Javier Milei y su promesa a 2 años como presidente: “Vamos a reformar varios aspectos de la Ley de Seguridad Nacional”

En uno de los debates presidenciales de 2023, Javier Milei, entonces candidato de La Libertad Avanza, propuso: “Vamos a reformar varios aspectos de la Ley de Seguridad Nacional”. La iniciativa también formaba parte de su plataforma presentada ante la Justicia electoral.

Tras 2 años de gestión, esa promesa está “en proceso, demorada”. El Poder Ejecutivo presentó un proyecto para reformar la Ley de Seguridad Interior, pero la iniciativa no obtuvo dictamen de comisión en la Cámara baja y no fue tratada en el recinto de ninguna de las 2 cámaras, pese a que ya lleva más de un año de su ingreso al Parlamento.

En el primer aniversario de asunción, Chequeado calificó esta promesa como “en proceso, adelantada”, ya que a poco de asumir el Gobierno anunció el proyecto, en agosto lo presentó en el Congreso y en los últimos meses de 2024 fue tratado en comisiones. Sin embargo, desde entonces no registró avances. Por eso, se actualizó la calificación.

Qué es la Ley de Seguridad Interior y qué dispone sobre la intervención de las Fuerzas Armadas

La Ley 24.059 fue sancionada en 1991, durante el gobierno de Carlos Menem (Partido Justicialista), y establece “las bases jurídicas, orgánicas y funcionales del sistema de planificación, coordinación, control y apoyo del esfuerzo nacional de policía tendiente a garantizar la seguridad interior”.

Esta ley, junto a las de Defensa Nacional (1988) y la de Inteligencia Nacional (2001), impide que las Fuerzas Armadas intervengan en seguridad interior. Sin embargo, hay 3 supuestos contemplados en estas regulaciones en los que las Fuerzas Armadas pueden hacerlo:

-En apoyo logístico a través de un Comité de Crisis.

-Ante acciones violentas dentro de una jurisdicción militar.

-En caso de amenaza que supere las capacidades de las fuerzas policiales, previa declaración del estado de sitio por parte del Congreso.

¿Qué pasó con la reforma a la Ley de Seguridad Interior presentada por Javier Milei?

La iniciativa fue enviada por el Ejecutivo en agosto a la Cámara de Diputados y propone ampliar el rol de las Fuerzas Armadas ante la creación de un Comité de Crisis. Cuando un expediente judicial se caratula como terrorismo, el proyecto habilita al Comité a solicitar al Ministerio de Defensa el despliegue de efectivos militares para realizar patrullajes, controles de personas y vehículos, operaciones de control en puestos fijos o móviles, vigilancia de inmuebles y detenciones en flagrancia.

También permitiría que las Fuerzas Armadas utilicen la fuerza bajo los mismos criterios que las fuerzas policiales: de forma “racional, progresiva y proporcional”.

El proyecto fue girado a las comisiones de Seguridad y Defensa Nacional de la Cámara baja y llegó a ser debatido en esos ámbitos, incluso con la presencia de especialistas, pero no obtuvo dictamen y ni llegó al recinto.

“El Gobierno busca evitar el requisito de tener que solicitarle al Congreso de la Nación la declaración de estado de sitio para emplear a las FF.AA. Así, será el propio Ejecutivo quien disponga en forma arbitraria del instrumento militar, el que representa el mayor poder de fuerza del que dispone el Estado, ya no para intervenir contra un ataque exterior como lo dispone la ley, sino para uso interno”, señaló la Fundación Alem.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) remarcó: “Es incomprensible en qué situación de ataque terrorista sería útil que los militares hagan operativos de identificación de personas en las calles”. Y agregó: “Al mismo tiempo, implica una denigración de la función militar. Personas formadas para la defensa de la soberanía deberían ir a la calle a cumplir las tareas policiales más básicas”.

Chequeado consultó a los ministerios de Defensa y Seguridad pero hasta el momento de publicación de esta nota no obtuvo respuesta.

Los cambios realizados por decreto en la Ley de Defensa

La Ley de Seguridad Interior y la Ley de Defensa fueron sancionadas hace más de 3 décadas, pero el marco legal fue reformado desde entonces mediante decretos reglamentarios.

La Ley de Defensa establecía que las Fuerzas Armadas intervenían en caso de una “agresión de origen externo”. Néstor Kirchner (Frente para la Victoria) dictó en 2006 un decreto que estableció que una “agresión de origen externo” era “el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de nuestro país”.

En 2018, Mauricio Macri (Cambiemos) modificó ese decreto y dispuso que las Fuerzas Armadas “serán empleadas en forma disuasiva o efectiva ante agresiones de origen externo contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de la República Argentina, la vida y la libertad de sus habitantes”. Es decir que ya no habilitaba sólo a intervenir en ataques perpetrados por los ejércitos de otros Estados.

En 2020, Alberto Fernández (Frente de Todos) derogó el decreto de Macri y restituyó el de 2006.

A fines de 2024, finalmente, Milei derogó el decreto de 2006, dispuso que los militares no sólo deben actuar ante ataques de Estados de otros países, sino también ante agresiones de organismos paraestatales extranjeros, organizaciones terroristas u organizaciones transnacionales, incorporó la ciberdefensa, el espectro electromagnético y asignó a las Fuerzas Armadas la protección de “objetivos de valor estratégico”.

Por todo esto, la promesa de Milei se encuentra “en proceso, demorada”.

EN PROCESO, DEMORADA: se avanzó poco o nada en las medidas necesarias para cumplir con el compromiso, pero todavía podría lograrse en el resto del período de mandato.