Giustiniani: “Tenemos las tarifas más caras del mundo”

“Tenemos las tarifas más caras del mundo”, aseguró el senador por el Partido Socialista, Rubén Giustiniani, quien volvió a presentar este año un proyecto para prohibir el ajuste automático de las tarifas de teléfonos móviles por parte de las empresas y el establecimiento de audiencias públicas obligatorias.

El nuevo proyecto de ley de telecomunicaciones presentado el miércoles último por el Gobierno nacional permite que las telefónicas fijen “libremente sus precios”, pero también deja abierta la posibilidad a que éstos sean regulados por el Estado, que según explicó el secretario de Comunicaciones, Norberto Berner, sólo se aplicará en los “precios mayoristas” (no los que pagan los usuarios finales).

La Argentina está entre los cinco países donde el costo promedio del minuto de comunicación celular es más caro, según el último Reporte Global de Tecnologías de la Información del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés). El informe posiciona al país en el puesto 141 sobre 144 (hay cuatro países para los que no existen datos), y calcula el precio en dólares en base a datos de 2012 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) medidos en términos de Paridad de Poder Adquisitivo (PPA), es decir que toma en cuenta el poder de compra en cada país.

Por delante de la Argentina sólo se ubican Bulgaria, Chad y Nicaragua. Cerca quedó Brasil (puesto 140); pero todos los demás países sudamericanos están por debajo (ver ranking).

Las compañías locales de telefonía móvil cuestionaron el informe del WEF ya que -argumentaron- no considera promociones que reducirían el gasto de los consumidores. Al respecto, el especialista en telecomunicaciones e investigador del Conicet Hernán Galperín precisó que la diferencia entre precios nominales y reales existe en todos los mercados.

Además, señaló a Chequeado que “lo que sí es cierto es que parte de la tarifa se la lleva el propio Estado en concepto de impuestos”, lo que explicaría una de las razones del nivel de las tarifas de telefonía celular en nuestro país. “Pero desde el punto de vista del consumidor eso es indiferente”, agregó el también director del Centro de Tecnología y Sociedad de la Universidad de San Andrés.

El pago de impuestos en telefonía móvil sólo es más alto en Brasil que en la Argentina, según un informe difundido por la Asociación GSM (GSMA), una asociación comercial mundial que representa a más de 700 operadores de telefonía móvil. Se llega a ese resultado al sumar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y otros más específicos que los consumidores pagan por el uso de servicios como llamadas, SMS y servicios de datos.

Entre otros factores para explicar el alto precio de la telefonía, el especialista sumó a los impuestos las tarifas que se pagan entre operadores móviles, como los cargos de terminación de llamadas, parte de los llamados “precios mayoristas” que existen en el mercado.

“Las tarifas mayoristas refieren a las que se pagan entre operadores en materia de interconexión y, como establece el proyecto, desagregación del bucle (es decir, por el uso de las redes existentes por parte de operadores minoristas)”, explicó Enrique Carrier, analista de mercado especializado en telefonía celular y titular de la consultora Carrier y Asociados.

En este sentido, Galperín destacó: “Los cargos de terminación entre operadores (es decir lo que un operador cobra por completar una llamada que se origina en la red de otro operador) son altos, y el Gobierno no estuvo activo para reducirlos, como sí hicieron muchos otros países de la región”.

El segundo párrafo del artículo 48 del proyecto de ley mencionado refiere a este punto. Lo confirmó el secretario de Comunicaciones de la Nación, Norberto Berner, en una entrevista en Página 12: “No se está pensando en exigir una autorización previa para cualquier aumento de precios ni en armar un esquema tarifario (…). Lo que hay que hacer es contener el precio mayorista para después poder observar si existen distorsiones. Ese fue el espíritu y en ese sentido se elaboró el segundo párrafo del artículo”.

Gustavo Fontanals, especialista en Telecomunicaciones, politólogo e investigador de la Universidad de Buenos Aires (UBA), señaló en una columna publicada en el sitio Bastión Digital que el nuevo proyecto de telecomunicaciones “reincorpora otra serie de medidas regulatorias que ya están presentes en la normativa por el Decreto 764/00, como las obligaciones de interconexión entre prestadores y de desagregación del bucle final o del abonado a precios regulados. Medidas que, remarquemos, han tenido una aplicación precaria o nula por más de una década, bajo la propia decisión del Gobierno”.

Fontanals además criticó que “el proyecto no avanza en una definición concreta de cómo se implementarán y qué grado de alcance tendrán esas medidas, lo que se deja a su reglamentación posterior por parte de la Autoridad de Aplicación, y en eso se juega buena parte de su eficacia”.