Gastos reservados

De acuerdo con la Ley de Inteligencia Nacional sancionada en 2001, los gastos de Inteligencia eran reservados. Por esto es casi imposible corroborar si los fondos fueron utilizados para inteligencia interior o no.

La norma establecía que las erogaciones solo eran “documentadas mediante acta mensual firmada por los funcionarios responsables del organismo o dependencia correspondiente”, que servía “de descargo ante la Contaduría General de la Nación”. Pero estas no eran revisadas por ningún organismo de control externo, como podría ser la Auditoría General de la Nación.

La ley reservaba la facultad de supervisar y controlar los “Gastos Reservados” a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia, pero esta tuvo casi nula actividad en los últimos años. En 2014, por ejemplo, la Comisión sólo se reunió en dos oportunidades, una de ellas para constituirse. Además existe poca información y control de la propia Comisión.

Tomás Bieda, profesor de la Universidad de San Andrés e investigador del Conicet, analizó la forma en la que el Congreso controla actividades que se encuentran bajo la órbita del Poder Ejecutivo, como los servicios de Inteligencia, cuando la Comisión tiene mayoría oficialista. “Estas comisiones, más que controlar las acciones de Gobierno, buscan controlar lo que se controla”, señaló el investigador.

La Comisión Bicameral de Inteligencia fue presidida por el Partido Justicialista/Frente para la Victoria entre 2001 y 2014, salvo el período 2009 y 2011.

“Los controles no se ejercen porque falta voluntad política de la Comisión Bicameral, que tiene suficientes facultades para ejercerlos”, criticó Hernán Charosky, consultor internacional en temas de transparencia y profesor de la facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, en este chequeo.

El miércoles se aprobó la reforma a la norma de Inteligencia que impulsó el kirchnerismo, y se agregó mayor nivel de desagregación en los gastos reservados, así que la situación podría cambiar a partir de ahora.