Javier Milei y su promesa a 2 años como presidente: “Vamos a priorizar la lucha contra el narcotráfico”

En la plataforma electoral presentada en 2023 por La Libertad Avanza, el entonces candidato y hoy presidente Javier Milei prometió darle “especial atención a la lucha contra el narcotráfico”. Lo mismo se puede leer en el Plan de Gobierno que su partido envió a Chequeado ese año.

A 2 años de asumir como presidente, esta promesa se encuentra “en proceso, adelantada”. El Gobierno presentó una reforma penal que endurece penas contra el narcotráfico y logró aprobar la ley antimafias. Los homicidios vinculados a economías ilegales en Santa Fe se mantienen en mínimos históricos, aunque aumentaron levemente. El presupuesto destinado a la lucha contra el narcotráfico bajó en términos reales en 2025.

Según la metodología de Chequeado, una promesa se encuentra “en proceso, adelantada” cuando “se tomaron parte de las medidas necesarias y se trabajó para lograr la promesa, aunque todavía no está cumplida”.

Aumento de penas por narcotráfico en la reforma penal

El Gobierno anunció una reforma integral del Código Penal y adelantó que enviará el proyecto de ley al Congreso en las sesiones extraordinarias de diciembre de 2025. 

Según el anuncio que hizo la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich el 1 de diciembre de 2025, entre los puntos principales, se encuentra la imprescriptibilidad de delitos “gravísimos”. Esto implica que, si la reforma se lleva a cabo, los delitos más graves ya no prescribirán: homicidios, abusos sexuales, trata de personas, narcotráfico y crímenes de lesa humanidad. Actualmente, sólo los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. 

La reforma también agrava las penas por narcotráfico. Plantea que se mantengan las penas base de 4 a 15 años establecidas en la Ley 23.737, pero se eleva el máximo de 20 a 25 años para organizadores del tráfico internacional. Además, se crean figuras autónomas para precursores químicos, opioides sintéticos y sustancias especialmente peligrosas, y se habilita el decomiso anticipado de bienes en casos de terrorismo, narcotráfico y corrupción.

El Gobierno impulsa una ley antimafias

En febrero de 2025 y por iniciativa del Ejecutivo, el Congreso aprobó la Ley 27.786, conocida como “ley antimafias”. El objetivo, según indica el texto, es “brindar al Estado herramientas útiles en materia de investigación y sanción de las organizaciones criminales”.

Define como organizaciones criminales “a los grupos de tres o más personas que durante cierto tiempo, en áreas geográficas determinadas y bajo ciertas modalidades operativas, actúan concertadamente con el propósito de cometer delitos especialmente graves”, como los previstos en las leyes de drogas, corrupción, lavado de dinero y trata de personas.

La ley incorpora nuevos delitos al Código Penal para perseguir organizaciones criminales. Uno de ellos establece penas de 8 a 20 años de prisión para quien participe en una organización dedicada a cometer delitos graves como narcotráfico, entre otros. También faculta a los fiscales federales y al Ministerio de Seguridad a solicitar que una zona sea declarada bajo “investigación especial” con autorización judicial. 

Suba de homicidios en Santa Fe y Rosario, pero siguen en sus mínimos históricos

En abril de 2025, la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich anunció que Rosario sería la primera ciudad en ser declarada “zona especial” bajo la nueva ley antimafias, que “permitirá juzgar a los integrantes de una organización criminal por el conjunto de los delitos cometidos por la banda, sin importar su rol individual dentro de la estructura”, según el comunicado oficial.

En diciembre de 2023, Bullrich había presentado el “Plan Bandera”, que implicó el desembarco de 1.800 efectivos de fuerzas federales en la provincia de Santa Fe, especialmente en Rosario, la ciudad más afectada por el narcotráfico y los homicidios. 

De acuerdo con el informe del Observatorio de Seguridad de Santa Fe, en los primeros 10 meses de 2025 se contabilizaron 170 víctimas de homicidios en la provincia. Esto es 22 homicidios más que el mismo período del año anterior. Sin embargo, la cifra se mantiene por debajo de los récords de 2017 (237 homicidios) y 2014 (375). 

En Santa Fe, “en términos absolutos, en lo que va de 2025 la cantidad de víctimas en contextos de organizaciones criminales o economías ilegales se ubica dentro de los registros más bajos de toda la serie temporal, idéntico al de 2015 y solo por encima del de 2024”, explica el informe. 

El 43,8% de las muertes registradas sucedieron en contextos de “economías ilegales u organizaciones criminales”, frente al 58,1% de 2023. Esta categoría suele asociarse a la presencia de bandas narco en el territorio. Sin embargo, antes de 2020 esos porcentajes eran más bajos, variando del 22% al 42%. 

Chequeado consultó al Ministerio de Seguridad y a la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico sobre la continuidad del Plan Bandera, y sobre estadísticas de la ley antimafias, pero no obtuvo respuestas. 

Jerarquización de la lucha contra el narcotráfico, pero baja en el presupuesto

Con el inicio de la gestión de Milei, la lucha contra el narcotráfico volvió a convertirse en secretaría dentro del Ministerio de Seguridad. Hasta diciembre de 2023, esta función  estaba a cargo de la Dirección Nacional de Lucha contra el Narcotráfico, un organismo de menor jerarquía. Sin embargo, el presupuesto destinado específicamente a combatir este delito mostró una caída real.

Si se mira el presupuesto 2025, existen tres partidas presupuestarias asignadas a la lucha contra el narcotráfico dentro de Seguridad:

• El programa “Servicio de Investigación de Delitos Complejos y Operaciones Antidrogas”, dentro de Gendarmería Nacional;
• En el presupuesto del Ministerio también se encuentra la actividad “Prevención y Conjuración del Narcotráfico”, que depende del Programa de Seguridad Federal;
• Y, por último, el programa “Políticas de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada”. 

Entre los tres programas el Estado nacional asignó $ 154.453,3 de presupuesto en 2025. En 2023 estos mismos programas habían tenido un presupuesto por el equivalente actual de $ 231.337,55. Esto implica una caída del 33% en términos reales.

Por lo tanto, al mirar el aumento de homicidios y la caída en las partidas presupuestarias aún quedan aspectos pendientes. Sin embargo, el gobierno de Milei promueve una reforma penal para atacar este delito y, además, logró aprobar una ley antimafias que endurece las penas.

EN PROCESO, ADELANTADA: se tomaron parte de las medidas necesarias y se trabajó para lograr la promesa, aunque todavía no está cumplida.