Cobos: “El 85% de los detenidos no terminó los estudios primarios”

“Sin estigmatizar, debemos reconocer que el 85% de los detenidos no terminó los estudios primarios”, declaró el candidato a diputado nacional de Mendoza por la UCR, Julio Cobos, durante una visita a Buenos Aires. Así, se refirió a la relación entre la educación y el delito.

El porcentaje de personas privadas de su libertad que no finalizó la primaria está lejos del mencionado por Cobos. Pese a esto, el número mencionado por el candidato mendocino coincide con los presos que no terminaron los ciclos de educación obligatorios, que alcanzan al Secundario.

El último informe anual con estadísticas oficiales de la Subsecretaría de Política Criminal es de 2011, y muestra que el 33% de los detenidos no había terminado el primario. El porcentaje incluye un 5% que no había accedido a ningún nivel de instrucción, y un 28% que tenía estudios primarios incompletos. Esta cifra no varió respecto de 2010.

Mendoza, por su parte, presenta un panorama similar al nacional: en 2011, un 6% no tenía ningún nivel de instrucción y un 26% no había terminado el Primario (es decir que había un 32% sin el Primario completo).

Además, en 2011 casi 9 de cada 10 personas detenidas no había terminado la escuela secundaria, tanto a nivel nacional como en Mendoza. La Ley 26.206 estableció en 2006 la obligatoriedad del Secundario. Al ser consultado por Chequeado.com, el equipo de Comunicación del candidato a diputado expresó que Cobos se refería a este último caso.

“No hay una relación directa entre el grado de estudio y el delito en general. A cada clase social, nivel de educación y edad le corresponde un tipo de delito distinto”, precisó Gabriel Kessler, sociólogo especializado en Seguridad y profesor de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

“Lo que pasa es que los delitos que más preocupan a la opinión pública, y son objeto de mayor persecución, son los delitos urbanos, muchos de los cuales ocurren en el espacio público. Estos delitos requieren menos contactos o capitales que, por ejemplo, delitos más organizados protagonizados por sectores más altos de la sociedad. En tal sentido, en la distribución por clase y edad casi todos los países suelen tener un protagonismo mayor de estratos más bajos“, agregó el especialista.

Carolina López, investigadora del Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales (CEDLAS) de la UNLP, realizó su tesis de Maestría en Economía acerca del “Efecto de la Educación sobre el Delito”. Allí, menciona que “tanto en el corto, mediano o largo plazo, el hecho de extender el acceso a la educación a la mayor población posible, proveerá a los individuos mejores oportunidades en el mercado laboral, y por ello se espera una reducción en la incidencia de los delitos”.

No obstante, López coincide con Kessler al decir que  no se descarta “el hecho de que un mayor nivel educativo puede aumentar el retorno de cometer ciertos delitos más sofisticados, por ejemplo fraudes económicos”.

López en su trabajo analiza un caso concreto, que es la aplicación de la Ley Federal de Educación de 1993, que elevó los años de educación obligatorios de 7 a 10 años. “La introducción de esta reforma ocasionó caídas significativas en el total de delitos denunciados y los delitos contra la propiedad en particular”, mientras “no se encontró evidencia del impacto de la reforma sobre los delitos contra las personas y los homicidios dolosos”, afirma la investigadora.

“Hay lo que se llama la selectividad del sistema penal, y en ese sentido las cárceles están pobladas de jóvenes pobres”, concluyó Kessler.

Del derecho al hecho

La Ley 26.695/11, de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, estableció que “todas las personas privadas de su libertad tienen derecho a la educación pública”. Como estímulo educativo proporcionó un parámetro para reducir las penas de acuerdo a la finalización de los niveles de estudio.

En 2011, el año de sanción de la norma, más de la mitad no estaba incluído en ninguno de los programas de este tipo. Sobre el nivel primario/EGB, un 20% de los detenidos a nivel nacional participó del programa educativo para finalizarlo.

“No existe un estudio serio y contundente sobre la reincidencia de los presos que estudian”, había señalado Alcira Daroqui, directora del Centro de Estudios Penales del Instituto Gino Germani y ex coordinadora de la carrera de Sociología en el Programa de Estudio de la UBA en las cárceles federales (UBA XXII), aunque destacó que lo que existe son intuiciones sobre los efectos positivos de este tipo de programas.