La ANDIS en la mira por presuntas coimas: historias de personas con discapacidad que perdieron su pensión en una cuestionada auditoría

A pesar de que Ezequiel Bravo vive en Pirovano, un pueblo de 1.400 habitantes en la provincia de Buenos Aires, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) no logró encontrar su casa para avisarle que debía presentarse para justificar la pensión por discapacidad que tiene desde 2009. Ezequiel tiene un retraso madurativo con rasgos de autismo. 

A Víctor Ruiz, que vive en Salta capital y está en silla de ruedas desde que nació, tampoco le llegó ni un mail ni la carta de aviso. 

Ambos se enteraron que les habían dado de baja su pensión cuando llegó la fecha de cobro y la plata -que usan para comprar comida, medicamentos, pañales y contratar traslados- no estaba. 

El 19 de julio de 2024, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció un relevamiento de las pensiones por discapacidad. En conferencia de prensa mostró una radiografía de un perro que habría sido utilizada en Corrientes para acceder a la prestación. 

Desde ese momento hasta hoy, el Gobierno nacional suspendió 65.789 pensiones que “no cumplieron con los requisitos establecidos”, según el último comunicado de la ANDIS del 18 de julio.

Según organizaciones especializadas en la materia, no todos los casos de suspensión fueron como el que mostró el vocero. Chequeado habló con personas que perdieron su pensión, para saber cómo se enteraron y cuál es su situación actual. 

El conflicto se da en medio de la denuncia de un presunto esquema de corrupción que involucra a la ANDIS tras la difusión de audios atribuidos a su ex titular, Diego Spagnuolo, y tras el rechazo del Senado al veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Las pensiones por invalidez laboral y los criterios del gobierno de Milei

Las pensiones por discapacidad o por “invalidez laboral” son prestaciones no contributivas administradas por la ANDIS. Se otorgan a personas que se encuentran imposibilitadas de trabajar y en situación de vulnerabilidad social. 

El otorgamiento de estas pensiones viene creciendo de manera ininterrumpida desde 2018. Según datos oficiales, ese año el 18,4% de las personas con Certificado Único de Discapacidad percibía una pensión no contributiva. En 2019 y 2020, la cifra trepó al 33,7%. Al año siguiente subió a 35,8%, y en 2022 -durante el gobierno de Alberto Fernández- llegó a 41,4%.

Entre enero de 2024 y abril de 2025, ya en la gestión de Javier Milei, se otorgaron en total 6.853 de este tipo de pensiones.

En septiembre de 2024, el Gobierno publicó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 843/24, que impuso criterios que fueron cuestionados por la justicia argentina y por el Comité de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas en sus evaluaciones de 2012 y 2023. 

Desde ese momento, para acceder a estas pensiones se debe acreditar un 66% de disminución de la capacidad laboral y cumplir con otros requisitos restrictivos.. 

La auditoría en la ANDIS fue cuestionada

Paralelamente, la ANDIS inició un proceso de auditoría a más de 1 millón de beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez laboral, para evaluar si cumplían o no con los requisitos para continuar recibiendo esta prestación.

El proceso se desarrolló en 4 etapas: 

• Primero, el envío de cartas documento con turnos médicos asignados;
• Segundo, la realización de entrevistas y controles por profesionales del PAMI;
• Tercero, el análisis de la documentación por parte de la ANDIS;
• Y, finalmente, la emisión de dictámenes que determinarán la continuidad o suspensión de los beneficios.

Hasta el 4 de junio último, en respuesta a un pedido de acceso a la información pública realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Agencia Nacional de Discapacidad informó que había 385.993 cartas no entregadas de un total de 834.167, lo que representa un 46,27%. 

Según un documento de respuesta de organizaciones de la sociedad civil al Comité de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, las notificaciones se realizaron únicamente por carta documento, formato inaccesible para muchas personas, y se registraron numerosos casos de citaciones a lugares inexistentes o instituciones que no realizaban controles.

