Dujovne, sobre la Ley de Emergencia Tarifaria: “[Tiene] un costo fiscal enorme: 115 mil millones de pesos”

“La oposición pretende votar hoy una ley con un costo fiscal enorme: 115 mil millones de pesos”, publicó ayer en su Twitter el ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne, horas antes de que el Senado aprobara la Ley de Emergencia Tarifaria que finalmente, según comunicó el jefe de Gabinete, Marcos Peña, fue vetada por el presidente, Mauricio Macri. Pero, ¿cuál era el costo fiscal de la medida? Mirá las distintas estimaciones.

El Ministerio de Hacienda de la Nación difundió una estimación de que el costo fiscal de la Ley de Emergencia Tarifaria sería cercano a los $115 mil millones si se tiene en cuenta las tarifas de agua ($5 mil millones), electricidad ($75 mil millones) y gas (casi $35 mil millones). Sin embargo, el cálculo informado por Hacienda contiene dos grandes imprecisiones.

El primer error es que plantea que las tarifas se retrotraen a los valores de abril de 2017, cuando el proyecto planeaba que se llevaran a los valores de noviembre de 2017. Si se toma el caso del gas se ve que difieren las tarifas entre esos meses: según los datos del Ministerio de Energía, en abril de 2017 el millón de BTU llegaba a los US$ 3,8 (los subsidios eran del 45%), mientras que en noviembre de ese año el millón de BTU alcanzaba los US$ 4,2 (los subsidios eran del 38%).

El segundo error del cálculo de Hacienda es que incluye la reducción del IVA (del 21% al 10% para usuarios residenciales y del 27% al 21% para las micro, pequeñas y medianas empresas). Si bien esta propuesta estaba en la versión inicial del proyecto, ya no se encontraba en la versión que votó la Cámara de Diputados y tampoco en el texto que ayer el Senado convirtió en ley y hoy vetó Macri.

Desde el sector de Prensa del Ministerio de Hacienda explicaron a Chequeado que la estimación de $115 mil millones parte de un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso -una nueva dependencia legislativa que tiene entre sus funciones realizar estimaciones del impacto presupuestario de los proyectos de ley-, que calculaba el costo fiscal en $96 mil millones, y que luego de la devaluación de mayo se le ajustó el tipo de cambio por el aumento del dólar.

Sin embargo, ese cálculo estaba basado en el proyecto inicial y no en el que finalmente aprobó -con los cambios nombrados previamente- la Cámara de Diputados. Según un segundo cálculo de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el proyecto aprobado por Diputados que luego el Senado convirtió en ley y Macri vetó tenía un costo cercano a los $65 mil millones, aunque este número no considera todos los ítems que se pretendían modificar.

En este sentido, desde Hacienda sostuvieron que esta nueva estimación de la Oficina de Presupuesto del Congreso deja varias cosas de lado: no considera el agua potable para todo el país; no incluye en el cálculo que para entrar a la tarifa social actualmente se necesita tener ingresos por debajo de dos salarios mínimos ($19.000) y la ley aumentaba el límite a tres salarios mínimos ($28.500); otras expansiones de la tarifa social como clubes de barrio y entidades culturales; tampoco incluía la devolución de lo cobrado de más en lo que va de 2018, que el proyecto sostiene las empresas deberán devolver con pagarés; y, finalmente, está calculado con un dólar a $21, menor a los $25 actuales.

El propio informe de la nueva oficina del Congreso menciona estas limitaciones en la estimación y sostiene que todavía “no se encuentran formalizados los protocolos de acceso a sistemas de información bajo la órbita del Poder Ejecutivo”.