Qué pasó con la ley que le facilitaría al Estado recuperar bienes y fondos provenientes de delitos

La Cámara de Diputados de la Nación votó hace más de dos años una Ley de Extinción de Dominio que facilitaría al Estado recuperar bienes y fondos que se hayan obtenido producto de delitos, como casos de corrupción o narcotráfico. La iniciativa está a la espera de tratamiento en el Senado, donde tuvo muchas críticas, y perdería estado parlamentario este año, es decir que debería ser presentada nuevamente para ser debatida en el recinto. En paralelo, el senador Federico Pinedo (PRO) presentó su propio proyecto. Entonces, ¿cuál es la situación de esta ley en el Congreso?

La idea de esta herramienta legal es que se separe la condena penal del destino de los bienes que se hayan logrado a través de los delitos. Mientras los acusados enfrentan su proceso penal, los bienes pasarían a la Justicia Civil que podría determinar de manera más rápida si provienen de actividades ilícitas y, en consecuencia, el Estado los podría confiscar. Leyes similares se han implementado en otros países, como Colombia, México y Estados Unidos.

El proyecto que está a la espera de tratamiento en el Senado se aprobó en Diputados semanas después de que se conociera el caso del ex secretario de Obras Públicas durante el kirchnerismo, José López, que fue detenido el 14 de junio de 2016 después de intentar ocultar bolsos con dólares dentro de un monasterio de la localidad de General Rodríguez, y recibió críticas a varios de los puntos que propone. El proceso de decomiso sería iniciado por el fiscal, en paralelo con la causa penal y durante el proceso civil, sin que haya una condena, se podría revertir la carga de la prueba, es decir que el acusado estaría obligado a justificar su patrimonio en lugar de suponer su inocencia como ocurre normalmente. Esto, de acuerdo con expertos como la abogada especializada en temas de corrupción Natalia Volosin, podría ir en contra de las garantías constitucionales, aunque la herramienta en sí podría ser valiosa.

Estas son algunas de las objeciones que hicieron los senadores al proyecto. Miguel Angel Pichetto, jefe de la bancada peronista, criticó que el decomiso pueda hacerse antes de que haya ciertos avances en la investigación penal. Federico Pinedo (PRO), por su parte, elaboró un proyecto alternativo con varios cambios, entre los cuales exige que haya una resolución de la Justicia Penal, de primera instancia y de la Cámara, que establezca que hay suficientes pruebas para determinar la probabilidad de un delito.