Fondos, policías apartados, SAME y docentes, cuatros chequeos al discurso de Vidal

Fue un discurso más duro que el del presidente de la Nación, Mauricio Macri, ante el Congreso nacional, y tuvo varias frases chequeables. La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, inauguró por tercera vez las sesiones ordinarias de la Legislatura provincial el 1 de marzo último e hizo un repaso de sus dos años de gestión al frente de la Provincia de Buenos Aires.

Los vecinos alcanzados por el servicio SAME, los fondos que aporta la Provincia y los que recibe de la Nación, la cantidad de agentes apartados de la Policía Bonaerense y el poder adquisitivo de los salarios docentes, fueron algunos de los ejes de un discurso que duró casi una hora. A continuación, un chequeo a cada uno de estos temas.

“Hoy el SAME llega a más de ocho millones y medio de vecinos en 43 municipios”

VERDADERO

La Gobernadora bonaerense se refirió al servicio SAME de la Provincia, similar al que existe en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En agosto de 2016 este programa se creó por decreto y se invitó a los 40 municipios bonaerenses que conforman junto con la Ciudad el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) a adherir al servicio de asistencia gratuita las 24 horas “a toda persona sin distinción de edad, con o sin cobertura médica, que se encuentra en situación de emergencia en vía pública”.

De acuerdo con datos oficiales informados a este medio, este servicio ya se encuentra funcionando en 43 de los 135 municipios bonaerenses, en donde en la actualidad viven 8,6 millones de habitantes, según las proyecciones poblacionales de la Provincia.

Antes de la implementación del SAME, cada municipio se ocupaba de proveer su servicio de emergencias. Esto se veía reflejado en diferencias regionales en la oferta de asistencia prehospitalaria y en falta de coordinación entre los distintos niveles del sistema de salud, señala un informe de la Universidad Isalud, fundada por Ginés González García, ministro de Salud de la Nación entre 2002 y 2007.

Los partidos que adhieren al servicio reciben del Gobierno provincial una cantidad de ambulancias proporcional a su población y un subsidio para contratar personal. Ese subsidio se va a ir retirando progresivamente. Por su parte, los gobiernos locales son responsables de los gastos de combustible y seguro, informaron desde el equipo de Vidal a Chequeado.

“De todas las provincias del país la nuestra era la única que recibía la mitad de lo que aportaba”

EXAGERADO

La Provincia generó en 2016 (último año con cifras oficiales disponibles) el 39% de la recaudación nacional, según datos del Ministerio de Economía bonaerense enviados a Chequeado. Y ese año el territorio bonaerense recibió el 18% de la masa coparticipable que la Nación distribuyó entre las provincias. Es decir que la Provincia recibió menos de la mitad de lo aportado, algo que también ocurría durante la gestión de Daniel Scioli.

Si bien la provincia liderada por Vidal es la que más fondos aporta a la economía argentina, no es la única jurisdicción que recibe por coparticipación menos de lo que aporta. Lo mismo ocurre con las provincias patagónicas, como Chubut, Neuquén y Santa Cruz, pero -aún teniendo en cuenta que muchos impuestos se cobran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sin ser resultado de la actividad económica- local la diferencia más grande se da en la Capital Federal: en 2016 aportó $220 mil millones, un 17% de la recaudación nacional, y recibió por coparticipación casi $28 mil millones, un 5% del total (tres puntos menos de la mitad).

La pérdida de la Provincia se fundamentaba en la falta de actualización de los recursos que recibía por el Fondo del Conurbano Bonaerense, que se encontraba congelado desde 1995, explicó en este chequeo Guillermo Giussi, ex economista de la consultora Economía & Regiones y actual director nacional de Relaciones Fiscales del Ministerio de Interior de la Nación. Esto provocaba que otras jurisdicciones recibieran más recursos que el territorio bonaerense por un fondo que había sido creado para financiar obras de carácter social en la Provincia de Buenos Aires.

