Necesita contexto la noticia sobre el “ataque de agentes armados de la administración Biden” hacia un productor de alimentos amish

Circula en Facebook un video de un noticiero de la cadena de televisión Fox News en donde su presentador, Tucker Carlson, asegura: “Agentes armados de la administración [Joe] Biden han decidido atacar a los amish (…). Los federales dicen que Amos [Miller] no está haciendo caso a los requisitos regulatorios para producción de alimentos: ‘No hay suficientes químicos anti endocrinos. No estás usando esos alimentos genéticamente modificados’. Agentes federales irrumpieron en su granja y están demandando que deje de trabajar. También le pusieron multas por más de 300.000 dólares”. 

Sin embargo, estas afirmaciones necesitan contexto. Si bien el granjero amish (comunidades que viven bajo sus propias reglas religiosas y con un modo de sustento alejado de lo industrial) fue demandado y multado, no fue una investigación exclusiva de la gestión del actual presidente estadounidense, Joe Biden (Partido Demócrata) sino que los reportes sobre irregularidades sanitarias en su producción alimenticia existen desde 2016.

Una investigación del sitio de fact-checking AFP, que también verificó esta desinformación, encontró que Amos Miller está involucrado en 2 investigaciones del gobierno federal de Estados Unidos. 

La primera corresponde al año 2016, durante el gobierno del demócrata Barack Obama (2009-2017), cuando se reportaron 2 casos provenientes de un brote de listeria que, según los análisis de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), se originaron en un lote de producción de leche sin pasteurizar de su granja. Las 2 personas infectadas, una en California y otra en Florida, fueron hospitalizadas y una de ellas falleció. Esta investigación fue cerrada. 

La segunda investigación contra Miller comenzó en noviembre de 2019, durante el gobierno del republicano Donald Trump (2017-2021), cuando agentes del Servicio de Inspección de Seguridad Alimentaria (FSIS, por sus siglas en inglés), dependiente del Departamento de Agricultura (USDA), encontraron cerca de 900 kilos de carne de res recientemente faenada y sin procesamiento en la granja. 

Previamente, la Corte del Distrito Este de Pensilvania dictó un mandato ordenando que Miller dejara de comercializar productos que no contaban con inspecciones de la autoridad sanitaria federal, requisito indispensable para la producción y comercialización de carne a escala interestatal. 

De acuerdo con un registro de noviembre de 2019 de una Corte de Pensilvania, el productor habría manejado un modelo de negocio que funcionaba con base en membresías privadas a escala interestatal. En su página web, Miller detalla que hace envíos a través de lo que llama “clubes de comida” a 11 estados bajo un modelo de suscripción. 

En abril de 2020, el granjero firmó un acuerdo con la Corte del Distrito Este de Pensilvania en el que reconoció haber obstruido inspecciones del Departamento de Agricultura a sus procesos de producción y comercialización cárnica. 

En junio de 2021 un documento judicial aseguraba que “Miller ha estado operando su negocio de carne y aves de corral sin un visto bueno federal de inspección de USDA-FSIS y, con raras excepciones, sin llevar su ganado y aves de corral para su sacrificio y procesamiento a ninguna instalación inspeccionada por el gobierno federal”, por lo que se le prohibió sacrificar animales y procesarlos para su venta.

Pero en agosto de 2022 la Fiscalía aseguró que los acuerdos habían sido incumplidos. Por este motivo la multa que Miller debía pagar, y que inicialmente era de aproximadamente 100,000 dólares, pasó a ser de más de 300,000 dólares. Además, el Departamento de Justicia busca que se aplique una sentencia de prisión en contra del productor. Para eso está programada una audiencia para el 23 de septiembre de 2022.

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