Sin acceso a declaraciones juradas de jueces y fiscales

La Asociación de Magistrados emitió un comunicado en el que se refirió al régimen de declaraciones juradas patrimoniales de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal y consideró “imprescindible” la implementación de un “régimen que exija la acreditación de un interés real y jurídicamente valioso” para acceder a esa información, algo que contraría el derecho a la información consagrado en la Constitución Nacional.

La Ley de ética en el ejercicio de la función pública, aprobada en 2013, obligó a funcionarios, legisladores y miembros del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal a entregar sus declaraciones y estableció, a su vez, su publicidad y libre acceso por Internet. Sin embargo, meses después de su promulgación, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que el hecho de que los jueces entregaran sus declaraciones a un ente fiscalizador que depende del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) sería “una violación de la independencia de los poderes del Estado”.

Los miembros de la Corte Suprema deben entregar sus datos patrimoniales a la Secretaría General y de Administración del máximo tribunal. El resto de los magistrados y miembros del Consejo de la Magistratura, por su parte, se rigen por otro reglamento. En ambos casos, sin embargo, su información debería ser publicada en sus respectivos sitios web, pero por el momento no están disponibles.

El reclamo de la Asociación de Magistrados se enmarca dentro del debate del proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública, que cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados, e incluye al Poder Judicial y al Consejo de la Magistratura, entre otros, como “sujetos obligados a brindar información pública”, lo que incluye a las declaraciones juradas.