Victor Ruiz: salteño, de 26 años, en silla de ruedas, nunca le llegó la notificación

Victor Ruiz tiene 26 años, vive en Salta y dejó de recibir la pensión por discapacidad que tenía desde los 10. “Ahora mismo me encuentro sin ningún sostén económico, me quitaron la pensión con la excusa de que no me presenté a la auditoría, a la cual nunca fui notificado teniendo todos los papeles que verifican mi discapacidad”, explicó a Chequeado.

El correo que le tenía que mandar la ANDIS nunca le llegó. Por eso nunca supo que se tenía que presentar, ni dónde ni cuándo. Se enteró cuando fue al cajero, como todos los meses, y vio que no tenía el dinero depositado. Entonces llamó a la ANSES, donde le dijeron que la suspensión fue porque no se había presentado a la auditoría. 

“Me dieron lugar para presentar toda la documentación aquí en Salta, lo cual ya hice pero no me dan respuesta de cuándo me estarían volviendo a dar el beneficio. Ahí todos me dicen de aquí a 2 a 3 meses recién”, explicó. 

Usaba la pensión para medicamentos, traslados y consultas médicas, además de para los entrenamientos. “Y siempre algo para emergencias”, agregó. 

Su madre tiene Parkinson y también está en silla de ruedas. Su padre es jubilado, y recibe la jubilación mínima. “La verdad que sí me trae problemas, ya que tener ese sustento económico por cualquier problema o traslado me ayudaba un montón para apoyar económicamente en mi casa, tanto con comida como con otros gastos”, dijo. 

Victor está en silla de ruedas desde que nació. El deporte siempre lo ayudó: empezó con atletismo adaptado, y luego de una lesión en el brazo, decidió, para “no entrar en depresión”, dijo, a jugar al básquet en silla de ruedas en la Asociación de Lisiados de Salta (ALSA). 

En octubre de 2024, fue destacado en el Concejo Deliberante de Salta, donde los concejales declararon de Interés Municipal el 50º aniversario de la ALSA de Salta, “por su destacada labor en la inclusión y compromiso con las personas con discapacidad a través del deporte adaptado”.

Ezequiel tiene retraso madurativo y autismo, vive en un pueblo de 1.400 habitantes y no lo notificaron porque no encontraron su casa

Ezequiel Bravo tiene 26 años y vive en Pirovano, un pueblo de 1.400 habitantes en el partido de Bolívar, provincia de Buenos Aires. Tiene retraso madurativo con rasgos de autismo y recibía una pensión por discapacidad desde fines de 2009.

Su madre, Alejandra Ávalos, enfermera y empleada municipal, explicó a Chequeado que el 6 de agosto por la mañana se enteró que la pensión de su hijo fue suspendida cuando consultó por qué no tenía fecha de cobro. “Mandé un mensaje a la gente de ANSES y me dijeron que estaba suspendida la pensión de Ezequiel”, relató.

Ese mismo día, a las 13:30, llegó un telegrama a su casa informando que Ezequiel no se había presentado a una junta médica. “Nunca fue citado, nunca nos notificaron nada y tampoco dejaron ninguna nota en la delegación municipal donde han dejado otras cartas documento que llegaron para otras personas que no encontraban”, explicó.

La mujer contó que desde la ANDIS le dijeron que “no encontraron la dirección” donde viven, aunque la familia reside en el mismo pueblo pequeño desde hace años.

La madre usa la pensión para comprar lo que necesite su hijo: comida, pañales o calzoncillos para incontinencia, entre otras cosas. Al no tener la pensión, pidió ayuda a familiares. 

Alejandra está tramitando nuevamente la documentación médica correspondiente, incluido un resumen de la psiquiatra que atiende a Ezequiel, para ir a la delegación municipal -donde representantes de la ANDIS van cada 15 días-, y llevar los papeles. 

Chequeado tuvo acceso a la carta documento que recibió la familia de Ezequiel el 6 de agosto, fecha en la que se enteraron de la suspensión de la pensión. El documento, fechado el 28 de julio de 2025 y firmado por el ex director ejecutivo de la ANDIS, Diego Spagnuolo, confirma la suspensión del beneficio.