Una relatoría de la ONU pide explicaciones a la Argentina sobre la independencia judicial

La Relatoría Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió un informe con duras críticas al gobierno de Mauricio Macri por su presunta intromisión en el Poder Judicial y le reclamó explicaciones por los hechos denunciados. ¿De qué se trata este informe?

El relator Diego García-Sayán, de Perú, enumeró una serie de hechos presentados ante la relatoría en septiembre de 2018 por tres organizaciones: Abogados por la Justicia Social (AJUS), que preside el abogado Emanuel Desojo; la Liga Argentina por los Derechos Humanos, que hasta su reciente fallecimiento lideró Graciela Rosenblum; e Iniciativa Justicia, que integran, entre otros, los penalistas Maximiliano Rusconi y Alberto Beraldi, defensor de la ex presidente y ahora vicepresidenta electa, Cristina Fernández de Kirchner.

García-Sayán, que ocupa el cargo desde enero de 2017, expresó su preocupación y consideró que “las informaciones recibidas son suficientemente fiables para indicar que existe un asunto que justifica una atención inmediata”.

Persecución de jueces con juicios políticos
En el informe se enumeran, en primer lugar, una serie de casos vinculados a la política del oficialismo en el Consejo de la Magistratura, que incluye, presuntamente, la persecución de magistrados a través de juicios políticos, la parálisis de concursos en los que abogados no afines al Ejecutivo obtienen buen puntaje, los traslados de jueces a cargos para los que no concursaron (magistrados de un tribunal que fueron traslados por decreto a otro tribunal distinto) y una supuesta arbitrariedad en la designación de jueces subrogantes.

Hostigamiento a Gils Carbó y jueces de la Corte por decreto
Cuando refiere a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), alerta por la designación en comisión (sin el procedimiento constitucional) de los dos nuevos jueces del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. Sin embargo, Rosenkrantz y Rosatti finalmente fueron designados por el procedimiento constitucional con acuerdo del Senado. Sobre la Procuración General de la Nación, señala, siempre de acuerdo a lo denunciado por las organizaciones, el hostigamiento oficial para forzar la renuncia de la ex procuradora Alejandra Gils Carbó.

Nombramientos arbitrarios de jueces
Luego apunta a hechos ocurridos en distintos tribunales inferiores a la Corte: la designación de Juan Manuel Culotta como juez electoral de la Provincia de Buenos Aires durante las elecciones legislativas de 2017, que implicó la previa división de competencia del juzgado (un juez para los expedientes penales y otro para los electorales) y el traslado definitivo de Carlos Mahíques a la Cámara Federal de Casación Penal y de Leopoldo Bruglia a la Cámara Federal porteña, pese a que ninguno de ellos había concursado para esos cargos (sí para otros de la misma jerarquía judicial).

Ataques a los jueces laborales
También resalta, siguiendo la denuncia de las organizaciones, los ataques e intentos de destitución por parte del oficialismo contra jueces del fuero laboral que fallaron en contra del Gobierno, y la alusión del presidente Macri a la existencia de una supuesta “mafia de la industria del juicio”, que incluiría a jueces y abogados laboralistas.

Reemplazo del fiscal de la causa del Correo
Retomando a los denunciantes, también cuestiona el desplazamiento dispuesto por el procurador interino, Eduardo Casal, del fiscal federal Juan Pedro Zoni de la fiscalía que tenía a cargo la investigación sobre la deuda del Correo Argentino con el Estado, en la que está imputado el Presidente. En su lugar se nombró a Gerardo Pollicita, quien, según los denunciantes, trabajó en Boca durante la Presidencia de Macri en el club. Toma nota, además, de los supuestos ataques recibidos por el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, por la investigación sobre espionaje ilegal que tramita en su juzgado, y de ataques recibidos por otros magistrados que interpusieron medidas judiciales contra aumentos de las tarifas en los servicios públicos.

No es la primera vez que ocurre: había criticado la reforma judicial de CFK

Esta relatoría existe desde 1994 y su principal función es la de dar visibilidad a las denuncias que recibe y exigir explicaciones a los Estados denunciados. “Es una relatoría muy importante, como el resto de las relatorías que funcionan en Naciones Unidas, y está a cargo de una persona de mucho prestigio. El relator recibe denuncias y peticiones, hace un análisis preliminar, y si considera que es verosímil lo denunciado, pide explicaciones al Estado denunciado”, explicó a Chequeado el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez,

Agregó que ahora el Gobierno argentino debe contestar: ”Con la explicación del Estado, la relatoría puede concluir que no hubo violaciones a la independencia judicial, o que sí las hubo y en ese caso le hace recomendaciones al Estado y eleva el caso al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas”. No tiene un efecto práctico sobre el país, más allá del costo político ante la comunidad internacional, como señalaron especialistas en esta nota.

Hasta hace poco tiempo la Relatoría tuvo a referentes de nuestro país al frente: Monica Pinto, ex decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), fue relatora entre agosto de 2015 y octubre de 2016; y Leandro Despouy, ex integrante de la Auditoría General de la Nación en representación de la Unión Cívica Radical (UCR), dirigió el organismo entre 2003 y 2009.

En 2013, cuando la relatora era la brasileña Gabriela Knaul, el organismo emitió un informe con duras críticas a la reforma judicial impulsada por la entonces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. “El Estado tiene el compromiso de asegurar la independencia de la judicatura mediante el respeto de su legislación a los estándares internacionales”, señaló al referirse a la reforma de la ley del Consejo de la Magistratura y a la ley que regulaba las medidas cautelares, aunque el caso no fue elevado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La reforma del Consejo fue luego declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

García-Sayán, el relator actual, tiene 69 años, fue ministro de Justicia y canciller en su país, Perú, y se desempeñó como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos entre 2004 y 2015. En lo que va de 2019, además de la Argentina, emitió informes en los que exigió explicaciones a distintos Gobiernos de la región, entre ellos, Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú.