Qué es la RAM, la organización declarada como terrorista por el gobierno de Javier Milei

El Gobierno de Javier Milei (La Libertad Avanza) declaró como grupo terrorista a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), cuyo principal referente es Facundo Jones Huala. La decisión fue tomada mediante una resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación, en cabeza de Patricia Bullrich.

Para justificar su decisión, la cartera de Seguridad elaboró un informe en el que enumeró una serie de hechos violentos ocurridos en los últimos 15 años, que incluyen incendios en distintos puntos de la Patagonia en lo que va de 2025.

En esta nota, te contamos qué es la RAM, quién es Facundo Jones Huala y qué resolvió el gobierno de Javier Milei.

¿Quién es Facundo Jones Huala?

Francisco Facundo Jones Huala, de 38 años, es considerado un lonko weichafe (guerrero) y en la última década se transformó en uno de los principales referentes de la lucha de los pueblos originarios por la recuperación del territorio y la conformación de una nación mapuche. Nació en Bariloche y pasó su infancia en el barrio 169 Viviendas, en la periferia de la ciudad, junto a su madre y sus hermanos.

A nivel nacional, su nombre se hizo público a partir de la conformación de la Pu Lof (N.de.la.R.: lof es el nombre de la la estructura social mapuche, una unidad social básica) en Resistencia de Cushamen, en tierras que en 2015 reivindicó como ancestrales de su familia paterna y que forman parte de una extensa propiedad del magnate italiano Luciano Benetton, en Chubut.

En ese momento ya pesaba sobre él un pedido de detención de la Justicia chilena por un incendio en una explotación agrícola en la localidad de Mantilhue, comuna de Río Bueno (casi mil kilómetros al sur de Santiago de Chile), en la provincia de Valdivia, ocurrido el 9 de enero de 2013. En junio de 2017 fue detenido en un control vehicular de Gendarmería nacional en Río Negro, a 55 kilómetros de El Bolsón.

Estuvo detenido en el Penal Federal de Esquel hasta su extradición a Chile, dictada por el juez federal de Bariloche Gustavo Villanueva, en febrero de 2018. El fallo fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 23 de agosto del mismo año. Semanas más tarde fue trasladado a Chile, donde fue enjuiciado y condenado a 9 años de prisión por los delitos de tenencia ilegal de armas e incendio de una estancia. 

En enero de 2022 la Justicia chilena le concedió la libertad condicional. Un mes más tarde, la Corte Suprema de ese país revocó el beneficio, pero Jones Huala ya se encontraba prófugo. Se mantuvo en esa condición hasta que fue detenido en enero de 2023 en el Bolsón, Río Negro, y fue nuevamente extraditado a Chile. En agosto de 2024 terminó de cumplir su pena y fue liberado.

¿Qué es la RAM?

La Resistencia Ancestral Mapuche es el “brazo político militar” del Movimiento Mapuche Autónomo del Puel Mapu. La conformación es desconocida y sólo Facundo Jones Huala admitió su pertenencia en el juicio de extradición que se le realizó en febrero de 2018 en Bariloche. “He sido combatiente en algún momento de la RAM como también fui combatiente de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y en otras situaciones de conflicto político territoriales desarrollé actos de autodefensa”, expresó.

El informe publicado esta semana por el Ministerio de Seguridad señala que Jones Huala “ha sido la ‘cara visible’ de la RAM”. Otro informe sobre esta organización realizado por el Ministerio de Bullrich pero durante  el gobierno de Cambiemos vincula a la RAM también con la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco Malleco de Chile (CAM), que protagoniza el conflicto en la región de la Araucanía en Chile (ver acá y acá).

La aparición pública de la RAM, que actúa en el anonimato, solo se determina mediante panfletos que aparecen en escenarios de ataques o a través de comunicados de prensa (ver acá). Su campo de acción -según las propias reivindicaciones- incluye daños e incendios en propiedades y maquinarias; quema de puestos rurales; sabotajes en vías férreas, tendidos eléctricos y pozos petroleros; y bloqueos de rutas. Hasta el momento, las intervenciones están circunscriptas a las provincias de Río Negro, Chubut y Neuquén, en la Argentina.

¿Qué resolvió el Ministerio de Seguridad?

A través de la Resolución 210/2025, el Ministerio incluyó a la RAM en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). En el informe anexo, el Ministerio describe a la RAM como “un movimiento etno-nacionalista violento que opera en territorio argentino desde hace más de 15 años”.

Agrega que “cometen delitos contra la propiedad, contra la seguridad pública, contra el orden público y contra las personas” y que “tienen como objetivo promover la lucha insurreccional contra el Estado argentino y la propiedad privada de la tierra”. Destaca: “La organización desconoce la soberanía del Estado Argentino y proclama que la República Argentina y sus leyes son ilegítimas”.

Además, el informe oficial le atribuye a la organización la responsabilidad en los incendios que afectan desde hace algunas semanas a la Patagonia: “Recientemente, han provocado y continúan provocando en la Argentina una catástrofe ecológica mediante el incendio de decenas de miles de hectáreas de bosques milenarios cuya recuperación resultará imposible por un número incalculable de generaciones”.

Y agrega: “Así lo hicieron en las provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut, donde iniciaron y propagaron el fuego mediante la utilización de combustibles y aceleradores de las llamas en diversos focos al mismo tiempo, de modo que resulte imposible la tarea de sofocamiento de los incendios”.

En los últimos días, se difundió un video de Jones Huala, en el que señala: “Reivindicamos los sabotajes, y yo particularmente, como miembro de una organización político militar, reivindico los atentados incendiarios y los sabotajes a la infraestructura del sistema capitalista, de las transnacionales, de los terratenientes, con un objetivo político”.

Por último, el informe enumera 136 hechos protagonizados por la RAM entre 2010 y 2015. Allí, se incluyen presuntos homicidios, ataques, incendios, usurpaciones, cortes de vías y rutas, amenazas, disparos intimidatorios o declaraciones de Jones Huala convocando al uso de la violencia.