Vidal en IDEA: chequeos sobre homicidios, transparencia, reelecciones y policías

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, fue una de las expositoras en el Coloquio de IDEA, realizado la semana última en la ciudad de Mar del Plata. Allí hizo un repaso de su gestión y destacó algunos de los logros de sus cuatro años de Gobierno. A continuación, un chequeo a algunas de las frases:

”Bajamos en 4 años un 36% la tasa de homicidios, en relación a 2015”

EXAGERADO

De acuerdo con datos del Ministerio de Seguridad de la Nación, en 2018 en la Provincia de Buenos Aires se registraron 992 homicidios dolosos (con intención). Se trata del último disponible, ya que aún no existen estadísticas públicas sobre homicidios de 2019. El número es idéntico al de 2017 y da como resultado una tasa de 5,8 homicidios cada 100 mil habitantes.

En 2015, el último año de gobierno de Daniel Scioli en la Provincia, se habían registrado 1.240 asesinatos, es decir, una tasa de 7,4 homicidios dolosos. Esto significa una baja del 21,6% en la tasa de homicidios entre 2015 y 2018, una cifra menor a la mencionada por Vidal.

Existen, además, las estadísticas del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires. Esta fuente indica que la tasa de homicidios dolosos pasó de 7,98 en 2015 a 5,95 en 2018, lo que supone una baja del 25% en el período.

El porcentaje mencionado por Vidal coincide con la baja ocurrida en la Provincia de Buenos Aires desde 2014 y no desde 2015, cuando llegó Cambiemos al poder. Entre 2014 y 2018 los homicidios efectivamente cayeron un 36,2%. Pero el último año de la gestión de Scioli fue 2015. Esta manera de calcular fue utilizada hace poco por el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, para referirse a los asesinatos en la Provincia, y por el presidente, Mauricio Macri, y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, para referirse a los homicidios dolosos en todo el país.

El Observatorio de Políticas de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, que depende de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), señaló ante la publicación de los últimos datos que la tendencia para el período 2009-2018 es “descendente”. Y agregó: “De los diez años examinados, sólo en 2 creció la cantidad de homicidios dolosos”.

”Cualquier persona, por rango más bajo que sea que maneje recursos públicos […], tienen la obligación legal de presentar su declaración jurada de bienes una vez por año públicamente”

VERDADERO

En febrero de 2016, la Gobernadora dictó un decreto en el que aprobó un nuevo régimen de declaraciones juradas patrimoniales. Hasta ese momento, no existía en la Provincia una norma que obligara a los funcionarios a hacer públicas sus declaraciones juradas.

El Decreto 116/16 estableció la obligatoriedad de presentación de declaraciones juradas para el gobernador y vicegobernador, ministros, secretarios, directores, personal de gabinete y secretarios privados y directores de empresas estatales, entre otros.

Pero una de los cambios más importantes fue que dispuso la inclusión de integrantes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en esa obligación. El decreto sostiene que el personal de la Policía y del Servicio Penitenciario Bonaerense con categoría igual o superior a subcomisario, o personal de categoría inferior pero a cargo de una comisaría, están obligados a presentar declaraciones juradas que deben ser públicas.

Además, en línea con lo dicho por Vidal, el decreto incluyó expresamente al “personal que intervenga en el manejo de fondos públicos, administre patrimonio público, integre comisiones de adjudicaciones, compra y recepción de bienes y/o servicios, participe en licitaciones y concursos; y jefes de personal o recursos humanos”.

A fines de 2017, la Legislatura bonaerense aprobó por ley el nuevo régimen de transparencia que antes estaba vigente por decreto. A diferencia del decreto de 2016, la ley amplió la cantidad de sujetos obligados e incluyó, entre otros, a los senadores y diputados provinciales.

”En la Provincia de Buenos Aires, después de estos 4 años, ningún cargo puede ser electo indefinidamente”

VERDADERO

En agosto de 2016 la Legislatura bonaerense aprobó una norma que puso fin a las reelecciones sin límites de los intendentes y todos los cargos electivos de la Provincia. Se estableció que sólo existe la posibilidad de una reelección consecutiva, es decir, un máximo de ocho años.

El proyecto fue enviado a la Legislatura por el Poder Ejecutivo provincial, a cargo de Vidal. Hasta ese momento, la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia establecía: “El Intendente y los Concejales serán elegidos directamente por el pueblo, durarán 4 años en sus funciones y podrán ser reelectos”. Con la sanción de la nueva ley, el artículo quedó redactado de la siguiente manera: “El Intendente y los Concejales serán elegidos directamente por el pueblo, durarán en sus funciones el término de 4 años y podrán ser reelectos por un nuevo período. Si han sido reelectos no podrán ser elegidos en el mismo cargo, sino con intervalo de un período”.

También se estableció el mismo límite para los consejeros escolares, que son electos por el pueblo en la misma boleta que los intendentes y concejales, y para los diputados y senadores provinciales.

La nueva ley estableció que el actual período de gestión de los intendentes, legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares debe ser contabilizado como el primero. Es por eso que los intendentes que están ejerciendo actualmente pudieron presentarse a la reelección en las elecciones de este año. Pero en caso de ser reelectos, no podrán hacerlo nuevamente en 2023.

Hasta 2016, los cargos de Gobernador y Vicegobernador eran los únicos que se elegían por el voto popular y que tenían límites a los mandatos. La Constitución provincial establece que el Gobernador y el vice “pueden ser reelectos o sucederse recíprocamente, por un nuevo período. Si han sido reelectos o se han sucedido recíprocamente, no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos, sino con intervalo de un período”.

La antigua norma permitió que muchos jefes municipales extiendan su mandato a lo largo de tiempo. En la actualidad existen algunos ejemplos: el intendente de Ezeiza, el peronista Alejandro Granados, gobierna desde 1995, año en el que se creó ese municipio. Ese año también se creó Ituzaingó y desde entonces su intendente es el peronista Alberto Descalzo. En San isidro gobierna desde 1999 el radical Gustavo Posse, y en los 16 años anteriores (1983-1999) gobernó su padre, Melchor Posse.

“13 mil policías vinculados a delitos hoy no forman más parte de la fuerza”

ENGAÑOSO

La Gobernadora destacó que “lo estructural fue poner una auditoría civil sobre la policía y que 13,000 policías vinculados a delitos hoy no formen más parte de la fuerza”. Según datos que aportó a Chequeado la Auditoría de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense en julio último, durante el gobierno de Vidal se apartó a 12.955 policías. Esto implica que fueron suspendidos mientras se los investigaba, pero no que no formen más parte de la fuerza.

Según la legislación provincial, existen los apercibimientos (sólo un llamado de atención), las suspensiones (con una duración máxima de 60 días), las cesantías y las exoneraciones. Estas dos últimas implican el apartamiento definitivo del policía de la fuerza. Según datos oficiales del Ministerio de Seguridad provincial, entre diciembre de 2015 y julio de 2019 (última actualización) fueron cesanteados y exonerados cerca de 1.900 policías. Casi la mitad (832) están clasificados como “Corrupción”, como motivo de la exoneración o cesantía.

“Lo que se entiende por apartado no tiene que ver con la sanción, sino con el estado que reviste el policía, que puede encontrarse activo, en disponibilidad, retirado, convocado o desafectado (apartado de manera temporal)”, señaló en este chequeo María Eugenia Carrasco, consultora en seguridad ciudadana y docente de la Universidad Nacional del Sur (UNS). “Que sea desafectado no significa que no vuelva a revestir la calidad de activo. Queda a la espera del resultado de la causa o sumario”, agregó Carrasco.