ministerio de Seguridad provincial y el Ministerio Público de la Acusación. Fueron en total 287 homicidios, un 12% más que el pico anterior, registrado en 2014, con 254 homicidios.

En consecuencia, también de acuerdo con el “Informe Anual sobre Homicidios en Provincia de Santa Fe” de 2022, la tasa de homicidios dolosos es la más alta de la serie 2014-2022. Fue de 22,1 homicidios por cada 100 mil habitantes, casi un 70% más alta que en 2019, cuando comenzó a crecer la cifra. Para poner en contexto, la tasa provincial fue del 11,1, muy similar a la de la capital santafesina. Es decir que el departamento de Rosario duplica la tasa provincial.

No sólo eso: todavía no hay datos oficiales para 2022 a nivel nacional, pero la Argentina en 2021 registró una tasa de homicidios dolosos de 4,6 cada 100 mil habitantes. Y en Avellaneda, San Martín, José C. Paz y Moreno, los municipios del Conurbano bonaerense más afectados, la tasa no llega a 9.

¿Qué características tienen estos homicidios?

Según los reportes oficiales, en Rosario casi un 90% de los homicidios de 2022 fueron con armas de fuego. En Santa Fe capital esa proporción fue del 70%. Un dato llamativo del último reporte es el género de las víctimas. En todos los informes anteriores las mujeres representan alrededor de un 10% del total de víctimas. En 2022 pasaron a ser el 22,3%.

Por otra parte, el 52,2% de las víctimas tienen entre 15 y 29 años. También se informa que el 75% de los homicidios tuvieron lugar en la vía pública y casi un 21% en domicilios particulares.

El informe, además, tiene un apartado con datos más profundos sobre los homicidios, y que dan cuenta de parte del problema que atraviesa Rosario. Según el documento oficial, cuando se analiza el contexto del homicidio, un 72% se inscriben en “tramas asociadas a organizaciones criminales y/o economías ilegales”. En Santa Fe capital este tipo de homicidios sólo representan el 34,8%.

“Además, para el departamento Rosario, en 3 de cada 4 casos se visualizó que la agresión que dio lugar a la muerte no fue espontánea, sino que tuvo un componente aunque sea mínimo de planificación”, detalla la fuente oficial. Por último, el informe destaca que en la mitad de los casos existió “un mandato o pacto previo”, categoría que incluye “a todas aquellas muertes ejecutadas por una persona diferente a la directamente interesada en el homicidio”.

Las transferencias de la Nación a la provincia

La provincia reclama falta de fondos nacionales para enfrentar el fenómeno del narcotráfico y la seguridad. La Fundación Apertura -una organización civil sin fines de lucro con sede en Rosario- analizó la ejecución presupuestaria del Ministerio de Seguridad de la Nación en 2022.

“En el ejercicio 2022, vemos que de nuevo la provincia de Santa Fe es la que menos fondos recibe del Ministerio de Seguridad de la Nación en la distribución per cápita. Santa Fe solo recibió $2.224 por habitante por año. El promedio de todas las provincias fue de $8.613 por habitante por año”, sostiene el documento. Y concluye: “Es decir que Santa Fe recibió menos del 26% del promedio nacional”.

Este indicador se calcula a partir de revisar las partidas que Seguridad envió a cada jurisdicción en 2022, pero quedan excluidas las partidas binacionales, interprovinciales y nacionales.

¿Qué anunció el Presidente?

En un video grabado y publicado en sus redes sociales, Alberto Fernández anunció el “refuerzo de las fuerzas federales hasta alcanzar en esta etapa los 1.400 efectivos disponibles para la ciudad de Rosario”. Hace pocos días, en su discurso ante la Asamblea Legislativa, había destacado que en 2022 “se reforzó la presencia de Gendarmería Nacional en Rosario con 1.000 efectivos”.

En el video subido a sus redes, además, ordenó que “el Ejército argentino, a través de su compañía de ingenieros, participe en la urbanización de barrios populares”; anunció la instalación de 600 cámaras de vigilancia con reconocimiento facial; mayor control carcelario a reclusos condenados; y otras medidas vinculadas a organismos nacionales como el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y la Unidad de Información Financiera (UIF).

“Si bien los homicidios a nivel nacional vienen en descenso (en concordancia con el resto de la región, y sin que esa baja se pueda atribuir a una política específica), en ciertos sectores la tendencia es inversa. El caso más relevante es Rosario, que en 2022 tuvo la cifra más alta desde que se guardan registros. Este dato es muy importante, puesto que la mayor parte de estos homicidios están vinculados con delitos de jurisdicción federal, cuya prevención incumbe en gran parte a las fuerzas y policías federales, que dependen del Ministerio de Seguridad de la Nación”, explicó a Chequeado Tobías Schleider, investigador del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED) y consultor internacional en seguridad ciudadana.

La situación de la Justicia federal en Rosario

Los delitos previstos en la llamada “ley de estupefacientes” corresponden al ámbito federal, con excepción de algunas jurisdicciones que han “desfederalizado” algunos tipos penales (no es el caso de Santa Fe). Por eso, es la Justicia federal la que tiene a cargo el enjuiciamiento de las bandas criminales que operan en Rosario.

En su discurso en el Congreso, Fernández recordó su proyecto de reforma judicial: “Si aquella reforma de la Justicia Federal hubiera prosperado y si la Corte Suprema no hubiera tomado por asalto al Consejo de la Magistratura, hoy Santa Fe no estaría padeciendo la carencia de tribunales, que impiden enjuiciar con rapidez al crimen organizado, que se ha expandido en su territorio”. Y agregó: “¿Quiénes son los responsables de que el Consejo de la Magistratura no funcione, hace un año?”.

Pese a esto, en este momento no hay ningún concurso en trámite ante el Consejo de la Magistratura para cargos en la Justicia federal de Rosario. Pero sí hay cargos vacantes. Es que los concursos ya finalizaron y la pelota está ahora en manos del Ejecutivo y el Senado.

Al observar la situación en detalle, la Sala A de la Cámara Federal de Rosario tiene una vacante. En noviembre de 2018, la gestión de Cambiemos mandó al Senado el pliego de Marcelo del Teglia. En febrero de 2020, con el Frente de Todos en la Casa Rosada, el Ejecutivo retiró el pliego y en agosto de ese año envió el de Daniel Alonso, juez federal de Paraná. Todavía espera el acuerdo del Senado. El cargo está vacante desde hace 7 años.  

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Rosario, que debería tener 3 jueces titulares, no tiene ninguno. Se llamó a concurso en 2018, el Consejo remitió las ternas en diciembre de 2020. En junio de 2022, el Ejecutivo mandó al Senado los pliegos de 2 de ellos, que aún no recibieron el acuerdo de la Cámara alta. El Gobierno todavía debe enviar el tercero restante. 

También se encuentran vacantes la fiscalía ante la Cámara Federal, una de las que actúan ante los tribunales orales, y 2 de las 3 fiscalías de primera instancia.