Formosa: un informe de Human Rights Watch advierte sobre medidas de cuarentena “abusivas e insalubres”

Human Rights Watch (HRW) publicó el último viernes un informe sobre la gestión de la pandemia del coronavirus por parte de la provincia de Formosa, en el que advirtió que el Gobierno de Gildo Insfrán (Partido Justicialista) adoptó “medidas frecuentemente abusivas e insalubres para prevenir la propagación del COVID-19” y cuestionó las restricciones a la libertad de expresión.

Junto con los Centros de Salud Pública y Derechos Humanos y de Salud Humanitaria de la Universidad Johns Hopkins, la organización internacional de Derechos Humanos hizo públicas las conclusiones de un trabajo de investigación sobre la situación de la provincia. ¿Cuáles son los puntos principales del informe?

Centros de aislamientos insalubres

Uno de los ejes del informe de HRW está relacionado con la situación de los centros de aislamiento levantados por la gestión de Insfrán. En ese sentido, el organismo informó que desde abril de 2020 “más de 24 mil personas han sido obligadas a permanecer confinadas” en esos sitios, en los que se vieron situaciones de insalubridad y hacinamiento. 

El trabajo destaca que en esos centros de aislamiento “las autoridades han mantenido a algunas personas con resultados positivos de COVID-19 junto con otras que tenían resultados negativos o que seguían esperando los resultados de sus exámenes”. También se denuncia que algunas personas fueron confinadas por períodos mayores a los 14 días que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS). Y en muchos casos “bajo circunstancias que podrían considerarse detenciones arbitrarias”. 

Por otro lado, HRW subraya que “el hacinamiento y las condiciones insalubres en los centros han dificultado el distanciamiento social”. Y precisa que “en algunos centros no había ventilación adecuada y, en ocasiones, las autoridades no brindaron atención médica adecuada a quienes se encontraban allí”.

Al respecto, Kathleen Page, médica y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, señaló que “los centros insalubres y hacinados, como los de Formosa, pueden propagar la transmisión del coronavirus, menoscabar derechos humanos básicos y debilitar la confianza en las autoridades de salud pública, lo cual resulta crítico para una respuesta adecuada al COVID-19”.

Arbitrariedades

El informe también hace hincapié en las circunstancias en las que se confinaba a los formoseños en los centros de aislamiento, y destaca que los primeros protocolos provinciales disponían que quienes ingresaran en la provincia debían aislarse en ellos, independientemente si habían estado expuestos a la COVID-19.

Además, sostiene que “se mezclaban en las mismas habitaciones a personas que llegaron en distintas fechas y no tomaban en cuenta su edad, género, estado de salud y otros factores de riesgo”. Y concluye: “Es muy probable que el incumplimiento de los propios protocolos, junto con las condiciones insalubres de los centros y las estadías excesivas, hayan contribuido a que se propague el COVID-19”.

También se hace hincapié en el rol de la Policía provincial, al advertir que realizan “búsquedas activas” en barrios donde viven personas que tuvieron un resultado positivo para identificar a otros que hayan tenido contacto con ellos, realizarles pruebas y trasladarlas a centros de cuarentena o de aislamiento, incluso sin contar con un resultado positivo para coronavirus. 

En ese sentido, 11 testimonios revelaron que “los llevaron de sus casas en medio de la noche a centros administrados por la provincia, alegando como justificación que habían tenido contacto estrecho con algún familiar que había dado positivo”. 

Libertades restringidas

El informe de HRW se realizó en base al testimonio de 45 personas y el análisis de fotos y videos de varios centros de detención, informes de prensa y protocolos oficiales sobre COVID-19 elaborados por el Gobierno de Formosa. Además, una investigadora de la Universidad Johns Hopkins entrevistó a médicos y analizó las disposiciones sanitarias.

El trabajo sostiene que las autoridades provinciales “han restringido el trabajo de la prensa independiente para cubrir la situación en la provincia, habrían empleado excesivamente la fuerza contra quienes protestaban por las medidas relacionadas con el COVID-19, y durante meses limitaron severamente la posibilidad de la población de la ciudad de Clorinda de trasladarse y acceder a atención médica”.

Respecto de la situación de la ciudad de Clorinda, se indicó que entre agosto de 2020 y marzo de 2021, las autoridades de Formosa “impusieron un ‘bloqueo sanitario’”. Entre otras medidas, se suspendió el transporte público y se exigió que todos aquellos que pretendan salir de la ciudad presenten una prueba negativa de coronavirus y obtengan autorización de la policía.

También se hizo énfasis en la represión ocurrida el 5 de marzo último, luego de que cientos de personas marcharan hacia la Gobernación provincial para protestar contra la decisión del Gobierno de volver a la Fase 1 de la cuarentena, ante el aumento de casos. “La policía usó fuerza excesiva contra los manifestantes, que incluyó el uso de cartuchos de gases lacrimógenos vencidos y balas de goma que se dispararon desde corta distancia y hacia la parte superior del cuerpo de los manifestantes”, se informa. 

Respuesta oficial

HRW destaca en su informe que el gobernador Insfrán “a menudo ha citado los aumentos en el número de casos confirmados de COVID-19 y muertes por esa enfermedad para justificar las medidas restrictivas en la provincia”, pero contrapone a ello que Formosa “reporta una de las tasas de mortalidad más bajas de Argentina, tanto en términos absolutos como en comparación con su población”. 

En el trabajo también se enumeran los diversos fallos judiciales contra las medidas adoptadas por la Provincia, y destaca que si bien se establecieron cambios en los protocolos de cuarentena y aislamiento, continuaron recibiendo denuncias de condiciones insalubres y acceso limitado a atención médica en algunos centros.

Para la elaboración del informe, HRW consultó al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla. En ese marco, se destaca que la Secretaría de Derechos Humanos informó que en una visita realizada a la Provincia se detectaron “‘problemas puntuales’ relativos al acceso a información sobre salud y a reunificación familiar, así como casos de brutalidad policial contra miembros de comunidades indígenas”.

No obstante, la organización criticó que “el equipo de la Secretaría solamente visitó la ciudad capital de Formosa y no se trasladó hasta Clorinda” y que “solamente visitó 4 centros y entrevistó a personas que estaban confinadas en 2”.