¿Qué fue del Plan Estratégico de Justicia y Seguridad de Béliz?

El nombre de Gustavo Béliz no es solo recordado por haber sido la persona que expuso la figura de Antonio Stiuso ante las cámaras de televisión, sino también porque fue el último ministro que en democracia presentó un Plan Estratégico para reformar las áreas de Justicia y Seguridad.

El programa trienal, que fue elaborado por Norberto Quantín, Pablo Lanusse, José María Campagnoli y Ignacio Rodríguez Varela, quienes en ese momento eran funcionarios, contenía un proyecto de creación de una Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y Seguridad Interior. Llamativamente, la idea tenía puntos en común con los cambios en Inteligencia que anunció por cadena nacional el lunes último la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

El proyecto establecía, por ejemplo, que el director de la Agencia sería designado por el Poder Ejecutivo Nacional, previo acuerdo del Senado (es la misma arquitectura que mencionó la Presidenta para los cargos de director y subdirector de la Agencia Federal de Inteligencia -AFI-) y que tendría como objetivo “dirigir, planificar, supervisar y coordinar el esfuerzo del Poder Ejecutivo Nacional en las investigaciones criminales” relacionadas con “terrorismo, narcotráfico, tráficos ilícitos de armas, mercadería y personas, blanqueo de dinero, corrupción administrativa, secuestros extorsivos, delitos ecológicos, prostitución infantil y pornografía” (son los mismos delitos que la Presidenta dijo que la nueva Agencia de Inteligencia tendrá como objetivo resolver).

Pero la idea fue vetada cuando llegó al despacho del secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, por supuestas superposiciones de funciones de la Agencia con la Secretaría de Inteligencia. “Fue el único proyecto que no se elevó al Congreso a pesar de ser el que más consenso tenía a nivel nacional”, recordó Rodríguez Varela, secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Interior en ese momento.

Otras de las reformas que incluía el Plan eran: creación de un Cuerpo Nacional de Paz; unificación de la Justicia Nacional y Federal en el ámbito de lo penal; baja de la edad de imputabilidad a los 14 años; reforma en el Consejo de la Magistratura (diferente a la que se aprobó en 2006); e impulso de los juicios por jurado para delitos con pena privativa de la libertad de 6 o más años y delitos cometidos por funcionarios públicos.

Entonces hubo voces críticas. Un informe elaborado en 2004 por el Centro de Estudios Laborales y Sociales (CELS) planteaba que “la implementación del Plan podría provocar la creación de un aparato de seguridad gigante, con controles débiles, y un sistema penal que gira únicamente en torno a la privación de libertad anticipada a la condena, sobrecargado, con más presos pobres y mayor debilitamiento de las garantías constitucionales”.

“El Programa de Justicia estaba terminado a fines de 2003 -recordó Rodríguez Varela-, pero Kirchner no se hacía cargo de los programas y no los recibió hasta el asesinato de Axel Blumberg (N. de R.: ocurrido en marzo de 2004). El Plan incluía leyes, decretos y resoluciones ministeriales, que algunos fueron aprobados, pero las reformas de fondo se abandonaron cuando Béliz dejó el Ministerio”, concluyó.