Kicillof: “Hoy hay 49.567 internos privados de su libertad para 24.000 plazas. Ha habido un fuerte crecimiento”

En su discurso ante la Asamblea legislativa bonaerense, el flamante gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se refirió a la problemática de las cárceles en esee distrito. Indicó que, “según las estadísticas”, hay “49.567 mil internos hombres y mujeres privados de su libertad para 24.000 plazas”, “una sobrepoblación notoria” y agregó que “además, ha habido un fuerte crecimiento”.

Días antes de su asunción, en la provincia comenzó una huelga de hambre en las cárceles bonaerenses que llegó a sumar 10 mil internos, según informaron medios nacionales (ver acá y acá). Las personas privadas de su libertad reclaman por mejores condiciones de vida durante su detención y reformas que limiten la prisión preventiva, entre otras demandas.

De acuerdo con datos oficiales, al 29 de noviembre último había 45.641 personas detenidas en cárceles y alcaidías bonaerenses, y 4.109 en comisarías (de acuerdo con información hasta el 31 de octubre último). Esto representa que había 49.750 personas privadas de su libertad, en línea con lo señalado por el ex ministro de Economía.

En relación a la cantidad de plazas, el último informe del Sistema Nacional de Estadísticas Sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) para la Provincia de Buenos Aires registra que en 2018 la capacidad era para 29.388 personas.

El equipo de Comunicación del Ministerio de Justicia de la Provincia, que encabeza Julio Alak, indicó a Chequeado que las plazas son 24 mil y que la diferencia con la capacidad reflejada en el SNEEP se trata de “plazas transitorias”, como por ejemplo, nuevos camastros, que se incorporaron como respuesta inmediata a la sobrepoblación, pero que en su visión no representan una solución edilicia.

Organizaciones como la Comisión Provincial por la Memoria, por su parte, calculan que las plazas efectivamente disponibles son menos de 22 mil.

La “sobrepoblación notoria” a la que hizo referencia Kicillof puede observarse de todos modos. De acuerdo con los últimos datos oficiales disponibles, solo en las cárceles y alcaidías bonaerenses hay más de 16 mil personas por sobre la capacidad declarada.

El microtráfico de drogas

“En los últimos 15 años y, en especial, en el último lustro, hubo un aumento exponencial de las personas privadas de su libertad en toda la Argentina y, particularmente, en Buenos Aires”, señaló a este medio Tobías Schleider, investigador de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) y del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED). En 2014, las personas detenidas eran más de 33 mil y en la actualidad son más de 49 mil. Especialistas señalan que son muchos los factores que explican este aumento.

Schleider consideró que “se llevó adelante una política insensata de perseguir a pequeños actores del microtráfico de drogas, cuya persecución sólo aporta a una apariencia de que ‘se lucha contra el narcotráfico’, pero, en realidad, no altera en absoluto la dinámica de los mercados ilegales subyacentes”.

En relación a las detenciones por la ley de drogas, Diego Gorgal, docente de Política de Seguridad y Justicia de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), advirtió que este aumento también responde a una suba de los delitos.

“La tasa de encarcelamiento correlaciona positivamente con la tasa de delitos. Desde 2005 hay un crecimiento en el mercado doméstico de drogas; desde 2014 una expansión en el mercado regional y también subió el consumo. Hay más encarcelados porque también se están cometiendo más delitos”, indicó el especialista.

Alternativas a la prisión

Otro de los factores señalados como responsables del aumento de la población carcelaria es la falta de implementación de alternativas a la prisión.

Eva Asprella, coordinadora del equipo de Política Criminal y Violencia en el Encierro del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), identificó como uno de estos factores a la “política criminal que encuentra en el encarcelamiento una respuesta al reclamo social de mayor seguridad”.

La especialista hizo referencia a mensajes del entonces presidente Mauricio Macri en los que públicamente cuestionó a jueces por haber dictado excarcelaciones (ver acá y acá) y declaraciones del procurador bonaerense, Julio Conte Grand, en las que cuestionaba “si la libertad condicional es un derecho o una excepción”.

Por su parte, Walter Martello, defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia de Buenos Aires, indicó a este medio: “En la Provincia de Buenos Aires, el nivel de egresos y reincidencia son muy altos; son muchos los reclusos liberados que rápidamente vuelven al sistema”.

“Además, el nivel de crecimiento de la población carcelaria no fue acompañado por una actualización de la infraestructura a la altura de las necesidades, por lo que no sólo no hay muchas más plazas sino que las que permanecen están deterioradas”, agregó el ex legislador provincial por el ARI.

Detenidos en comisarías

La situación precaria de las personas privadas de su libertad en la provincia también se relaciona con la cantidad de detenidos en comisarías, que según el último dato oficial al que accedió Chequeado superan los 4 mil.

Según detalla el informe 2019 del CELS, en las comisarías “no hay luz natural ni ventilación, las celdas están húmedas o inundadas con aguas servidas, los baños tapados, no hay duchas ni agua caliente. Las instalaciones eléctricas son precarias, los cables están expuestos. A esto se le suma el aislamiento colectivo de 24 horas, ya que muchas veces las personas detenidas no salen al patio, ni a realizar ninguna actividad”.

En los últimos años se produjo una profundización de un problema de larga data. “El alojamiento por tiempo prolongado en estos ámbitos es una práctica histórica en la provincia de Buenos Aires, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró ilegal en 2005 en la sentencia del caso “Verbitsky”, porque no cumple con los estándares mínimos. Luego de esa decisión, la cantidad de casos fue disminuyendo hasta su mínimo, en 2012. Desde 2013 esta tendencia se invirtió. El número aumentó un 105% entre ese año y 2018, cuando llegó a un pico en noviembre de más de 4000”, explica el informe en base a datos oficiales.