Aumentaron los crímenes de odio contra la comunidad LGBTT

El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra la comunidad Lésbica, Gay, Bisexual y Travesti, y Transexual (LGBTT) -que depende de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, la Defensoría del Pueblo de la Nación y la Federación Argentina LGBT-, publicó su informe anual con los datos de aquellos cometidos durante 2017. A diferencia del año anterior, las denuncias aumentaron: de 31 casos se pasó a 103. El 13% de los casos fueron homicidios y el 67% restantes, golpes y abusos sexuales.

Según el organismo, se consideran crímenes de odio a los “actos voluntarios y conscientes, realizado con saña (…), cuya intención es causar daños graves o muerte a la víctima, y están basados en el rechazo, desprecio, odio y la discriminación hacia un colectivo de personas históricamente vulneradas”. A partir de esa definición, el Observatorio recopiló datos de casos con estas características ocurridos en todo el país.

Las cifras muestran que el sector de la comunidad LGBTT más violentado fue la población trans, ya que fueron víctimas del 58% de los casos denunciados. En segundo lugar se encuentran los varones gays, que representan un 30%, y con un 9% ocupan el tercer lugar las agresiones contra las mujeres lesbianas. En comparación con las cifras publicadas el año último, la comunidad más violentada sigue siendo la población trans, pero en segundo lugar estaban las mujeres lesbianas y en tercer lugar, los varones gays.

El informe determinó que durante 2017 las agresiones físicas que no terminaron en muerte aumentaron 500%, ya que en 2016 apenas se denunciaron 13 casos, mientras que en 2017 las denuncias subieron a 90. En relación a los homicidios, durante el año pasado se registraron 13 asesinatos contra personas de la comunidad LGBTT: 12 de las personas fallecidas eran trans y la persona restante fue un varón gay.

María Rachid, titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo, explicó a Chequeado que las denuncias aumentaron ya que “el observatorio y las herramientas generadas por las organizaciones adquirieron mayor difusión y visibilidad y eso genera que las personas se acerquen más a denunciar”. También consideró que para poder prevenir y disminuir los casos “hay que impulsar la nueva ley antidiscriminatoria que ya tuvo media sanción y dictamen de mayoría, pero perdió estado parlamentario”, debido a que el proyecto se aprobó en Diputados en 2010 pero no logró los votos en el Senado.

Según un informe del Ministerio Público de la Defensa, para 2017 la esperanza de vida para las personas travestis y transexuales era de 32 años promedio. Josefina Fernández, antropóloga especializada en género y encargada del Programa de Género del Ministerio Público de la Defensa, explicó a este medio que esto se debe a que “son expulsadas de sus hogares a una edad muy temprana, obligadas a abandonar la escolaridad y a trabajar en prostitución desde niñas, sin posibilidades de inserción en el mercado de trabajo y en contextos habitacionales precarios”. Y, además, agregó: “Son sometidas a condiciones sociales, económicas y también simbólicas que acortan sin duda su promedio de vida”.

Los datos indican que la población trans es la más vulnerable dentro del colectivo LGBT, por eso vale la pena mencionar que el informe del Observatorio se publicó al mismo tiempo que se inició el primer juicio oral bajo la figura de “travesticidio”. La causa es por el asesinato de la activista trans Diana Sacayán, que fue apuñalada en su departamento en octubre de 2015.

Finalmente, el informe señala dos tipos de autores de los crímenes: por un lado los miembros de las fuerzas de seguridad, autores del 21% de los crímenes; y, por el otro, civiles, que suman el 79% restante. Dentro de los civiles, el 67% atacó a personas que no conocía y un 30% a personas que sí (pareja, expareja o familiar).