Régimen Penal Juvenil: ¿qué cambios propone el Gobierno?

En su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, pidió a los legisladores la aprobación del nuevo Régimen Penal Juvenil. Se trata de un proyecto presentado el 19 de febrero último por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que busca crear una norma homogénea a nivel nacional.

“El proyecto de régimen penal juvenil es mucho más que la baja de un año en la edad de imputabilidad para algunos delitos graves. El proyecto le da una respuesta del Estado a muchos chicos que van camino de convertirse en delincuentes: hay que contenerlos, darles una oportunidad de hacerse responsable de sus actos y ayudarlos a tener un rol positivo en la sociedad”, sostuvo Macri.

Como mencionó el Presidente, la nueva reglamentación baja un año la edad de imputabilidad. La propuesta determina que un joven de 15 años es penalmente responsable si se comete un delito cuya pena máxima posible es de 15 años de prisión o más: robo con arma de fuego, violación, secuestro extorsivo, homicidio o lesiones gravísimas. Y para los jóvenes de 16 y 17 años establece que son punibles por cualquier delito del Código Penal con una pena mayor a dos años.

El texto de la iniciativa hace una comparación con distintos países que dictaron un sistema semejante y expone las edades mínimas que optaron en sus leyes: 14 años en Chile, Colombia, Paraguay y Perú, 12 años en Costa Rica y Panamá. E incluso compara con países europeos: España, Alemania, Austria, Francia e Italia también fijaron los 14 años para poder penar a quienes delinquen.

El Régimen Penal de la Minoridad, que rige actualmente desde 1980, establece la punibilidad de menores entre 16 y 18 años respecto de determinados delitos (los que tienen pena mayor a dos años) pero es un régimen tutelar. Los jueces no otorgan penas sino que establecen medidas de seguridad, como la internación en los institutos de menores donde pueden permanecer por tiempo indeterminado o hasta cumplir la mayoría de edad y puedan ser juzgados.

Frente a esa práctica, el proyecto que presentó el Gobierno propone conformar equipos interdisciplinarios autónomos que auxilien a los jueces actuantes en causas que involucren a adolescentes. Además, dispone la creación de la Oficina Nacional de Información sobre Niñez y Adolescencia, que tendrá la función de que se cumplan todas las reglamentaciones del proyecto.

La propuesta del Ejecutivo, además, establece que las medidas de prisión sólo pueden dictarse sobre menores cuando “las sanciones socioeducativas y disciplinarias no resultaren adecuadas para los fines de esta ley o hubieren fracasado con anterioridad por razones imputables al adolescente”. Y agrega que sólo se puede encarcelar a un menor ante delitos graves: los que tienen pena mayor a 15 años para los jóvenes de 15 y pena mayor a 10 años para jóvenes de 16 y 17 años. También establece que la prisión preventiva “procederá como último recurso”, luego de descartar “otras medidas de coerción procesal menos gravosas”.

Desde 1983 se presentaron más de 90 proyectos de ley para modificar la ley vigente y sólo uno de ellos en 2009, presentado por el Poder Ejecutivo Nacional, obtuvo media sanción en el Senado,pero no avanzó en Diputados, según se señala en los considerandos de la propuesta del Ejecutivo.