En 2021 se realizaron casi 60 mil interrupciones de embarazos en el sistema público de salud

En el último año se informaron al Ministerio de Salud de la Nación 59.348 interrupciones voluntarias y legales de embarazos (IVE e ILE) en el sistema público de salud, según revela el informe ImplementAR realizado por la cartera sanitaria.

En enero de 2021 se promulgó la Ley 27.610 que legalizó el aborto y que fue sancionada por el Congreso en los últimos días de 2020. Esta norma establece el derecho de las personas embarazadas a interrumpir ese proceso hasta las 14 semanas de gestación (IVE) y también reconoce el derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE) en los casos de violación, peligro de la vida o la salud de la persona gestante. En estos últimos casos la legislación no fija plazos.

La mayoría de los procedimientos se realizaron en la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires, Tucumán, Córdoba y Mendoza, que son también las provincias más pobladas del país. Cabe destacar que el informe no incluye datos de Santa Fe, otra de las jurisdicciones más populosas.

“Al 31 de diciembre de 2020 la cantidad de efectores del sistema público de salud que habían informado la realización de interrupciones legales del embarazo eran 907; al 31 de diciembre de 2021 la cantidad de efectores ascendió a 1347”, describe el informe.

La cartera de salud también informa las medidas tomadas ante los intentos de dejar sin efecto la ley sancionada por ambas cámaras del Congreso. El ministerio indica que se han iniciado 37 causas contra la Ley 27.610, 23 en la Justicia Federal y 14 en la provincial; y que la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva intervino en 11 de ellas.

“Hasta el momento la justicia rechazó 26 de las 37 demandas iniciadas en todo el país. Del resto de las causas, 7 se encuentran esperando un pronunciamiento judicial y 4 fueron archivadas. No hay ninguna sentencia de fondo que avale impugnaciones en contra de la Ley 27.610”, agrega el documento oficial.

La línea telefónica de salud sexual y reproductiva (0800-222-3444) brinda información y también recibe consultas. Cuando se identifican inclumplimientos o barreras para el acceso efectivo a los derechos, la dirección nacional a cargo debe crear una “secuencia”, mecanismo a través del cual se identifica el trámite para subsanar esa situación. 

En ese contexto, el informe da cuenta de 51 intervenciones, en los que el ministerio de salud nacional intervino frente a “posibles vulneraciones de derechos relacionados con el acceso a IVE/ILE”. Además, se comunica que se gestionó el “traslado interinstitucional de 14 usuarias para asegurar el acceso y garantizar los derechos a la IVE/ILE en casos complejos”.