Javier Milei y su promesa: “No vamos a arancelar en el corto plazo la universidad pública”

Durante el debate presidencial de 2023 el entonces candidato y actual presidente Javier Milei (LLA) prometió: “No vamos a arancelar en el corto plazo la universidad pública”. 

A 2 años de asumir como presidente, esta promesa se encuentra incumplida. El Presidente avanzó en la dirección contraria a la prevista: en 2025, introdujo cambios en la Ley de Educación Superior y de Migraciones que permiten a las universidades estatales cobrar aranceles a estudiantes extranjeros con residencia temporaria en nuestro país.

Además, los recursos destinados al sistema universitario disminuyeron. Para no desfinanciar al sistema, según los expertos consultados por Chequeado, los fondos para 2026 deberían ser casi un 51% más que los propuestos oficialmente.

Arancelamiento a estudiantes extranjeros no residentes

En mayo de 2025 se publicó el Decreto 366/2025 que modificó la Ley de Educación Superior y la Ley de Migraciones. Entre sus medidas destacadas, habilita a las universidades y a otras instituciones de educación superior estatal a establecer aranceles para estudiantes extranjeros con residencia temporaria.

La medida no afecta a argentinos ni a residentes permanentes.

“El decreto aplica a todas las universidades nacionales de Argentina, las cuales están habilitadas a cobrar aranceles a estudiantes extranjeros sin residencia permanente. Hasta el momento las actuales conducciones universitarias no han resuelto en sus consejos superiores la implementación de dicha normativa”, señaló el Ministerio de Capital Humano ante la consulta de este medio.   

Chequeado pidió información sobre cuántas universidades y cuántos estudiantes pagan hoy este arancel, pero no tuvo respuestas sobre estos datos específicos hasta la publicación de esta nota.

Lucas Luchilo, magíster en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología (UBA) y ex subsecretario de Evaluación Institucional en la Secretaría de Ciencia durante la gestión de Cambiemos, calificó la medida como “ilegal”. “Según la Constitución, los extranjeros tienen los mismos derechos que un argentino; la educación es un derecho civil y no hay distinción entre extranjeros temporarios y permanentes”, dijo a este medio.

El especialista explicó que hasta el momento ninguna universidad pública aplicó el arancelamiento. “La medida no presenta indicios de acción judicial porque nadie la está aplicando. Esto se debe a que la determinación del universo, saber si un extranjero es residente temporal o no, es difícil”, agregó.  

Javier Curcio, director del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA y quien fue asesor en temas presupuestarios de los gobiernos de Fernando De la Rúa (Alianza), Cristina Fernández de Kirchner (Frente para la Victoria) y Mauricio Macri (Cambiemos), señaló: “No hay implicancias reales con este decreto”. 

Y agregó: “Los cambios migratorios que quieran realizar no cambian el arancelamiento o no de la universidad pública. Y en el caso de que arancelaran la universidad, su impacto en el presupuesto universitario sería insignificante: “(Los estudiantes extranjeros) son el 4% del total de alumnos”. 

Las transferencias a universidades cayeron un 32% en comparación con 2023

En octubre de 2025, el Congreso rechazó los vetos de Milei a la ley de financiamiento universitario, sancionada por los legisladores a fines de agosto y vetada por el Presidente en septiembre. 

La ley actualiza las partidas para el funcionamiento universitario, hospitales universitarios y el área de ciencia y tecnología según la inflación acumulada de 2023 y 2024. Además, prevé actualizaciones bimestrales según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.

A través del Decreto 759/2025, el Gobierno promulgó la ley a fines de octubre, pero postergó su aplicación hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento.

“Lo que plantea el Gobierno es que ningún gasto se puede hacer sin una partida presupuestaria aprobada. Sin embargo, es algo que hizo desde enero de 2024 porque nunca aprobó un proyecto de presupuesto. Es decir, el Congreso le pide lo que viene haciendo: que por decreto asigne el presupuesto”, dijo Curcio. 

Con los fondos previstos para lo que resta de 2025, las transferencias caen un 32,1% en términos reales (es decir, descontando el efecto de la inflación) en comparación con lo ejecutado en 2023. 

El Proyecto de Presupuesto 2026 destina $ 4.872.017 millones a las universidades. Con una inflación proyectada de 10,1% para 2026, esto implicaría una caída real del 1,5% con respecto a 2025. Para evitar el desfinanciamiento del sistema, según los expertos, el presupuesto para 2026 debería ser casi un 51% más que el proyectado oficialmente.

Agustín Claus, investigador y docente de Economía de la Educación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), señaló a este medio que “los estudiantes de  universidades públicas en muchas situaciones no podrían acceder a instituciones de gestión privada debido a los altos costos de la matrícula y la cursada”. 

Curcio agregó: “En términos universitarios hay enormes desafíos. El Ejecutivo es responsable de responder por estos problemas. La cuestión del financiamiento es importante tratarla, pero el Gobierno lo niega desde la motosierra o difundiendo datos erróneos en los medios”. 

Por lo tanto, la promesa de Milei se encuentra “incumplida” ya que su gestión fue en sentido contrario a lo prometido en la campaña de 2023. 

INCUMPLIDA: la promesa tenía un plazo establecido que no se cumplió o los resultados muestran que la situación avanzó en la dirección contraria a lo previsto.