Los reclamos ante el CIADI

Luego de la aprobación de la ley de emergencia, el equipo económico liderado por el ministro Jorge Remes Lenicov desdolarizó y desindexó las tarifas a valor dólares de los servicios públicos para evitar que la inflación tornara ineficaz la devaluación. Además, se creó una comisión para analizar la revisión y readecuación financiera.

“Las empresas pretendían mantener las tarifas en dólares e indexadas, algo insostenible en términos económicos y sociales, ya que habría provocado un total descalabro por la triplicación de los valores, y entraba en franca contraposición con cualquier intento de modificar los precios relativos para ganar competitividad”, recordó a Chequeado.com Remes Lenicov.

Además, el economista agregó: “Las empresas argumentaron que se cambiaron las reglas de juego y en consecuencia se afectaban sus inversiones. Pero la decisión sobre el tipo de cambio fue una decisión soberana y fue apoyada por el Congreso; también lo fue la eliminación de todo tipo de indexación hacia futuro. También dijeron que hubo discriminación, pero no es sustentable porque el nuevo tipo de cambio, la pesificación y la desindexación rigieron para todas las actividades.”

Junto con la introducción de las retenciones, la pesificación forzosa de las tarifas llevó a las empresas privadas -el sector más rentable de la economía en ese momento- a reclamar ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones), que es el organismo internacional encargado de juzgar la ruptura de los contratos con el Estado, y al que la Argentina se había adherido por ley recién en 1994.

“Se trataba de juicios que sumaban casi 20 mil millones de dólares y que lentamente comenzaron a resolverse, a partir de 2005, con la renegociación de algunos contratos de privatización o con su desistimiento por parte de las propias empresas”, explica el historiador Mario Rapoport en su libro “Historia política, económica y social de la Argentina (1983-2003)”.

Sin embargo, algunos reclamos de privadas se sostienen hasta la actualidad. Esas empresas son justamente las que no tuvieron posibilidades de desarrollar nuevos negocios en otros segmentos de la industria que no estaban regulados en 2001. El caso del desarrollo de la telefonía celular, por ejemplo, provocó que Telefónica y Telecom desistieran de su reclamo ante el organismo internacional.