Macri: “Propongo que tengamos un sistema electoral más transparente, con (…) boleta única electrónica”

Durante el debate presidencial con el candidato del Frente para la Victoria (FpV), Daniel Scioli, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, prometió: “Propongo que tengamos un sistema electoral más transparente, con (…) boleta única electrónica”.

El sueño de la boleta electrónica (BUE) impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional está a punto de derrumbarse. El proyecto que el oficialismo envió al Congreso en 2016 para implementar cambios en el sistema de votación, de acuerdo con la promesa que Mauricio Macri hizo durante su campaña presidencial, perderá estado parlamentario a fines de febrero de 2019, dos años y medio después de haber sido aprobado en la Cámara de Diputados y de que el Senado decidiera congelarlo.

El Poder Ejecutivo envió el proyecto al Congreso el 28 de junio de 2016, en plena luna de miel de Macri con el electorado y con un diálogo fluido con la oposición. La iniciativa, elaborada en la Secretaría de Asuntos Políticos que conduce Adrián Pérez, contemplaba cambios en el sistema de PASO, como la imposibilidad del elector de hacer voto cruzado entre diferentes agrupaciones políticas, el cierre de la fórmula solamente a la categoría de presidente -sin presentar candidato a vice-, la paridad de género en las listas y, como punto central, el paso de la boleta de papel a la boleta única electrónica, con chip.

El proyecto fue debatido intensamente en comisiones en la Cámara baja, por donde desfilaron unos 30 expositores, especialistas en informática y transparencia, que en su mayoría advirtieron sobre las vulnerabilidades del sistema propuesto. Referentes como la presidenta de la ONG Transparencia Internacional, Delia Ferreira Rubio, y Julia Pomares, del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), entre otros, desaconsejaron el cambio a la boleta única electrónica y recomendaron la implementación de la boleta única de papel.

El proyecto de ley fue aprobado en el recinto el 19 de octubre de 2016, con 152 votos a favor, 75 en contra y tres abstenciones, sin los cambios que proponía el Ejecutivo para las PASO pero con la paridad de género y la transformación del sistema de votación. El oficialismo contó entonces con el apoyo del Frente Renovador y del bloque Justicialista, que responde a los gobernadores, y fue resistida por el Frente para la Victoria.

La discusión se trasladó entonces al Senado, donde el Ejecutivo esperaba encontrar el acuerdo del peronismo, en espejo con lo sucedido en Diputados. Pero en cuestión de semanas, la reforma quedó hundida. Los senadores del bloque mayoritario del PJ-Frente para la Victoria -que antes del desembarco de Cristina Fernández de Kirchner, a fines de 2017, estaba unido y tenía 42 miembros- empezaron a mostrar resistencias a medida que avanzaban las reuniones de comisión.

El Ejecutivo mantuvo su impulso al proyecto y el Presidente consiguió, a mediados de noviembre, una foto con nueve mandatarios peronistas que le dieron su apoyo. Sin embargo, ese aval no se trasladó a la Cámara alta. Una semana después de reunirse con Macri, los mandatarios provinciales mantuvieron un encuentro con los senadores del bloque PJ-Frente para la Victoria para unificar posiciones. De ese cónclave surgió la decisión de rechazar la ley, que por tratar temas electorales requería de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de la Cámara para ser aprobada. Gobernadores y senadores apuntaron a la “alta vulnerabilidad” de la boleta electrónica.

“La discusión termina acá”, anunció el jefe del bloque Justicialista del Senado, Miguel Ángel Pichetto. El proyecto quedó desde entonces congelado, pese a que el oficialismo intentó, sin éxito, reflotarlo tras el recambio parlamentario de 2017, y volvió a insistir en 2018, aunque sin mayores expectativas, mientras la discusión por los recursos entre la Casa Rosada y los gobernadores, con la elección presidencial cerca, se vuelve cada vez más hostil y dificulta los acuerdos.

Según establece la Ley 23.821, todo proyecto de ley presentado en mesa de entradas, que no obtenga sanción en una de sus cámaras durante el año parlamentario en el que tuvo entrada en el cuerpo o en el siguiente, caduca. Si fue aprobado por alguna de ellas en el término indicado, el plazo se prorroga un año más, por lo que la reforma electoral, ingresada en 2016 y aprobada ese año en la Cámara de Diputados, perderá vigencia el último día de febrero de 2019.

El Gobierno nacional convocó a sesiones extraordinarias para que el Congreso trate algunos proyectos en diciembre de este año. Pero no se incluyó la reforma electoral entre los temas a discutir.

EN PROCESO, DEMORADA: se avanzó poco o nada en las medidas necesarias para cumplir con el compromiso, pero todavía podría lograrse en el resto del período de mandato.