Un chequeo al documento de la Conferencia Episcopal Argentina

La Asamble Plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina publicó la semana última un documento titulado “Felices los que trabajan por la paz”, donde se diagnostica a la Argentina como “enferma de violencia” y se repasan distintos “síntomas” supuestamente relacionados.

El texto generó controversia y la respuesta de distintas personalidades ligadas con el Gobierno, como José Ottavis, quien replicó que “la Argentina no está enferma. Sí vivimos una Argentina enferma de violencia en el ’55, en el ’76, en el ’89 y en el 2001”, en alusión al aval de la institución eclesiástica a los dos golpes de Estado.

Aquí, un repaso por algunos ejes del documento de la Iglesia.

– “Los hechos delictivos no solamente han aumentado en cantidad sino también en agresividad. Una violencia cada vez más feroz y despiadada provoca lesiones graves y llega en muchos casos al homicidio”.
INSOSTENIBLE

El texto episcopal no define el período de tiempo específico al que toma como base para hablar del aumento en los delitos. La Dirección Nacional de Política Criminal (DNPC), que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, no publica estadísticas criminales completas desde 2008, lo que impide ver la evolución desde entonces.

Si se comparan los números de ese año con los de 2003, la cantidad absoluta de delitos aumentó, pero cayó en términos relativos a la población. En la distribución de los casos, se incrementaron los delitos contra las personas y descendieron aquellos contra la propiedad. Los casos de homicidios, mencionados por la Iglesia, cayeron sin embargo tanto en su número total como en su tasa cada 100 mil habitantes.

Durante toda la década de los ‘90 los delitos crecieron años tras año, hasta alcanzar su pico en 2002. Desde entonces, la tendencia fue decreciente hasta 2007, con excepción de 2006. En 2008 se produjo el mayor incremento desde la crisis, precisamente el año previo a que se dejaran de publicar las estadísticas criminales completas a nivel nacional, pese a que así lo dispone la Ley 25.266 de Estadísticas Criminológicas.

En otros niveles de gobierno la situación no es homogénea. En la Provincia de Buenos Aires, el distrito que tiene la mayor incidencia en el total país, la información del Ministerio Público Fiscal muestra un descenso del 11% en la cantidad de los homicidios dolosos entre 2009 y 2012, y un aumento del 3% en los delitos denunciados (Investigaciones Penales Provisorias), aunque sin tener en cuenta el crecimiento de la población. En cambio, la ciudad de Rosario más que duplicó la cantidad de homicidios entre 2010 y 2013.

– “Estos delitos [de corrupción] habitualmente prescriben o su persecución penal es abandonada, garantizando y afianzando la impunidad”
VERDADERO

Es correcto que existe una baja tasa de condena para los delitos de corrupción. Uno de las causas señaladas es el extenso tiempo que toma el trámite de las causas, que muchas veces da lugar a la prescripción.

No existe en la Argentina información reunida sobre la totalidad de causas relacionadas con delitos económicos en general y de corrupción en particular. Sin embargo, hay aproximaciones al fenómeno por medio de informes que relevan distintos universos limitados de causas. Un relevamiento de 15 casos de corrupción y delincuencia económica que tuvieron repercusión pública durante 2013, con causas iniciadas entre 1990 y 2008, mostró que 14 se encontraban aún en trámite, y solo la restante poseía una sentencia definitiva.

El estudio, realizado por el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), marcó tres problemas que “reflejan a la perfección la impunidad de la criminalidad económica en nuestro sistema judicial: los tiempos y demoras; el perjuicio causado al Estado y la sociedad; y la falta de transparencia y de participación ciudadana”. En relación al primero de estos puntos, se señala que “resulta común ver las continuas prescripciones de las causas por delitos económicos”.

De acuerdo con el trabajo “Los procesos judiciales en materia de corrupción”, un 9,5% de las 21 causas analizadas finalizó con condenas. De ese total, “solo seis finalizaron, 3 por prescripción y 3 por sentencia (dos condenatorias y una absolutoria)”. El resto “sigue su curso”, ya que, como se señala, una causa “tarda un poco más de 10 años en ser llevada a juicio oral”. El informe es de 2012, y fue realizado en forma conjunta por el CIPCE, la Oficina de Coordinación y Seguimiento en materia de Delitos contra la Administración Pública (OCDAP), dependiente del Ministerio Público Fiscal, y por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

Agustín Carrara, director ejecutivo del CIPCE, mencionó que en los delitos económicos, incluido los llamados de corrupción, muy pocas veces se llega a condena e incluso en menor cantidad de oportunidades se recupera el dinero. “Hay muchas razones para que esto suceda, pero el principal obstáculo hasta ahora fue la falta de voluntad política de los encargados de investigar y perseguir los delitos: el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, y los organismos de control”, señaló a Chequeado.

“Las prescripciones son muy comunes, tanto cuando se superan los tiempos legales, vinculados con el máximo de las penas de cada caso, como cuando se declara la ‘violación del plazo razonable’, por una duración excesiva de la causa. Otras modalidades en que suelen terminar las causas son absoluciones, o sobreseimientos por motivos distintos a las prescripciones, por ejemplo, con la muerte del imputado. Todas estas formas son mucho más comunes de que termine una causa que una condena”, agregó.

Ezequiel Nino, codirector de ACIJ, había expresado en este chequeo que “la tasa de condena de este tipo de delitos es baja porque son complejos y, por lo tanto, más difíciles de investigar, y porque hay poca capacitación. Pero, a la vez, existen pocos incentivos de los funcionarios para investigar hechos de corrupción o que comprometan a los poderes económicos o políticos”.

“Durante esta última gestión del Ministerio Público Fiscal surgieron las fiscalías especializadas, entre otras, en delitos económicos. Pero todavía es muy pronto para ver los efectos sobre las condenas”, concluyó Carrara.

Sobre la falta de información, una de las recomendaciones al país de la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA, a través de su Mecanismo de Seguimiento de la Implementación (MESICIC) fue que el Poder Judicial elabore estadísticas sobre estas causas que “permita conocer cuántas de ellas se encuentran en curso, suspendidas, prescritas, archivadas sin que se haya podido adoptar una decisión sobre las mismas, listas para adoptar una decisión, o que ya han sido objeto de una decisión de fondo y el sentido absolutorio o condenatorio de dicha decisión”.