La promesa de Javier Milei sobre la SIDE: “Vamos a reformar la Ley de Inteligencia”

El entonces candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, prometió “reformar la Ley de Inteligencia” durante el debate presidencial previo al balotaje de 2023. La idea también estaba incluida en su Plan de Gobierno presentado durante la campaña.

Esta promesa se encuentra “en proceso, adelantada”. El Gobierno no envió un proyecto para reformar la Ley de Inteligencia, pero dictó un decreto de necesidad y urgencia que disolvió la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y restableció la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). Este decreto modifica aspectos centrales de la Ley de Inteligencia. Especialistas consultados por Chequeado cuestionan la reforma implementada por el Ejecutivo.

Un DNU que reinstauró la SIDE y cambió el organigrama

A 7 meses de asumir, el Presidente dictó el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 614/2024, que disolvió la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y le devolvió su antiguo nombre: Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

Más allá de la denominación, se modificó el organigrama del organismo, con 4 nuevas dependencias: el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) y la División de Asuntos Internos (DAI). Todas dependen del secretario de Inteligencia, que hasta hace pocos días era Sergio Neiffert y ahora es Cristian Auguadra, quien se desempeñaba como inspector de la DAI.

El decreto también estableció que la SIDE es el organismo rector del sistema, y coordina y controla el presupuesto de las áreas de inteligencia del Ministerio de Seguridad (Dirección Nacional de Inteligencia Criminal) y del Ministerio de Defensa (Dirección Nacional de Inteligencia Militar).

Qué cambió en la Ley de Inteligencia con el DNU

El decreto del Ejecutivo modificó 13 artículos de la Ley de Inteligencia (2001) e incorporó 8 artículos nuevos. Uno de los cambios principales es que se permite que los organismos de inteligencia actúen como auxiliares de la Justicia en los expedientes, aunque aclara que debe ser “excepcionalmente y de manera fundada”. Esto había sido vedado en la gestión de Alberto Fernández (Frente de Todos) porque, según el decreto que lo prohibió, generaba “vínculos espurios” entre espías y jueces.

En esta línea, el DNU dispuso la creación de una fiscalía especializada en inteligencia para cooperar con la SIDE. El Ministerio Público Fiscal (MPF) asignó esta responsabilidad a la Secretaría de Coordinación Institucional.

La Iniciativa para el Control Ciudadano del Sistema de Inteligencia (ICCSI), formada por distintas organizaciones de la sociedad civil, señaló en un informe de 2024 que la intervención de la inteligencia en causas judiciales debe ser excepcional y “sólo cuando sea necesaria la puesta en conocimiento -reporte- de un asunto que podría dar inicio a un caso penal”.

El informe también cuestiona que el DNU “habilita la vigilancia masiva y la interceptación de comunicaciones” directamente por parte de la SIDE y que le otorga a la nueva Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) facultades para interceptar comunicaciones privadas y recolectar, adquirir y procesar “toda información relevante para el Sistema de Inteligencia Nacional” sin detallar a qué se refiere, de qué forma lo haría, bajo qué parámetros y con qué controles.

El Gobierno eliminó también la exigencia de un acuerdo del Senado para el nombramiento del jefe de Inteligencia, requisito que existía para la AFI, aunque durante el gobierno del Frente de Todos los 3 titulares del organismo actuaron en calidad de interventores, sin acuerdo legislativo.

En noviembre de 2024, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que integra la ICCSI, presentó una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el DNU en el Fuero Contencioso Administrativo Federal. Por ahora, la Justicia no resolvió sobre la cuestión de fondo.

El DNU de Milei estuvo acompañado de otro decreto que reglamentó “un nuevo Estatuto para el Personal, un nuevo Régimen de Administración de Fondos y un nuevo Reglamento de Contrataciones de obras, bienes y servicios de la SIDE”. En esa norma, se habilitó la posibilidad de reincorporar personal retirado.

En octubre de 2025, el Gobierno dictó el Decreto 717/2025, que creó el Centro Nacional Antiterrorismo (CNA) dentro de la SIDE con la misión de “integrar, analizar y compartir información entre sus integrantes, diseñar estrategias y establecer criterios de actuación y coordinación eficaces en la lucha contra el terrorismo”.

Y el 5 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial la Política de Inteligencia Nacional, que establece los lineamientos del Presidente de la Nación sobre este área, y delega en la SIDE la elaboración de la “Estrategia de Inteligencia Nacional”.

Chequeado consultó a Presidencia para saber si el Ejecutivo planea enviar al Congreso un proyecto de reforma de la Ley de Inteligencia pero hasta el momento de publicación de esta nota no obtuvo respuesta.

El rechazo a los fondos reservados

El 19 de julio de 2024, Milei dictó el DNU 656/2024, que asignó $ 100 mil millones a la SIDE en gastos reservados, cuyo destino no es público por razones de seguridad. Sin embargo, ese DNU perdió vigencia porque las 2 cámaras del Congreso rechazaron su validez. ICCSI señaló que ese decreto “representó un aumento del 3131% del presupuesto de la SIDE, mediante el cual los fondos reservados pasaron a ser el 75% del total”

El informe de ICCSI señala que “los fondos reservados deben ser sólo para gastos excepcionales cuando su publicidad pueda afectar el normal desarrollo de las actividades de inteligencia, poniendo en riesgo la defensa nacional o la seguridad interior” y que “el resto de las operaciones debe regirse por el presupuesto ordinario”, según el Decreto 331/2023, que está vigente.

Y agregó: “Los fondos reservados han sido utilizados para operaciones de espionaje e inteligencia ilegal, por esta razón, es fundamental mantener su excepcionalidad y posibilidades de control externo”.

Por todo lo expuesto, la promesa de Milei se encuentra “en proceso, adelantada”. El Gobierno de Milei no presentó un proyecto para reformar la Ley de Inteligencia, pero dictó un DNU que disolvió la AFI y restableció la SIDE y reformó varios aspectos de la Ley de Inteligencia que reorganizan el sistema.

EN PROCESO, ADELANTADA: se tomaron parte de las medidas necesarias y se trabajó para lograr la promesa, aunque todavía no está cumplida.