Transparencia en las legislaturas provinciales: 9 de cada 10 ocultan datos sobre personal o manejo de fondos

Casi el 90% de las legislaturas provinciales ocultan datos sobre contrataciones de personal o manejo de fondos, entre otros indicadores de funcionamiento. La información surge de una investigación realizada por Poder Ciudadano y Ruido, una red de periodismo de investigación, sobre las legislaturas de las 24 jurisdicciones del país.

“La consecuencia del ocultamiento de información salta a la vista en forma de historias derivadas de la falta de control: diputados que cobran doble salario, que reciben 130 pasajes aéreos por mes, que usan autos de lujo incautados por la Justicia o que retiran millones en gastos protocolares sin rendir cuentas, sin mencionar las incorporaciones masivas o las denuncias por gente que cobra sin haber pisado nunca una legislatura”, sostiene el trabajo de Poder Ciudadano y Ruido.

¿Qué cuenta la investigación? ¿Qué datos faltan y cuáles son los casos de corrupción más resonantes en las legislaturas provinciales? Te lo contamos en esta nota.

La mayoría de las legislaturas no respondieron los pedidos de acceso

Ruido es una red nacional de periodistas de investigación, expertos en datos abiertos y referentes de organizaciones civiles, y Poder Ciudadano es una fundación apartidaria, sin fines de lucro, que desde 1989 trabaja en temas de transparencia del Estado. En conjunto, realizaron una investigación a partir del caso de “Chocolate” Rigau en la Legislatura bonaerense, en el que la Justicia investiga el cobro y la retención de los sueldos de al menos 49 personas registradas como empleadas en la Cámara de Diputados provincial.

Poder Ciudadano, querellante en ese expediente, se asoció con Ruido y comenzaron a realizar pedidos de acceso a la información pública en los 24 distritos del país.

Sin embargo, las respuestas a los pedidos fueron pocas: hubo 3 respuestas completas (San Luis, Córdoba y Santa Cruz) y 6 parciales (la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Catamarca, Entre Ríos, Mendoza, Río Negro, Tierra del Fuego).

Las 15 restantes no respondieron el pedido, que consistía en datos de cantidad de personal, niveles salariales, registros de asistencia o gastos reservados, “entre 31 ítems necesarios para que la ciudadanía conozca cómo se utilizan los recursos en estas áreas”. Es decir, que 21 de las 24 legislaturas (el 87,5% del total) no respondieron o brindaron respuestas parciales.

De acuerdo con el informe, en los casos en que no hubo información oficial, “el contenido se produjo con base en los datos disponibles, declaraciones periodísticas, boletines oficiales y otros documentos que permitieron reconstruir un panorama aproximado, aunque seguramente lejos de la foto completa”.

¿Cuánto personal y cuántos asesores hay en las legislaturas provinciales?

Entre las preguntas de la investigación estaba la cantidad de personal de las legislaturas, los salarios y los asesores. Aunque los investigadores advierten que en la mayoría de los casos es difícil conocer las cifras exactas del personal por la falta de registros completos, los números disponibles van desde 128 empleados en la legislatura de San Luis, a los 3.103 en la de Catamarca.

Respecto de los salarios, no fue posible hacer comparaciones ya que las respuestas fueron de meses distintos y muy dispares. Sin embargo, encontraron algunos datos: en San Luis los legisladores reciben cada mes un extra (denominado “módulo”) equivalente a un salario bruto. “Deben ser rendidos, pero no hay constancia de que lo hagan. Es decir que cada mes reciben, además de $ 1,4 millones de salario, otros 1,4 millones por aquel concepto”, explican en la investigación.

Y agregan: “Algo similar ocurre en Entre Ríos, donde cada legislador, además de la dieta mensual, recibe un monto indeterminado de módulos para contratos. A lo cual se suman empleados de planta que se les asignan y, también, personal adscripto”.

En cuanto a asesores, sólo en 11 de los 24 distritos pudieron relevar ese dato, que va de 2 hasta 10 asesores por legislador, como en Tierra del Fuego o Formosa. En Tierra del Fuego, por ejemplo, la presidenta de la Legislatura puede designar hasta 68 asesores, además de los 10 que nombra cada legislador. En esa misma provincia, la planta política es más grande que la planta permanente.

Además, el relevamiento detectó casos de parientes y/o exfuncionarios provinciales que recayeron como empleados en -al menos- las provincias de: Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta y Santiago del Estero.

Casos como el de “Chocolate Rigau”

Según la investigación, Entre Ríos es pionera en causas de corrupción en el Poder Legislativo. Entre 1995 y 1999 fueron condenados por desvío de fondos del Senado el ex vicegobernador Héctor Alanís (Partido Justicialista); su sobrino, Maximiliano Alanís; el ex senador Humberto Re (Unión Cívica Radical); y el ex director administrativo del Senado José Crettón Pereyra.

También en 2018 hubo una denuncia contra el ex diputado provincial, Ricardo Troncoso (Recuperación Radical), por la contratación de personal que debía dejarle parte del sueldo.

“Ese escándalo fue el preámbulo de la causa ‘contratos truchos de la Legislatura’, el primer caso ‘Chocolate’ del país. El mecanismo se desplegó a través de contratos pagados con cheques endosados y facturas presentadas por montos superiores a los percibidos por los contratados. En la causa se calculó un desfalco de US$ 53 millones entre 2008 y 2018”, explica la investigación de Poder Ciudadano y Ruido.

El informe refleja otros casos de corrupción, como el de los autos de alta gama para los presidentes de los bloques de la legislatura de Córdoba.

Debido a un accidente vial protagonizado en octubre de 2023 por el entonces presidente provisorio del parlamento cordobés, Oscar González (Hacemos por Córdoba), se descubrió que el Tribunal Superior de Justicia de esa provincia había asignado 9 vehículos judicializados, en su mayoría de alta gama, a varios presidentes de bloque. Cuatro de estos autos estaban bajo la responsabilidad de González.

A raíz del accidente, González fue imputado por homicidio culposo, ya que una persona falleció y 2 quedaron con graves secuelas físicas. Además, la Justicia Federal lo procesó por “depositario infiel” del BMW 1 con el que chocó.