Macri: “[Vamos a desarrollar] Centros de Tratamiento Integral de las Adicciones”

Durante el debate presidencial previo al balotaje, el presidente, Mauricio Macri, se refirió a su política contra las adicciones durante su mandato como Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y prometió: “Centros de Tratamiento Integral de las Adicciones, apoyando a la familia en su conjunto. Esto es algo que tenemos que desarrollar en todo el país”.

Desde la asunción de Macri no se crearon dentro de la Secretaría de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) dependencias con ese nombre.

A nivel porteño existe, bajo la órbita del Ministerio de Salud, el Programa de Prevención, Asistencia y Reinserción Social en Drogodependencia. En la plataforma de propuestas de Cambiemos también se destacaron las tareas de prevención realizadas en la Ciudad: “Acción temprana, asistencia para los chicos y su grupo familiar, integración comunitaria y líneas de atención anónima y gratuita. Para que todos los jóvenes con problemas de adicciones reciban buenos tratamientos”.

En 2016 la Sedronar tuvo un presupuesto de $556 millones. En el presupuesto 2017 que envió el Gobierno nacional al Congreso se asignaron al organismo $739 millones, es decir, un 33% más que este año. Sin embargo, durante el debate legislativo se introdujeron cambios y se le sumaron $170 millones al área, lo que derivó en un presupuesto total de $909 millones. Así, el aumento respecto a 2016 sería superior al 60 por ciento.

El incremento del año anterior había sido muy inferior. En 2015 la Sedronar tuvo fondos por cerca de $490 millones y en 2016 llegó a los $560 millones, sólo un 14% más.

Desde la Sedronar informaron a Chequeado que en el último año la Secretaría tuvo una política activa de contacto con las provincias a través del Consejo Federal para la Prevención y Asistencia de las Adicciones (Cofedro), una instancia que agrupa a la Sedronar y a un representante de cada provincia. Este órgano, sin embargo, ya existía desde antes de la llegada de Macri a la Presidencia, aunque no había tenido tanta actividad como en 2016.

Lo mismo sucede con el Centro de Orientación en Adicciones (Cedecor), que ya existía y se mantuvo desde la asunción de Roberto Moro como titular de la Sedronar en diciembre último.

La Sedronar cuenta con tres alternativas de asistencia y prevención que están distribuidas por todo el país: las Casas Educativas Terapéuticas (CET), los Centros Preventivos Locales de las Adicciones (Cepla) y los Puntos de Encuentro Comunitario (PEC).

Los Ceplas y las CETS tienen como origen el Programa Recuperar Inclusión, lanzado por el kirchnerismo en abril de 2014. Preveía la construcción de 150 Ceplas y 60 Cets con una inversión de casi 2 mil millones de pesos. Durante los dos últimos años de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner el programa recibió menos de lo planificado: $180 millones en 2014 y $35 millones en 2015. En 2016 contó con recursos por $67 millones y las obras, según el jefe de Gabinete, Marcos Peña, quedaron bajo la órbita de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación.

El titular de la Sedronar anunció que no hará distinciones entre estos dos tipos de centros y los unificará en Dispositivos Únicos de Abordaje de las Adicciones. Algunos de los centros inaugurados durante 2016 por la nueva conducción de la Sedronar corresponden a aquel programa lanzado en 2014.

La semana última, en un acto en la Casa Rosada, Macri anunció, junto con Moro y la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, el Compromiso Social Contra las Adicciones, un acuerdo que contó con el apoyo de gobernadores. La iniciativa, sin embargo, no se expresó en una ley o decreto, sino en un acto en el que se anunciaron distintos enfoques sobre prevención, abordaje territorial, tratamiento y otros ejes.

“Fue un acto en el que se anunció un compromiso público, pero esperamos un programa o una ley para ver en qué cosas prácticas se refleja”, describió en una entrevista el padre José María Di Paola, un cura villero que trata temas de adicciones, quien lo interpretó como un paso positivo: “Puede ser el puntapié inicial para una política pública más seria”. Di Paola, como parte de la Pastoral Social, había reclamado a principios de noviembre que se decretara la emergencia en adicciones, pedido que derivó en el compromiso presentado por Moro y Stanley.

Del total presupuestado para 2017 se destacan los fondos asignados al ítem “Asistencia a drogodependientes”, con $290 millones, tres veces y media más que lo destinado a prevención ($80 millones). Esto marca una diferencia importante respecto al presupuesto de 2015, cuando los fondos para prevención superaban a los de asistencia.

EN PROCESO, DEMORADA: se avanzó poco o nada en las medidas necesarias para cumplir con el compromiso, pero todavía podría lograrse en el resto del período de mandato.