Gómez Alcorta, sobre el plan contra la violencia de género: “En 2019 tenía presupuestado $ 67 millones y se ejecutaron 17 millones”

En una entrevista con el diario La Nación, la titular del nuevo Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, se refirió a las medidas políticas necesarias para combatir la violencia de género y dijo: “Hacen falta presupuesto y decisión política. Durante mucho tiempo hubo políticas focales, que no han sido prioritarias. Un ejemplo: el plan nacional contra la violencia por razones de género. En 2019 tenía presupuestado $ 67 millones y se ejecutaron $ 17 millones”.

Lo mencionado por la funcionaria coincide parcialmente con los fondos y la ejecución de una actividad presupuestaria que dependía del Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), pero no con todo el presupuesto destinado al plan contra la violencia de género, como el que ejecutó el Ministerio de Justicia para la compra de tobilleras, que es mayor al mencionado por la ministra. Si bien hay registros de otros gastos que se destinaron al plan, no se puede conocer la totalidad de los montos destinados.  

El “Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 2017-2019” fue presentado en julio de 2016 por la administración de Mauricio Macri. Este da cumplimiento a la Ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres, sancionada en 2009, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Según la Ley de Presupuesto de 2019, el plan nacional tenía asignados $ 62 millones para ser ejecutados por el INAM. A diciembre de 2019, el presupuesto vigente era de $ 17,4 millones, es decir que a través de reasignaciones presupuestarias se le quitó la mayoría del presupuesto. Pero la situación fue aún peor: de acuerdo con datos del sitio Presupuesto Abierto, del Ministerio de Hacienda de la Nación, para diciembre del año último se habían ejecutado $ 4,4 millones, un 7% de lo presupuestado inicialmente y un 25% del vigente. 

Si bien el INAM era el encargado de coordinar el plan, también existían otras carteras responsables que debían llevar adelante distintos tipos de acciones, como las de Salud, Educación, Interior y Desarrollo Social, entre otras.  

Chequeado se contactó con el equipo de Comunicación del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad para preguntar si Gómez Alcorta se refería al total del presupuesto del plan o a lo correspondiente al INAM pero, hasta el momento de la publicación de este chequeo, no recibió respuesta.

Un plan con acciones de varios organismos, pero sin información diferenciada

De acuerdo con un comunicado enviado a este medio por la entonces presidenta del INAM Fabiana Tuñez, “el instituto abrió en 2019 una línea presupuestaria específica para el seguimiento de las acciones prioritarias del plan que lo tienen como organismo responsable principal”, pero además agregó que “esto no implica que la totalidad de las acciones del plan se financien a través de la mencionada partida toda vez que el plan involucra acciones de otros ministerios que se implementan y financian a través de cada cartera”.

El organismo destaca, por ejemplo, que “las acciones contempladas en el Plan ‘Fortalecer y perfeccionar mecanismos de protección para mujeres en situación de violencia con medidas cautelares’, que involucra la adquisición y distribución de tobilleras electrónicas, corresponden al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, quien financia desde su presupuesto la implementación de la medida”.

El INAM hizo público su monitoreo del plan a través de la plataforma Trello, donde distintos organismos rindieron cuenta de su cumplimiento. Al momento de la publicación de esta nota, los datos más actualizados eran del primer semestre de 2019. 

En estos documentos figuran gastos por más de $ 130 millones durante el último año, que responden principalmente a la compra de tobilleras por parte del Ministerio de Justicia, y a una nueva central telefónica para la Línea 144, por parte del INAM. Este medio preguntó a Túñez por qué esa compra no figura en la ejecución presupuestaria específica del plan, pero hasta el momento de la publicación de este chequeo no recibió respuesta.

Un informe de monitoreo del plan realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señaló que “los diferentes organismos no establecieron compromisos a nivel presupuestario para la ejecución de las acciones asignadas por el plan” y que “tampoco se realizó un trabajo de estimación del valor monetario que podrían suponer dichas acciones”. En este sentido, destaca: “Por tanto, durante el ejercicio de recolección de información sobre los avances del plan, se sugirió a los diferentes organismos que reportaran el presupuesto ejecutado para cada acción durante el periodo de reporte”.

El análisis, además, agregó: “La realidad de la mayoría de los organismos es que no cuentan con una línea presupuestaria propia con montos diferenciados para las acciones de género, por lo que no les resultaba evidente qué monto reportar”.

La construcción de refugios y las iniciativas con perspectivas de género

En el diseño original del plan se fijó un presupuesto de $ 750 millones para los años 2017, 2018 y 2019. Cada año se comprometían aproximadamente $ 50 millones para gastos en personal, la creación de áreas específicas y su equipamiento, entre otros ítems. Además, se fijaban $ 600 millones, la mayoría de sus fondos, para la construcción de 36 Hogares de Protección integral, conocidos como “refugios” para víctimas de violencia de género.

Como se detalló en esta nota de Chequeado, publicada en septiembre de 2018, se hicieron 9 refugios, varios de los cuales eran proyectos iniciados durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. En una respuesta a un pedido de acceso a la información, el Ministerio del Interior y Obras Públicas de la Nación respondió en noviembre último que estaba construyendo otros 3 hogares de protección integral en Junín, La Plata y Quilmes, localidades de la Provincia de Buenos Aires, los últimos 2 con un avance físico declarado menor al 3%.

Por otro lado, el Presupuesto 2019 contó con actividades identificadas como Presupuesto con Perspectiva de Género (“PPG”) para permitir el seguimiento de diferentes iniciativas. 

En septiembre último, la Oficina de Presupuesto del Congreso publicó un informe sobre la ejecución de estas actividades. En su análisis, señaló que el gasto en estas actividades “se encuentra concentrado en iniciativas que buscan reforzar la autonomía económica de las mujeres mediante transferencias monetarias directas y que privilegian la condición de madres de las destinatarias”. La Asignación Universal por Hijo, la pensión no contributiva para madres de 7 hijos o más, y el programa Hacemos Futuro Juntas representan el 98% del gasto “PPG”.

De acuerdo con la información disponible en el sitio Presupuesto Abierto, la ejecución de estas actividades a diciembre representaba un 92% de su crédito vigente, es decir que efectivamente estaba disponible después de reasignaciones presupuestarias. 

Sin embargo, este porcentaje esconde deficiencias en la ejecución de algunas carteras. A fin de año, la mitad de las actividades tenían porcentajes de ejecución menores al 60% de su presupuesto vigente, como las “acciones del registro de casos de violencia contra las mujeres”, que dependía del INDEC, o las “acciones por la equidad de género” que dependía del Ministerio de Seguridad. 4 actividades identificadas como “Presupuesto con Perspectiva de Género” tuvieron una ejecución del 0% de su presupuesto: Acciones del Programa Hacemos Futuro Juntas (Salud), Impulso a Políticas Preventivas Sistemáticas, Sensibles al Género, Integradas y no Discriminatorias (Trabajo), Acciones por la Equidad de Género (Prefectura Naval), Acciones vinculadas al Achicamiento de la Brecha entre Género (Cancillería).

Por lo tanto, lo que dijo Gómez Alcorta es insostenible porque no hay datos suficientes para chequear la ejecución total del presupuesto del plan nacional contra la violencia de género.