Carla Carrizo: “El 10% del presupuesto total de Salud debe estar destinado a salud mental. Ninguno de los 9 presupuestos pasó el 3%. En 2022 es 1,47%”

A raíz de una nota publicada en el diario La Nación sobre “el aumento de los intentos de suicidio, las autolesiones y las internaciones de adolescentes”, la diputada nacional por Juntos por el Cambio Carla Carrizo publicó un hilo de Twitter en el que señala que estos casos seguirán aumentando si no se modifican ciertas políticas actuales vinculadas con la salud mental.

“Cumplir con la ley: el 10% dl presupuesto total d salud destinado a s. mental. Ninguno d los 9 presupuestos pasó el 3%, en 2022 es 1,47%” (sic), escribió Carrizo.

Esto es verdadero. Desde la sanción de la Ley de Salud Mental, en el país no se cumple con el mínimo presupuestario establecido. Desde 2012 el presupuesto destinado a salud mental nunca superó el 3%. Además, si bien el proyecto de Ley Nacional de Presupuesto 2022 no se aprobó, según los especialistas el porcentaje era del 1,48%.

El Gobierno nacional informó la duplicación del presupuesto actual, pero hasta el momento se trata de un anuncio.

Qué dice la ley 

La Ley Nacional de Salud Mental fue sancionada en 2010, durante el primer gobierno de la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner (Frente para la Victoria).

Según la Ley 26.657, en un plazo no mayor a 3 años desde su sanción, el Poder Ejecutivo debía destinar el 10% del gasto total de salud a salud mental, y procurar que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adoptaran el mismo criterio (ver artículo 32).

Sin embargo, al igual que señala Carrizo en su tuit, esta obligación está lejos de cumplirse. Chequeado se comunicó con la diputada nacional, quien dijo: “Los datos los elaboramos sobre los presupuestos y chequeamos la información con la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que tiene un área específica sobre el tema”.

El presupuesto está lejos del mínimo legal

La ACIJ, en sintonía con la afirmación de Carrizo, señala que la suma de los recursos destinados a los 2 hospitales monovalentes en salud mental (Colonia Montes de Oca y Laura Bonaparte), de la actividad de “Apoyo y Promoción de la Salud Mental” del Ministerio de Salud de la Nación y de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación (Sedronar), desde 2012 nunca superó el 3%.

“Estas 4 entidades son las que analizamos anualmente desde ACIJ ya que pueden identificarse en el presupuesto nacional. No obstante, existen recursos destinados a salud mental que no están desagregados y que, por lo tanto, no pueden analizarse. Igualmente, no son montos significativos que alteren demasiado el porcentaje”, explicaron desde la ACIJ a Chequeado.

Y agregaron: “En relación con el 2022, no tenemos un análisis actualizado ya que nuestro último informe se realizó en base al Proyecto de Ley Nacional de Presupuesto que no se aprobó. Sin embargo, el porcentaje que nos había arrojado el cálculo era del 1,48%”.

Además, como señala el gráfico a continuación, en el presupuesto vigente, el de 2021, el porcentaje destinado a salud mental es 1,27%, el más bajo del análisis desde 2012, según datos brindados por la ACIJ.

Último anuncio del Gobierno nacional

Por último, el 25 de abril último, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, junto con la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, presentaron un plan de abordaje de los problemas psíquicos post pandemia de los argentinos.

Dentro de las medidas comunicadas en el marco de la Estrategia Federal de Abordaje Integral de la Salud Mental, se informó la “duplicación del presupuesto actual con un fondo extraordinario de $ 4 mil millones”.

“Esto implicaría una variación del presupuesto actual, pero por el momento no podemos corroborarlo por tratarse de anuncios muy recientes”, señalaron a este medio desde la ACIJ.

Por lo tanto, la afirmación de la diputada Carrizo es verdadera, ya que ninguno de los Presupuesto elaborados desde 2012, cuando entró en vigencia la Ley de Salud Mental, alcanzó el piso mínimo del 10% de partidas destinadas a salud mental, que establece la propia norma.