Massa: “Un chico de 13 años (…) en la Argentina no tiene ley de víctimas, no puede ser parte del proceso”

La semana última un menor de 13 años tomó un arma de su padre, disparó y mató a un ladrón que había ingresado en la casa y amenazaba a su madre. Al ser consultado sobre el tema en el programa “Cada Mañana” de Radio Mitre, el diputado nacional y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, criticó la “ausencia del Estado” y señaló que el adolescente en un país “como la Argentina no tiene ley de víctimas, no puede ser parte del proceso”.

El actual Código Procesal Penal de la Nación solo garantiza a la víctima de un delito el derecho a ser informada “sobre el resultado del acto procesal”, “sobre el estado de la causa y la situación del imputado” y “acerca de las facultades que puede ejercer en el proceso penal”. Entre estas facultades se incluye el “derecho a constituirse en parte querellante y como tal impulsar el proceso, proporcionar elementos de convicción, argumentar sobre ellos”.

“Hoy las víctimas [mayores y menores con representación] pueden participar del proceso como querellantes en el sistema nacional y en la mayoría de las provincias del país. Sí es cierto que existen problemas de acceso a la justicia, por problemas de falta de conocimiento y difusión de los derechos, por normas procesales injustificadamente complejas, y por barreras económicas”, explicó a Chequeado Guillermo Nicora, fiscal y miembro del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), que agregó que “no existen muchos cuerpos de abogados oficiales dedicados a las víctimas, ni programas estatales que se hagan cargo de los costos de la asesoría”.

César Mayer, abogado penalista y miembro de la organización de familiares de víctimas Usina de Justicia, señaló a este medio que el Código procesal aprobado a fines de 2014 “ampliaba la participación de las víctimas con respecto a la actualidad, que es casi nula”. El texto agregaba a las víctimas los derechos a “intervenir en el procedimiento penal”, “examinar documentos y actuaciones”, “a aportar información durante la investigación”, y “a ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal”.

El nuevo Código debía entrar en vigencia progresivamente desde el 1º de marzo de 2016, pero en diciembre último el presidente, Mauricio Macri, firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) por el cual el plazo quedó atado al “cronograma de implementación progresiva que establezca la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación”, por lo que en la práctica quedó suspendido sin fecha fija.

Massa presentó un proyecto de ley en el que se reconoce a las víctimas derechos como los de asesoramiento, asistencia y representación. El texto garantiza la posibilidad de contar con asistencia jurídica gratuita en determinados delitos como los homicidios o los delitos contra la propiedad en los que se usen armas de fuego, a las víctimas que sean desempleadas, no perciban “ingresos suficientes” o estén bajo asistencia social del Estado”, sean “jubilados o pensionados”, “trabajadores informales o subempleados”, “pueblos originarios”, o acrediten la necesidad.

“En la opinión pública no hay personas en contra de la incorporación de las víctimas, y se oponen algunos miembros de la corporación judicial (jueces y fiscales) que no son elásticos a las innovaciones, ya que esto modifica sus procesos”, sostuvo Mayer. “Es difícil encontrar aspectos negativos a una mayor participación de las víctimas. Es positivo que se integren, porque equilibra las fuerzas representadas. En general están representados solo el imputado (defensa) y el Estado (fiscales)”, coincidió Nicora.

Ambos especialistas señalaron que un aspecto importante a tener en cuenta se vincula con el presupuesto necesario para la implementación de este tipo de normas.

Al ser consultado sobre el tema, el diputado bonaerense del Frente Renovador y uno de los autores del proyecto, Ramiro Gutiérrez, respondió a Chequeado que por esto se detalla qué clase de víctimas van a acceder a la asesoría gratuita, que se piensan llevar adelante convenios con los colegios de abogados que ya tienen asistencias jurídicas gratuitas, que los centros se ubicarán primero en las zonas más conflictivas y luego se extenderán, y que se prevé que la autoridad realice “mecanismos de estudio para la factibilidad económica”.