Toma de universidades: ¿qué dice la ley sobre el ingreso de las fuerzas de seguridad en las facultades?

Más de 25 universidades nacionales se encuentran tomadas por alumnos a raíz del conflicto entre el gobierno y las casas de estudio superior por la falta de presupuesto y el veto a la Ley de Financiamiento Universitario.

En ese contexto, comenzaron a circular en redes sociales algunos posteos que señalan: “La policía intenta ingresar a las universidades violando la ley de autonomía universitaria”; “Cayó la policía a intervenir la facultad de ingeniería de la UBA, no se enteraron de la autonomía universitaria”; “Hoy entró un policía armado a mi facultad, Económicas de la UBA. La ley de autonomía universitaria, prohíbe la entrada de la policía, y menos armada!” (sic).

Además, el diputado nacional José Luis Espert (La Libertad Avanza) dijo en X en referencia a las tomas de los estudiantes de las facultades de Derecho y Exactas de la Universidad de Buenos Aires (UBA): “Si el Rector de la UBA no llama a la policía para desalojarlos, será el GRAN responsable de arruinarles la vida a los chicos que sí quieren estudiar y de estafar a los contribuyentes que bancan la universidad pública”. Este mensaje fue retuiteado por el presidente de la Nación, Javier Milei.

En esta nota, te contamos qué dice la Ley de Educación Superior sobre la presencia de las fuerzas de seguridad dentro de los establecimientos. 

Qué dice la Ley de Educación Superior sobre el ingreso de las fuerzas de seguridad

La Ley de Educación Superior, sancionada en 1995, señala en su artículo 31: “La fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales si no media orden escrita previa y fundada de juez competente o solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida”.

Consultado por Chequeado, Andrés Gil Domínguez, abogado y profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires (UBA), explicó: “Como dice la ley, sólo en 3 casos las fuerzas de seguridad pueden ingresar a las universidades: a partir de la solicitud de las autoridades universitarias, a través de una orden judicial o en el caso de que reciban una denuncia de un posible delito fehaciente”.

Amparados por esta ley, los alumnos dieron a conocer varios videos en redes sociales (ver acá, acá y acá) en los que advirtieron sobre la presencia de efectivos policiales en sus respectivas universidades. 

“La policía intenta ingresar a las universidades violando la ley de autonomía universitaria”, señala un posteo de X en el que se ve a miembros de la policía de la provincia de Santa Cruz en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral pidiéndole los datos a los allí presentes. 

Ante este hecho, la rectora de la UNPA, Roxana Puebla, y la vicerrectora, María Eugenia de San Pedro, rechazaron a través de un comunicado el ingreso de la policía provincial a la universidad el 14 de octubre último. 

“El personal policial ingresó al predio universitario sin jurisdicción ni autorización de las autoridades, con una patrulla y personal armado y pretendió identificar a estudiantes, que participaban de una acción de protesta, lo que configuró una clara provocación a 30 años de la Consagración Constitucional de la Autonomía Universitaria y 75 años de la Gratuidad Universitaria en Argentina”, concluye el comunicado de la rectoría de la UNPA. 

Por su parte, Gil Domínguez explicó que los manifestantes presentes en la universidad no tenían por qué entregarle sus datos personales a la policía ya que su presencia dentro de la universidad resulta ilegal. “A lo largo de la historia argentina, las fuerzas de seguridad sólo irrumpieron en las universidades durante las épocas de las dictaduras”, sostuvo el especialista.  

Por su parte, la Policía santacruceña emitió un comunicado en el que explicó que los efectivos acudieron a la universidad tras recibir información sobre un grupo numeroso de personas en el interior, con intenciones no especificadas, pero que “en ningún momento fue intención de los policías restringir derecho alguno a los manifestantes ni violar la legislación que prohíbe la intervención de personal policial en universidades”.