En noviembre último, la Nación y las Provincias (excepto San Luis) firmaron un Pacto Fiscal donde acordaron compensar al territorio bonaerense por $21 mil millones en 2018 y $44 mil millones en 2019. “Esta compensación se instrumentará mediante transferencias diarias y automáticas de aportes no reintegrables del Tesoro Nacional y se actualizará, desde 2020, con base en la inflación”, detalla el acuerdo que fue destacada por Vidal durante el discurso.

“Tenemos (…) más de 600 [agentes policiales] que por nuestras denuncias e investigaciones terminaron en la cárcel”

EXAGERADO

Desde la llegada de Vidal a la Gobernación en diciembre de 2015 hasta el 27 de febrero último, se iniciaron más de 20 mil sumarios a efectivos de la Policía Bonaerense, según datos del Ministerio de Seguridad bonaerense provistos a este medio. Los sumarios administrativos son investigaciones internas, previas al proceso judicial, para determinar si los policías cometieron faltas y/o presuntos delitos.

Del total de efectivos investigados, según las cifras oficiales, más de nueve mil fueron apartados de la fuerza, 1.663 suspendidos y 611 fueron detenidos. El resto de los sumarios se encuentran en proceso o fueron desestimados. Las detenciones de los uniformados fueron por causas de enriquecimiento ilícito, lavado de activos, narcotráfico y diversos delitos enmarcados en lo que genéricamente se considera “corrupción policial”.

Sin embargo, que los efectivos hayan sido detenidos no quiere decir que permanezcan en la cárcel, como dio a entender la Gobernadora. En agosto último, de los 469 policías que habían sido detenidos, permanecían privados de su libertad 154, es decir el 33 por ciento. Chequeado contactó al Gobierno provincial para acceder a información más actualizada pero hasta el momento de la publicación de esta nota no recibió una respuesta.

El auditor general de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense, Guillermo Berra, justificó en este chequeo que “los 469 son efectivos que después de la investigación de Asuntos Internos fueron detenidos. Lo que pasa después con ellos depende de la Justicia”. Según el Código Procesal Penal vigente en la Provincia, sólo deberían permanecer detenidos los imputados en causas en las que un juez dictó la prisión preventiva por entorpecimiento de la investigación o riesgo de fuga o aquellos que fueron condenados a una pena de prisión de cumplimiento efectivo.

“Con y sin cláusula gatillo los salarios docentes (…) de la Provincia equipararon la inflación en los [últimos] dos años”

ENGAÑOSO

Desde el sector de Prensa de la Gobernación explicaron a este medio que en 2016 la inflación fue del 36,6% (según una medición propia del Banco Central) y por paritarias le dieron un aumento del 34,6%, sin cláusula gatillo (es decir, aumentos que se disparan si se supera determinado techo inflacionario). Además, aclararon que en 2017 la inflación fue del 25% y el aumento alcanzó el 27,5%, incluyendo la cláusula gatillo y una recomposición por la pérdida de 2016.

Si se analiza la variación del salario docente entre enero de 2018 -último dato disponible de inflación- y se lo compara con los dos años atrás a los que hizo referencia la Gobernadora (enero de 2016), efectivamente hubo un crecimiento del salario real del 3 por ciento. Esta cifra surge de cálculos propios de Chequeado al considerar el IPC del Banco Central que toma como referencia la Provincia hasta mayo de 2016, cuando se republicó el IPC del INDEC.

Más allá de esto, si se analiza toda la gestión de Vidal en la Provincia de Buenos Aires, los docentes sí tuvieron una pérdida en su salario real: la caída ronda el 4% entre noviembre de 2015, último mes de la gestión de Daniel Scioli como gobernador bonaerense, y diciembre de 2017. Si se compara noviembre de 2015 y enero de 2018, la baja es aproximadamente del 5 por ciento.

Además, si se toma el promedio anual, el salario real de 2017 sigue por debajo del de 2015. Según la misma estimación de Chequeado, en 2017 el promedio del salario docente bonaerense seguiría un 2% por debajo del promedio anual de 2015.